Guía rápida del ‘caso Koldo’: los personajes, las tramas y un desenlace en diferido

El caso Koldo ha migrado casi por completo a la Audiencia Nacional, donde comenzó. Por aquel entonces, febrero de 2024, la lupa estaba puesta en Koldo García, hombre de confianza de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, y en los supuestos amaños para comprar mascarillas en plena pandemia a cambio de mordidas. En dos años la causa se ha multiplicado y complicado.

Cuando el foco se trasladó a Ábalos, las pesquisas se partieron y el Supremo asumió la investigación al exdirigente socialista por su condición de diputado nacional y, por tanto, aforado. La entrada en escena, en junio de 2025, de su sucesor en la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán ―en ese momento diputado― abrió una nueva línea de investigación sobre adjudicación ilegal de obras públicas. Aunque Cerdán renunció rápidamente al escaño, el alto tribunal retuvo la competencia al señalarle como cabecilla de una organización criminal, de la que también formaban parte, supuestamente, Ábalos y su exasesor. Tras meses de dudas, consultas discretas y hasta tres abogados, finalmente el exministro renunció a su asiento en el Congreso el pasado 28 de enero.

Este giro de guion enredó aún más la causa. Ahora, el Supremo juzgará la trama de mascarillas estrechamente vinculada a Ábalos, con él, García y Víctor de Aldama ―presunto conseguidor― como acusados. Lo demás ―el supuesto cobro de comisiones a cambio de obras―, se ha sumado a la madeja del caso Koldo en la Audiencia Nacional. Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS indican que la causa se ordenará en varias líneas de investigación, que se espera que avancen a ritmos dispares, pero con una dilación generalizada de los plazos. Y es que, mientras en el Supremo las instrucciones no suelen alargarse más de un año, la Audiencia Nacional es conocida por eternizarlas.

Primer juicio, en el Supremo. El magistrado Leopoldo Puente, instructor desde noviembre de 2024 de los supuestos amaños de contratos durante la etapa Ábalos en el Ministerio de Transportes, dividió la causa en dos en septiembre del año pasado. Con esa decisión, Puente pretendía que la investigación sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas que la Guardia Civil destapó antes del verano no lastrara la instrucción, que ya tenía entonces muy avanzada, centrada en los contratos de compra de mascarillas que dieron origen al caso. Pasados apenas cinco meses, ese paso que dio el juez ha permitido que el Supremo se prepare ya para celebrar el primer juicio contra Ábalos, Koldo García y Aldama. Sin embargo, en la audiencia previa a ese juicio, la defensa del exasesor pidió que esa rama del caso mascarillas pase también a la Audiencia Nacional, reclamando que sea el Tribunal de Justicia de la UE quien aclare dónde debe acabar. Se espera que el Supremo responda en las próximas semanas. Si opta por acudir a la corte comunitaria, el caso quedará paralizado hasta que Luxemburgo falle.

Al exministro y quien fuera su asistente se les atribuyen siete delitos ―organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, uso de información privilegiada, prevaricación y malversación― por los que afrontan peticiones de condena de hasta 30 años de cárcel. Ambos están acusados de cobrar contraprestaciones en efectivo o en especie a cambio de favorecer que el empresario tuviera “información previa y privilegiada” sobre las necesidades derivadas de la pandemia de covid-19, lo que le permitió “articular una oferta” para “asegurar la perfección del contrato”. De este modo, una mercantil vinculada a Aldama, Soluciones de Gestión, se hizo con los contratos de Puertos del Estado (8 millones de mascarillas) y de ADIF (5 millones) tras una orden que firmó Ábalos en marzo de 2020.

El juez considera que también hay indicios claros sobre la contratación irregular en empresas públicas de dos mujeres vinculadas a Ábalos y del alquiler de Aldama y sus socios de diferentes inmuebles para pagar los favores del exministro. Entre otros, las supuestas gestiones que hizo Ábalos en el rescate de Air Europa, incluida la publicación de una nota de prensa anunciando el rescate para tranquilizar a los acreedores de la mercantil, a cambio del “gratuito disfrute de un chalé vacacional en Marbella para sí mismo y su familia” entre el 12 y el 23 de agosto de 2020.

Las mascarillas, más allá de Transportes. La Audiencia Nacional fue quien comenzó a investigar los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión desde el Ministerio de Transportes, descubriendo que Koldo García habría mediado para que otras administraciones públicas, como el Ministerio de Interior y los gobiernos canario y balear, recibieran material sanitario. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indicó en un informe que desde el Ejecutivo canario de Ángel Víctor Torres, ahora ministro, se llegaron a encargar cerca de cinco millones de mascarillas por 12 millones de euros, pese a las “dudas” de los técnicos sobre su calidad y su precio. La administración canaria declaró “no aptas” las que venían en el segundo pedido, porque cumplían los estándares chinos, pero no los españoles. Los investigadores tienen pendiente emitir otro informe sobre la compra de mascarillas en Baleares por parte del Gobierno de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados.

El Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, a cargo de Ismael Moreno, también investiga, desde julio de 2025, el presunto rol que la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras Javier Herrero tuvieron en la presunta trama de adjudicación ilegal de obra pública, aunque ella ya estaba imputada en ese tribunal por la supuesta contratación irregular de una expareja de Ábalos en empresas públicas para proyectos de ADIF.

La trama de obras encabezada por Cerdán. Ahora, el juez Moreno tiene que decidir cómo incorpora a la causa que investiga desde hace dos años la instrucción que le ha remitido el Supremo sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas, ya que puede incluirlo en la pieza principal o abrir otra línea de investigación. Fuentes jurídicas apuntan a esta segunda opción. De ser así, esa nueva pata de la investigación en la Audiencia Nacional se centraría en Ábalos, Cerdán, García, Aldama y ocho empresarios que, supuestamente, participaron en el supuesto amaño de obras públicas a cambio de comisiones: José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción; los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos; Fernando Merino, Justo Vicente Pelegrini y Manuel García Alconchel y Tomás Olarte, de Acciona; y Joseba Antxon Alonso, de Servinabar, una empresa navarra de la que, según la UCO, Cerdán era dueño al 45%.

Los investigadores consideran clave el papel de Cerdán en esta trama, a quien atribuyen la gestión de los supuestos cobros de comisiones por parte de las empresas. Una vez obtenidas estas cantidades, él supuestamente las distribuía, haciéndolas llegar, “al menos”, a Ábalos y Koldo García, “que, cuando lo precisaban, le reclamaban los pagos a aquel y no a estas”.

Los pagos en efectivo del PSOE. La Audiencia Nacional también investiga, desde noviembre de 2025, el dinero en metálico que el Partido Socialista entregó a Ábalos y su exasesor desde 2017. La formación explicó que esos pagos eran devoluciones de los gastos que ellos declaraban y debían justificar con los tickets correspondientes. Pero los testimonios del exgerente del PSOE Mariano Moreno y de una trabajadora desvelaron la ausencia de un verdadero control sobre esos reembolsos. El instructor sospecha que la falta de una supervisión estricta pudo servir para que Ábalos y García utilizaran este sistema para blanquear el dinero procedente de sus presuntas actividades ilícitas. La Audiencia Nacional reclamó al PSOE todos los pagos efectuados en efectivo desde 2017 a todos sus miembros, algo que los socialistas consideraron excesivo, pese a lo cual entregaron la documentación el pasado diciembre. El juez Moreno aguarda un informe de la UCO al respecto, mientras mantiene toda la información bajo secreto en una pieza separada.