Una trama entre despachos, comisionistas y chalés: el ‘caso Koldo’ toma forma en el Supremo

Si el caso Koldo se lleva algún día a la pequeña o la gran pantalla, será raro que eluda algunas escenas construidas a partir de los testimonios escuchados en la segunda semana del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. El empresario Víctor de Aldama, comisionista profesional, entrando en el Ministerio de Transportes a todas horas, con estacionamiento reservado y acceso sin preguntar a la zona restringida del ministro. El asesor ministerial Koldo García, controlándolo todo desde sus dos metros de altura, siempre al quite para colocar las mascarillas de Soluciones de Gestión en cuanto olía la necesidad de una administración de adquirir material de protección. Su expareja, Patricia Uriz, llevando la ropa de José Luis Ábalos a la tintorería, acudiendo a la sede del PSOE a recoger los reembolsos de gastos en efectivo o firmando el alquiler de una casa para que la disfrutaran el ministro y su familia.

Algunas de las declaraciones escuchadas en los últimos días han reforzado las tesis de las acusaciones, mientras que las defensas han intentado contrarrestar haciendo ver que ni el ministro ni su entonces asesor presionaron para que se compraran las mascarillas de Soluciones de Gestión, sino que se contrató la oferta de esta empresa por su disponibilidad y solvencia para administrar mascarillas cuando este material más escaseaba.

Estas son algunas de las conclusiones clave de las dos primeras semanas de juicio.

Aldama, con voz y mando en Transportes. El punto de partida de Anticorrupción para sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo García y Aldama es que los tres se concertaron para aprovechar la información previa y privilegiada sobre la necesidad que tenía el Ministerio de Transportes de adquirir mascarillas al inicio de la pandemia de la covid-19. En esta tesis se asientan, entre otros, los delitos de organización criminal por los que la Fiscalía pide siete años de cárcel para Ábalos, seis para Koldo y cuatro para Aldama, así como el de uso de información privilegiada (dos años para el exministro y uno y medio para su antiguo asesor) y aprovechamiento de información privilegiada (multa de 3.713.981 euros para Aldama).

La tesis de la acusación ha recibido un espaldarazo esta semana con la declaración de antiguos altos cargos de Transportes que recalcaron el acceso directo y constante del empresario a la zona más restringida del ministerio e incluso, uno de ellos, declaró que Aldama participó de forma activa y, aparentemente con poder de decisión, en el equipo de Transportes que acordó contratar con su empresa la compra de mascarillas. El exsecretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, llegó a alegar a preguntas del jefe de Anticorrupción que pidió el aval del comisionista para tramitar el contrato porque pensaba que pertenecía “a la parte ministerial” de la organización logística de la compra. Minutos después de preguntarle y de que Aldama dijera que había que duplicar el número de mascarillas que se adquirían, Ábalos firmó una nueva orden que las elevaba de cuatro a ocho millones. Anticorrupción considera que este cambio se hizo “por imposición” del empresario y “contando con la aprobación” de Ábalos y Koldo García, “con el compartido propósito de todos ellos de incrementar sus beneficios”.

Koldo García, comercial de la empresa de Aldama. Al asesor del ministro le acusa Anticorrupción de ser el “hilo conductor” de la red corrupta. Y a eso apuntan, al menos, algunos testimonios escuchados en las dos primeras semanas de juicio. Mientras Ábalos, supuestamente, permanecía en un segundo plano y activaba su autoridad en los momentos claves, Koldo removía Roma con Santiago para propiciar el negocio de los empresarios de la trama, que, según los investigadores, era también el suyo y el de su jefe. En el caso de las mascarillas, esto se traducía en que el asesor del ministro ejerció como una especie de agente comercial de Soluciones de Gestión y que se aprovechó de su influencia y sus contactos para colocar la mercancía de esta empresa allí donde surgía la necesidad de comprar mascarillas.

