El Gobierno vasco justifica la semilibertad de la exjefa de ETA Anboto en su “evolución favorable tras periodos de inadaptación”

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, que encabeza la socialista María Jesús San José, concedió en marzo la semilibertad a María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias Anboto, al considerar que la exjefa de ETA había mostrado en prisión una “evolución favorable tras periodos previos de inadaptación” y que las salidas diarias de prisión que le iban a permitir la nueva situación penitenciaria suponían una “planificación realista del proceso de reinserción social”, según se recoge en la resolución del Ejecutivo de Vitoria a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El escrito esgrime también como argumentos para dar el beneficio penitenciario a la etarra la “cercanía del cumplimiento de las tres cuartas partes” del máximo de 30 años de cumplimiento ―se producirá el 2 de abril de 2027, momento en el que puede acceder a la libertad condicional si cumple otros requisitos― y el hecho de que se encuentre abonando la responsabilidad civil que le ha sido impuesta en las diferentes condenas.

La resolución del Departamento de Justicia vasco destaca que la terrorista está realizando un “desempeño adecuado de destinos [actividades asignadas dentro de prisión]”, que cuenta con “apoyo familiar” y “posibilidades de empleo u otra ocupación” fuera de prisión, y que ha tenido una “participación positiva en salidas programadas”. El documento, fechado el pasado 23 de marzo, valora que ya ha disfrutado de un permiso de salida entre el 13 y el 15 de marzo pasado sin incidencias. “Se aprecian, en consecuencia, factores que indican una evolución favorable en el tratamiento [de reinserción]” de Anboto, añade el documento. Un día después de que el viceconsejero de Justicia, Alfonso Gómez, firmara la resolución, Iparraguirre salía de prisión. La medida, que ha sido recurrida por la Fiscalía, que la considera prematura, está a la espera de que el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, resuelva. Anboto, que fue detenida y encarcelada en Francia en 2004 y entregada a la justicia española en 2019, acumula condenas de 793 años y ocho meses por delitos de terrorismo.

El documento del Gobierno vasco detalla que la Junta de Tratamiento (formada por profesionales penitenciarios) de la cárcel donostiarra de Martutene acordó el pasado 18 de febrero por unanimidad proponer que se aplicara a Anboto el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite a presos clasificados en segundo grado ―el ordinario, en el que está el 75% de los reclusos en España― disfrutar de algunos de los beneficios de los que están en tercer grado o régimen abierto, como las salidas diarias de prisión. En concreto, la Junta planteaba que Iparraguirre pudiera salir de lunes a viernes de la cárcel a las 7.00 y no regresar hasta las 22.00. El objetivo era que recibiera “una formación en el ámbito sociolaboral de cara a la semilibertad”, así como atender a un familiar y realizar labores de voluntariado en una ONG.

El Gobierno vasco aceptó la propuesta, pero con modificaciones. Así, redujo el tiempo fuera de prisión al fijar la salida a las 8.30 y el regreso a las 19.00. También ciñó las actividades de Iparraguirre fuera de prisión a asistir por las mañanas a clases en la universidad para formarse para cuando quedé en libertad y colaborar por la tarde con una ONG religiosa, al considerar que ambas tareas “están relacionadas con su actividad delictiva”. Sin embargo, descartó la atención al familiar al considerar que “queda fuera” del objetivo de reinserción de la semilibertad. La resolución hacía hincapié en que, en ningún caso, Anboto podía desplazarse a Vitoria, Getxo (Bizkaia) y León, ya que las sentencias por las que ha sido condenado recogen la prohibición expresa de ir a estas localidades, donde vivían sus víctimas, o acercarse a estas últimas.

Tras conocerse la decisión de conceder la semilibertad a Anboto, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y la asociación Dignidad y Justicia la criticaron con dureza. En su recurso, la Fiscalía explicaba su oposición en que la exjefa de ETA aún no ha cumplido las tres cuartas partes de su condena y que solo ha disfrutado de un permiso de salida de dos días, insuficiente para “habilitar salidas diarias estructurales”. Por ello, el ministerio público considera que el Gobierno vasco está haciendo un “uso indebido” del Reglamento Penitenciario para conceder de manera “encubierta” el tercer grado a la reclusa y critica, precisamente, la supuesta falta de motivación de la resolución que adoptó la medida. “Tratándose de una terrorista de extrema notoriedad y especial gravedad, la concesión del [artículo] 100.2 [del Reglamento Penitenciario] hubiera exigido una motivación reforzada, una valoración específica del impacto social y victimológico y una justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria”, recalcaba el recurso.