¿Qué pasa ahora con el dinero del Gordo de Villamanín tras la primera denuncia penal? Primero, “hay que probar el dolo”

La Comisión de Festejos de Villamanín (León, 1.000 habitantes) ha recibido una “denuncia penal” que lleva a los juzgados el polémico premio de la Lotería de Navidad de 2025, cuando el Gordo cayó en ese pueblo con un número, el 79.432, del que algunas papeletas no fueron compulsadas. Los agraciados aceptaron por mayoría una quita de unos 10.000 euros de los aproximadamente 70.000 que correspondían a cada participación con el fin de que todos, tanto los que tenían un boleto formalizado como los que no, se llevaran la misma cantidad. La denuncia penal significa que alguno de ellos no comparte este reparto y, además, lo judicializa. EL PAÍS ha contactado con dos expertas en Derecho Civil y Loterías para explicar qué recorrido tiene el proceso en los tribunales. Rosa Nieto y María Oliva Gómez apuntan a que la clave será determinar la “intencionalidad” que tuvo la Comisión de Fiestas al no compulsar todas las boletas para discernir si la asociación pretendía engañar a los compradores o si fue un mero error, como han venido reivindicando los implicados.

La asociación de festejos de Villamanín, constituida después del conflicto para intentar solventar el embrollo, ha comunicado este jueves que hasta el momento han pagado el importe asignado ―59.400 euros por cada participación― a los dueños de 446 papeletas y que solo queda una por abonar, por asuntos personales del dueño. La “denuncia penal” que han anunciado a través de un comunicado en su cuenta de Instagram descubre un salto de nivel de la polémica, que ahora llega a los tribunales.

Nieto expone que una eventual victoria judicial del denunciante haría que obtuviera toda la suma del premio, unos 70.000 euros por papeleta, contra los casi 60.000 de quienes aceptaron la quita y no denunciaron. Estos firmaron en su contrato con la asociación que no denunciarían, pero la abogada matiza que igualmente tienen el derecho a denunciar si perciben que hay jurisprudencia o sentencias favorables a quien, en la misma situación, denunció al colectivo. El dinero saldría igualmente de las cuentas de la asociación, esto quiere decir que quienes ya han cobrado, en ningún caso perderían su cantidad

La abogada experta en Loterías Rosa Nieto sospecha, a falta de más información, que “será una denuncia por apropiación indebida o por estafa”. Para ella, todo depende de la “intencionalidad” y los denunciantes tienen que evidenciarlo: “Hay que probar el dolo”. La apropiación indebida, afirma, se corresponde con querer quedarse el dinero de vender papeletas de más, que si no hubiera premio mediante, se zanjaría en unos 250 euros en total, “lo suficiente para hacer una fiestecilla”. “Son jóvenes, pinta más que es lo que quisieron hacer”, concluye.

La estafa implicaría saberse premiados e intentar quedarse con los boletos, algo que no aprecia porque si no, “se hubieran callado con el dinero”. “El denunciante tiene que probar que lo hicieron los de la comisión y quiénes concretamente. Responsabilidad puede haber solo de una persona física y debe probar quién se quedó ese taco y si la intención era quedárselo. Yo creo que han denunciado por asustar, no veo ánimo de lucro”, contempla la letrada acerca de los movimientos que debe ejecutar la defensa del denunciante, en su derecho de reclamar el importe total del premio sin la quita pactada entre los demás para equilibrar a los agraviados.

“La responsabilidad es civil, el delito de estafa o apropiación civil puede tener condena penal además de su responsabilidad civil”, asegura. La asociación, como demandada, agrega la experta, sería la responsable civil subsidiaria de abonar los importes que se le exijan en caso de perder el juicio y ser condenados. Nieto lo compara con una compañía de seguros que debería cubrir la responsabilidad sobre los hechos.

La también abogada especializada en Derecho Civil María Oliva Gómez, del grupo CEAR, coincide en estas líneas planteadas por Nieto. “Podría ser estafa o fraude si hay artimañas o engaños, pero hace falta intencionalidad, que emitieran más papeletas a sabiendas para enriquecerse”, aprecia Gómez. “Habría una posible apropiación indebida porque vendieran más papeletas y se quedaran con ese dinero, pero sin que hubiera posibilidad de premio”, explica, remarcando que más allá de esa supuesta estafa expresada con contundencia podría haberse dado “una actuación negligente que causa daños y perjuicios que investigar”.

“No lo veo por lo penal, pero el abogado habrá visto indicios, pero yo no veo intención de engañar a la gente”, dice. Gómez comprende a quienes, con la papeleta en orden, ejercen su derecho a denunciar y a que les den el importe correspondiente completo, sin quitas. Que la inmensa mayoría de los implicados haya aceptado esa merma proporcional de sus importes la hace pensar que “si la gente hubiera visto la intencionalidad o interés por parte de los miembros de la asociación, hubieran ido todos a denunciar a degüello, pero se apeló a la solidaridad de la gente alegando que no había intencionalidad”.