La Fiscalía se opone a la semilibertad de la exjefa de ETA ‘Anboto’ por prematura

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este viernes un informe en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en el que se opone a que la exjefa de ETA María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias Anboto, acceda al régimen de semilibertad que le concedió en marzo el Departamento de Justicia del Gobierno vasco. El ministerio público ―que el pasado febrero sí avaló la concesión del mismo beneficio penitenciario para el también antiguo dirigente de la organización terrorista Garikoitz Aspiazu, Txeroki― considera que en el caso de Iparraguirre esta medida es prematura. Subraya que la presa de ETA no ha cumplido aún las tres cuartas partes de su condena y solo ha disfrutado de un permiso de salida de dos días, insuficiente para “habilitar salidas diarias estructurales”.

Anboto salió de la cárcel de Martutene de San Sebastián el 24 de marzo después de que el Departamento de Justicia del Gobierno vasco, que encabeza la socialista María Jesús San José, acordara, a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión (órgano formado por profesionales penitenciarios), flexibilizar el régimen en el que la etarra cumplía sus penas. La prisión planteó que se le aplicara el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite a un preso en segundo grado u ordinario ―como es el caso de la exjefa de ETA― acceder a beneficios penitenciarios destinados a los que están en tercer grado o régimen abierto como preparación para su reincorporación a la sociedad cuando salga en libertad. En concreto, el Departamento de Justicia vasco le autorizó a salir de la cárcel durante el día de lunes a viernes, aunque debía regresar para pasar en su celda las noches y los fines de semana. En la actualidad, se aplica este artículo a 18 presos de ETA.

La Fiscalía considera, sin embargo, que el Gobierno vasco está haciendo un “uso indebido” del Reglamento Penitenciario para conceder de manera “encubierta” el tercer grado a la reclusa, un régimen de vida al que aún no puede acceder Anboto por no haber cumplido una parte importante de su pena, según destaca el ministerio público en una nota de prensa. “En este caso, la resolución de la Administración desnaturaliza la institución, pues permite salidas diarias, con doble actividad externa (mañana y tarde), de contenido estrictamente propio del tercer grado, sin que la penada haya accedido a dicho grado, ni reúna los presupuestos temporales mínimos”, agrega.

En este sentido, recalca que la situación penitenciaria de la presa antes de la concesión de la semilibertad es “determinante” en su decisión de oponerse a que se le aplique este beneficio penitenciario. “No ha alcanzado el cumplimiento de las 3/4 partes, solo ha disfrutado de un permiso de dos días; dicho permiso fue concedido administrativamente, sin control judicial y no existe experiencia progresiva de salidas prolongadas ni reiteradas”, sostiene para a continuación recordar que “la progresividad es un principio estructural del sistema penitenciario, cuyo quebranto es especialmente grave en delitos de terrorismo”.

Falta de motivación

Por último, la Fiscalía critica la falta de motivación del Gobierno vasco al justificar la medida. “Tratándose de una terrorista de extrema notoriedad y especial gravedad, la concesión del [artículo] 100.2 [del Reglamento Penitenciario] hubiera exigido una motivación reforzada, una valoración específica del impacto social y victimológico y una justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria”. Y añade: “La resolución no explica por qué se omite el itinerario gradual, ni por qué se considera suficiente un único permiso de dos días para habilitar salidas diarias estructurales. Ello vulnera el estándar reforzado de motivación exigible en materia de terrorismo”.

El pronunciamiento del ministerio público a la semilibertad de Iparraguirre se produce semanas después de que sí avalase la misma medida para Txeroki. En ese caso, la Fiscalía consideró positivamente “la evolución” del etarra en prisión, quien, desde octubre de 2024, participa en talleres de justicia restaurativa en los que ha mantenido reuniones con víctimas de ETA para pedirles perdón.

“Se certifica su compromiso serio, riguroso e irrevocable de apoyar a las víctimas de terrorismo en sus procesos de sanación y reparación emocional, potenciando la explicación frente a la justificación”, afirmaba la Fiscalía en su nota sobre Txeroki. Además, Garikoitz ―en prisión desde 2008 cuando fue detenido en Francia― tiene prevista como fecha de extinción de la pena octubre de 2027 y, por tanto, ha cumplido con creces el requisito de las tres cuartas partes de condena que el ministerio público exige ahora a Anboto.

Cuando se conoció la concesión de la semilibertad a Anboto y Txeroki, las asociaciones de víctimas criticaron duramente la decisión del ejecutivo de Imanol Pradales. Una de ellas, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), llegó a tildar la medida de “amnistía encubierta”. A finales de marzo había 119 presos de la organización terrorista en prisión. De ellos, 114 en cárceles de Euskadi, tres en la de Pamplona y dos en presidios franceses, según los datos recopilados por este diario en las distintas administraciones.