Aunque todos los antiguos altos cargos de Transportes, Puertos del Estado y Adif que han declarado en el Supremo han asegurado que nunca recibieron presiones para contratar con la empresa a la que estaba asociado Aldama, algunos sí han explicado que Koldo García les hizo llegar la oferta de esta compañía en cuanto se tomó la decisión de adquirir mascarillas para proteger a los empleados en los peores días de la covid-19. Uno de los testigos, quien fuera subsecretario general de Transportes, Manuel Jesús Gómez, señaló al asistente de Ábalos no solo como la persona que le hizo llegar la oferta de Soluciones de Gestión, sino que, cuando ya estaba sobre la mesa la orden ministerial para comprarle cuatro millones de mascarillas, le advirtió: “La empresa dice que ocho millones o nada”. Y así se hizo. La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, también dijo que fue García quien le dio el contacto de esa compañía, mientras que quien fuera jefe de gabinete del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que el asesor de Ábalos habló con él en dos ocasiones para recomendarle un proveedor de material sanitario, aunque nunca se cerró esa compra porque Sanidad solo adquiría mascarillas a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

La exmujer del asesor, contable y recadera: Patricia Uriz ha sido uno de los testimonios más relevantes de esta segunda semana de juicio. Los investigadores la señalan como custodia, junto al exasesor ministerial, del dinero en efectivo que manejaba la presunta trama. “Tengo una pequeña alegría para el día de las elecciones”, le escribió su entonces pareja en alusión a las generales del 28 de abril de 2019. “¿Pase lo que pase?”, quiso saber ella. “Sí. 2.000 txistorras”, contestó él. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que era un lenguaje en clave y que hablaban de 1 millón de euros en billetes de 500. Uriz negó la mayor, esgrimiendo uno de los principales argumentos de la defensa: que no da credibilidad a esos mensajes porque no le han permitido verificarlos. “No me reconozco, no es mi manera de expresarme”, dijo.

También tuvo que dar explicaciones por las contabilidades “A” y “B” que llevaba para “Jose”. Ella lo achacó a que llevaba las cuentas de lo que Ábalos y Koldo gastaban como parte de su trabajo para Transportes y para el PSOE. El Ministerio y el partido se lo reembolsaban después, siempre que hubiera tiques, aseguró. La pareja también adelantaba gastos cotidianos del ministro (tabaco, tintorería, regalos a “amigas”...), que, según Uriz, aún les debe dinero.

Este movimiento de dinero, sobre todo en efectivo, es clave porque los investigadores apuntan a que en realidad eran los cobros que Ábalos y García recibían a cambio de sus favores políticos. Estos fondos en metálico y las casas que distintos empresarios habrían pagado para el exdirigente socialista —ya fuera el alquiler del piso donde vivía su novia del momento, ya fueran chalés para las vacaciones familiares— son los indicios más claros que constan en la causa de la posible existencia de sobornos, ya que, aunque los investigadores sospechan que hay una bolsa de dinero oculto, no la han encontrado.

El caso hidrocarburos sobrevuela el juicio. Los empresarios son otra pieza esencial de la supuesta trama. Venían de la mano de Aldama —de ahí que se le considere el presunto conseguidor—con intereses variopintos. Este juicio se centra en los contratos públicos para comprar mascarillas, pero algunos de estos hombres de negocios también habrían llamado a las puertas de Ábalos y García para conseguir licencias de hidrocarburos. Según las pesquisas, es el caso de Claudio Rivas, que se negó a testificar en la vista porque está imputado por esa otra trama en la Audiencia Nacional. Pero otro empresario, Manuel Sallés, contó que iba alardeando de que tenía al exministro comiendo de la palma de su mano. A él, que tenía buena relación con Ábalos y García, le pareció “injusto” y les avisó con un email donde se hablaba de una de esas casas. Para los investigadores, ese correo electrónico constituye otro indicio de que los sobornos existieron. En este caso, se trataría del chalé de la costa gaditana que Have Got Time —una empresa de Rivas— compró y ofreció a Ábalos a cambio de la ansiada licencia. “El ministro quería una casa”, atestiguaron dos presuntas testaferros del empresario.

El juicio continuará este martes.