El juicio a Ábalos se adentra en los contratos de las mascarillas

El Tribunal Supremo retoma este lunes el juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama con una nueva ronda de testimonios en los que el foco pasará de los enchufes a mujeres vinculadas al exministro de Transportes que acapararon la atención los primeros días del juicio a las supuestas irregularidades en los contratos de compra de mascarillas. Fueron esas adjudicaciones las que destaparon la investigación que derivó en el caso Koldo, que dos años después se ha convertido ya en una macrocausa con cuatro piezas divididas entre el Supremo y la Audiencia Nacional y que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez. El Tribunal ha previsto para esta semana tres sesiones ―lunes martes y miércoles― en las que, además de testimonios clave para esas compras de material sanitario, como el de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, se podrá escuchar el de algunos de los socios de Aldama, entre ellos Claudio Rivas, el empresario que se alió con el comisionista para conseguir una licencia de operador de hidrocarburos y que, supuestamente, pagó el alquiler de al menos dos casas para agasajar al ministro.

El juicio entrará de lleno en el eje central del caso: el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicar a Soluciones de Gestión, empresa representada por Aldama, los contratos públicos del Ministerio de Transportes para comprar mascarillas en plena pandemia. En concreto, se analizan dos contratos: uno que otorgó Puertos del Estado para adquirir 8 millones de mascarillas por 24 millones de euros y otro de Adif para hacerse con 5 millones de unidades por 12 millones de euros.

Entre otros responsables de la época, testificará el exsubsecretario Jesús Manuel Gómez. En su día, Ábalos ya descargó en él la responsabilidad de las decisiones adoptadas sobre estos contratos, asegurando que lo fio todo al criterio de los técnicos, encabezados por Gómez. En la misma línea testificó la semana pasada la secretaria general técnica, Angélica Martínez Ortega. Según ella, aunque redactó las dos órdenes ministeriales que permitieron dichos contratos, no formó parte de la toma de decisiones sobre quién contrataba, con quién, en qué cuantía y a qué precio. “Las órdenes me venían dadas”, dijo. Concretamente, de Gómez.

También está prevista la declaración de Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif cuando se produjeron los hechos y que está imputada en la Audiencia Nacional por la “contratación irregular” de Jésica Rodríguez ―expareja de Ábalos― y por los supuestos amaños de obra pública a cambio de mordidas. No consta investigada por la trama de mascarillas, pero la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la ha señalado ya en un informe sobre el caso. Se espera que dé explicaciones sobre cómo se fraguó el contrato con Soluciones de Gestión, algo sobre lo que también arrojarán luz otros directivos de Adif tanto del momento como actuales, entre los que destacan Michaux Miranda, exjefe de personal al que la UCO perfila como enlace de Adif con la trama Koldo; y el actual presidente de la compañía, Luis Pedro Marco de la Peña.

Por los contratos de mascarillas, también responderán Francisco Toledo Lobo y Álvaro Sánchez Manzanares, expresidente y ex secretario general de Puertos del Estado, respectivamente. Otro ex alto cargo llamado a testificar esta semana es el ex director general de Carreteras Javier Herrero. Está investigado en la Audiencia Nacional como pieza clave de la supuesta trama de obra pública, ya que algunas de las obras bajo sospecha dependían del organismo que dirigía. La UCO le vincula con supuestas irregularidades en la adjudicación de proyectos en Andalucía, Asturias, Valencia o La Rioja. “Bingo!!! En Logroño”, escribió por WhatsApp a Koldo García en abril de 2019.

Socios de Aldama y la mujer de Koldo

Más allá de los testimonios vinculados a las mascarillas, esta semana están citados algunos socios de Aldama supuestamente vinculados a la trama. Ente ellos Claudio Rivas, cuya comparecencia, prevista este lunes, servirá para confrontar su versión con algunas de los escuchadas la semana pasada, como las de las empresarias Carmen Pano y su hija, Leonor González Pano. Los investigadores las consideran las testaferros de Rivas y ambas lo señalan a él como la persona que les dio la orden de comprar una casa en la Línea de la Concepción (Cádiz) para que la disfrutaran el ministro y su familia. Pano también aseguró la semana pasada que, en octubre de 2020, llevó 90.000 euros a la sede de Ferraz por orden de Aldama y que ese dinero lo había entregado Rivas, unos hechos que los dos empresarios han negado hasta ahora. Aunque este episodio no se juzga en el Supremo, acaparó gran parte de la sesión del pasado jueves y es probable que vuelva a hacerlo este lunes.

Rivas está procesado por un fraude vinculado al sector de los hidrocarburos en la Audiencia Nacional e imputado por otro, por lo que acudirá acompañado de su abogado y puede acogerse a su derecho a no declarar. También están citados este lunes otros dos socios de Aldama, Manuel Sallés, también imputado por los hidrocarburos en la Audiencia Nacional al que se relaciona con algunas de las supuestas mordidas percibidas por Ábalos y Koldo García; y Javier Serrano, miembro del conocido como grupo de Los Cuatro Mosqueteros, en referencia a un chat de WhatsApp del que formaban parte Aldama y otros tres empresarios. Serrano fue quien dio en dos ocasiones la orden a una de sus trabajadoras en República Dominicana de entregar 10.000 euros en metálico al hermano de Koldo García, según testificó la semana pasada la empleada Aránzazu Granell.

Otro testimonio de especial interés será el de Patricia Uriz, exmujer de Koldo García, imputada en la Audiencia Nacional. Uriz figuraba como única titular de gran parte de los bienes que, supuestamente, fueron adquiridos con los ingresos de él. Los investigadores le atribuyen también un papel clave en la gestión no solo de los fondos de origen supuestamente ilegal de su entonces marido sino también en los de Ábalos. En conversaciones de ambos hay referencias incluso a una contabilidad A y una B de los gastos del entonces ministro. Así, el 1 de febrero de 2021, García le comentó a su entonces esposa: “Apunta 800 jefe cuenta A”. Unos días antes, el 28 de enero, le había pedido que apuntara 1.800 como “Jefe b”. En el móvil de la mujer se han hallado también notas con referencias a “Jose A” o “Jose B”.