La vuelta al menudeo en el barrio de Santa María de Cádiz resucita a sus madres de la droga

Un grupo heterogéneo de unos 30 vecinos se arremolina inquieto en torno a un edificio del final de la calle Santo Domingo, en el céntrico barrio de Santa María de Cádiz. Pasan de las diez de la noche de un día laborable y la cuadrilla de señoras, gaditanos de mediana edad y chavales mira expectante al balcón del segundo piso. Sonia Novoa, una vecina que asegura ansiosa vivir con miedo a los inquilinos de un punto de drogas cercano, se asoma: “Estoy bien”. Los congregados respiran aliviados, la despiden y continúan su patrulla. Calle abajo, más de cinco lonas penden de balcón a balcón. “La droga destruye, el barrio construye”, “niños jugando sin gente comprando”, “menos menudeo, más menudo”, rezan. “Somos el barrio, aquí no hay nombres. Somos gente humilde que quiere seguridad, no a nadie vendiendo droga. Esto es peor que lo de los años 90 porque ahora son más agresivos”, denuncia una vecina de 60 años que hace de improvisada portavoz anónima. La ronda continúa, la noche será larga, hasta el filo del alba.

El barrio de Santa María —cuna histórica gaditana del flamenco, escenario casi superado de infravivienda y pobreza— ha decidido organizarse para frenar el regreso de la droga a sus calles, esa misma que convirtió esos pintorescos rincones en un escenario hostil, en los años 80 y 90 del siglo pasado. “Estamos mal, hemos callado mucho tiempo, pero ya debemos tener unos 14 o 15 puntos de droga”, estima la portavoz de la patrulla de esta noche. Todo ha ocurrido tan rápido que ha pillado al resto de la ciudad y a las Administraciones con el paso cambiado. El pasado sábado 11 de abril, Isa, otra vecina del barrio, publicó en su muro de Facebook la arenga a movilizarse. Un día después, arrancó la primera patrulla vecinal, que desde entonces, recorre los puntos calientes del barrio “de forma pacífica”, como remarca la portavoz. Este viernes, una multitudinaria manifestación con centenares de personas se manifestaron por las calles de Santa María para gritar “no a la droga”, en un clamor al que se sumó su asociación de vecinos, agrupaciones de Carnaval y todas las cofradías del barrio.

A Yolanda Gómez, de 50 años, todo esto le recuerda tanto al movimiento de las madres de la droga, del que formó parte su progenitora ya desaparecida, que se emociona: “Mi madre fue una de ellas, no me podía imaginar que esto volviese a pasar”. A su lado, Cristina Vidal, de 27, asiente con la cabeza, desde la puerta de su casa en la calle Botica: “Pero aquí estamos, por mi hija de dos años, que pueda salir a jugar a la calle sin peligro”. Los vecinos refieren que, desde finales de 2025, la inseguridad ha crecido. Hablan de politoxicómanos que merodean el barrio —la mayoría ni son vecinos—, en busca de una dosis, peleas entre ellos a altas horas de la madrugada o pequeños hurtos en los que estos delincuentes hostigan a menores o señoras mayores para que les den “el euro que lleven encima”, como añade la portavoz.

Novoa ya es incapaz de ocultar la ansiedad con la que vive. El pasado 1 de abril denunció ante la policía a su vecino por los destrozos, robos y amenazas que sufre de él, al que también acusa de vivir en un piso que vende droga. Enseña los destrozos en su buzón y el portal, en un edificio de Procasa, la empresa municipal de vivienda. Su caso es paradigmático de los problemas de menudeo que denuncia el barrio: viviendas ubicadas en los bajos que se convierten en puntos de venta y consumidores que adoptan actitudes violentas, en gran medida provocadas por la droga más destructiva y barata que consumen, desde hace unos años, los politoxicómanos: el rebujito. “Es una combinación de cocaína con heroína que es muy adictiva y los pone muy violentos. Una dosis puede costar unos 10 euros”, apunta un agente que ha trabajado con este tipo de intervenciones.

