La expareja de Koldo asegura que el PSOE era “muy rígido” al abonar los gastos y afirma no reconocer los mensajes de las “chistorras”

El Salón de Plenos del Tribunal Supremo opera durante el juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama como si fuera una cancha de tenis. El lugar central, el de la red, lo ocupa el testigo; a un lado de estos se sitúan las defensas y los acusados; al otro, las acusaciones. Los siete magistrados del tribunal se ubican enfrente de los comparecientes, entre los dos lados de la cancha, como el juez de pista. Y desde ahí van siguiendo la sesión, interviniendo lo menos posible. Cuando el interrogatorio coge ritmo o las defensas y las acusaciones se enzarzan en una discusión, algunos jueces, como el expresidente de la Sala Penal Manuel Marchena, mueven la cabeza de lado a lado como intentando seguir la bola. En la cuarta sesión del juicio, celebrada este lunes, ha habido mucho de eso.

El Supremo ha vivido una sesión muy correosa con rifirrafes constantes entre las acusaciones y las defensas que han obligado a intervenir más que ningún día a Andrés Martínez Arrieta, el presidente del tribunal y juez de pista. Entre debate y debate, la exmujer de Koldo García, Patricia Uriz, que está imputada en la parte de la causa que instruye la Audiencia Nacional, ha intentado justificar el dinero en efectivo que la Guardia Civil encontró en su casa y se ha negado a reconocer como suyos los mensajes intervenidos entre ella y su entonces esposo en los que hablaban de “chistorras”, “soles” y “lechugas”, términos que los investigadores consideran que usaban en clave para referirse a billetes de distinto valor.

Uriz está imputada en la parte del caso que se instruye en la Audiencia Nacional y solo ha aceptado contestar a las preguntas de su abogada, Leticia de la Hoz, la misma que asiste a Koldo García en el juicio. Este interrogatorio pactado entre defensa y testigo ha sido una de las fuentes de diferencias entre las partes que han crispado la sesión, unido a frecuentes intervenciones del presidente de la Sala, que mostraba dudas sobre la pertinencia de preguntas de De la Hoz sobre el patrimonio de Uriz. “¿A quién está defendiendo aquí, a Koldo o a Patricia?”, ha inquirido Arrieta en una ocasión. “Es que la UCO dice que hay confusión en el patrimonio de Koldo García con el de doña Patricia”, ha alegado la letrada, que pretendía demostrar que el incremento patrimonial que atribuye la Guardia Civil no es tal, porque muchos de sus bienes eran previos al periodo que se investiga y otros son el patrimonio normal de una pareja que ingresaba al año más de 125.000 euros.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que Uriz y Koldo García custodiaban el dinero de las mordidas que ingresaron ellos y Ábalos procedente de los empresarios de la trama. Los agentes vinculan esos fondos a alrededor de 24.000 euros en efectivo. Encontraron este dinero en un armero en casa del matrimonio y también interceptaron conversaciones sobre el trasvase de fondos entre ellos y el entonces ministro en los teléfonos de García. Uriz ha negado que gestionara dinero de procedencia irregular. De los 24.000 euros en efectivo hallados en el armero, ha asegurado, 13.000 eran suyos, ahorrados durante años, y 11.000 de fondos que tenía la pareja para necesidades inesperadas. “Para reparaciones y otras cosas”, ha explicado.

El resto de efectivo que manejaron cuando Koldo García era asesor de quien entonces era ministro y secretario de Organización del PSOE provenía, sobre todo, según Uriz, de reembolso de gastos del PSOE. La mujer, que trabajó en la secretaría del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, ha explicado que García reclamaba gastos al PSOE y al Ministerio de Transportes, por lo que trabajaba con dos sobres: uno para guardar las facturas de los gastos del partido y otro para los del ministerio. “Koldo daba los tíckets a la secretaría del Ministerio y para Ferraz hacía una hoja Excel y se la pasaba al partido. Los gastos personales de Ábalos que pagábamos se los daba yo a Koldo y él los gestionaba con Ábalos”, ha relatado, antes de explicar que Transportes solía reembolsar los gastos por transferencia, salvo alguna excepción, mientras que Ferraz siempre pagaba en efectivo, pero previa presentación del tícket. “Koldo una vez perdió un tícket y se quedó sin cobrarlo. Ferraz era muy rígido”, ha contado Uriz.

La exmujer de Koldo García ha explicado que ella iba a veces a Ferraz a recoger los sobres con el reembolso de gastos, pero se los daba a Koldo y no sabía el dinero que había dentro y correspondía al montante total de las facturas presentadas. Algunas veces, ingresaban el dinero en sus cuentas a través de un cajero para no tener tanto en casa, ha asegurado la testigo, quien ha atribuido a adelantos de gastos cotidianos del exministro los mensajes del sumario que apuntan a que ella y su entonces marido gestionaban dinero de Ábalos de supuesto origen irregular. “Yo iba a comprar el tabaco, le llevaba la ropa a la tintorería, billetes de tren que compraba para la familia, cosas de Amazon, libros... los adelantaba yo”, ha asegurado Uriz, que ha admitido que compró algún regalo de parte del exdirigente socialista para la que entonces era su pareja, Jésica Rodríguez, o pagó la pensión alimenticia de uno de los hijos de Ábalos porque la entonces esposa del ministro no quería que atendiera las necesidades de vástagos que no eran de ella.

Había expectativa por escuchar las explicaciones de Uriz sobre los mensajes incorporados a la causa en los que el antiguo asesor de Ábalos y su entonces pareja hablaban de cuentas “a” y “b” o se referían a entregas de “chistorras” o “lechugas”. Su abogada no le ha preguntado por ello, pero, al acabar el interrogatorio, Alberto Durán, letrado de la acusación popular, que dirige el PP, ha pedido al presidente que se lo preguntara él. “Yo no recuerdo esos Whatsapp. Si hubiera podido acceder a los dispositivos, podría decir algo”, ha alegado la testigo, instruida en la reclamación insistente que viene formulando su abogada al Supremo para que le entreguen los dispositivos que le intervinieron a los acusados el día que les detuvieron y registraron sus casas.