La policía no niega el problema, pero se reconoce parcialmente incapacitada para hacer mucho más. “Es muy desagradable”, apunta el agente. “Están todo el día drogados y cuando tienen mono, se lía. Son cosas pequeñas [en referencia a los delitos], pero es un calvario vecinal”, añade el mismo policía, que asegura que, tras la denuncia pública, se ha incrementado el dispositivo policial en la zona. Pero también asegura que atajarlo es complicado: “Si no están cometiendo un delito en ese momento, no podemos echarles de la calle, son personas que tienen sus derechos como cualquiera”. Pero los vecinos replican, en un sentir que resume Gómez: “Lo que queremos es que quiten los pisos de droga, sabemos donde están. Mientras, saldremos a la calle juntos para decir estamos aquí y vamos acompañados”.

La denuncia pública del problema, abanderada por su asociación de vecinos Las Tres Torres, también ha llevado a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y al Ayuntamiento a mover ficha. Tanto la subdelegada, Blanca Flores, como el alcalde, Bruno García, han acudido ya al barrio a escuchar las demandas vecinales, según confirman desde ambas instituciones. Además, este pasado miércoles, el Consistorio desalojó y precintó un edificio privado de la calle Botica que llevaba clausurado desde 2024 por riesgo de derrumbe, pero que se había convertido en una finca okupada donde se vendía y consumía droga y en la que, además, vivían dos familias vulnerables que ya han sido realojadas. Desde entonces, al refuerzo de Policía Nacional, se han sumado vehículos de la Policía Local vigilando las calles.

Hay quien fija en ese inmueble de nuevo precintado el inicio de la degradación del problema de la droga. Pero Gómez habla de más puntos en la calle Mirador o Santo Domingo, en una situación que se ha venido enrareciendo cada vez más en los últimos meses. “Ya hemos visto como, en Navidad, un repartidor de comida se negó a entrar en el barrio por miedo a que le robasen”, se queja un joven que integra una de las patrullas nocturnas. Vidal vivió con miedo como una tarde, a plena luz del día, uno de los consumidores habituales de droga la perseguía por las calles mientras iba con su hija. Antonio, marido de la vecina Isabel que hizo la publicación en redes sociales, ha optado por ir a recoger a las puertas del barrio a su hija, cuando regresa de marcha en la madrugada. “Entre la droga, las ratas, la gentuza que viene y los apartamentos turísticos ilegales se están cargando el barrio”, exclama molesto.

La brisa que precede al viento de levante atenúa el frío nocturno de primavera y hace ondear las decenas de pancartas que han proliferado en cada rincón del barrio, todas con la firma 11006, el código postal de Santa María. El Madrid juega contra el Bayern y ese momento desértico antes hubiese sido el ideal para que los merodeadores de los pisos de la droga se dejasen ver por la zona. Pero tanta banderola, las patrullas vecinales y el trasiego de cámaras de periodistas y cámaras los tiene desaparecidos. Yoli Pérez, de 69 años, sube la calle Santo Domingo tras un paseo, el día anterior ya participó en uno de esos grupos vecinales. “Yo también fui madre de la droga, estando embarazada nos sentábamos en la puerta de los sitios en los que se vendía y cuando venía alguien a comprar le decíamos que no lo hiciese. Nunca me pasó nada, pero ahora sí he visto que son más agresivos”, reflexiona la mujer sobre aquella experiencia vivida hace 36 años.

Los cinco hijos de Pérez se criaron sanos y felices en un barrio que metamorfoseó con ellos. Diversos planes públicos de vivienda acabaron con los paupérrimos partiditos —habitaciones en partes de casa con cuartos de baño y cocinas comunes— y la desaparición de la droga en las calles hizo que Santa María dejase de ser esa zona peligrosa para los gaditanos, que llegaban incluso a bordearlo —para evitar entrar— en sus idas y venidas a la zona nueva, Puertatierra. Así que el barrio no está dispuesto, ni por asomo, a volver a ese escenario hostil. “¿Que hasta cuando vamos a estar? Hasta que podamos volver a vivir tranquilos no vamos a parar”, zanja con genio Cristina Vidal.