El colapso de la pasarela de Santander fue el resultado de un diseño frágil, la corrosión y la falta de mantenimiento

El derrumbe de la pasarela peatonal de la senda costera de El Bocal, en Santander, que el pasado 3 de marzo causó la muerte de seis personas y dejó a una séptima gravemente herida, no fue un accidente imprevisible. Así lo concluye el informe pericial judicial elaborado por el ingeniero de Caminos Jorge Rebanal Lebeña, incorporado a la causa que instruye el juzgado de Instrucción número 1 de la capital cántabra. El documento señala varios factores que causaron el colapso: un diseño estructural poco resistente, la corrosión avanzada de partes metálicas importantes y casi ninguna inspección o mantenimiento durante la vida de la estructura.

La pasarela, construida en 2014, estaba formada por dos vigas principales de madera laminada sobre las que se apoyaban cinco vigas secundarias, sujetas mediante estribos metálicos. La estructura, según el perito, no estaba diseñada para resistir el fallo puntual de uno de esos apoyos sin que se produjera un colapso generalizado. Este principio, conocido como robustez estructural, es fundamental en ingeniería civil: una infraestructura debe estar diseñada para que acciones o fallos localizados no generen consecuencias desproporcionadas.

Eso fue, precisamente, lo que ocurrió en El Bocal. El informe describe cómo el fallo de uno de los herrajes que sostenían una viga secundaria provocó un aumento inmediato de carga sobre las uniones contiguas, desencadenando una rotura en cadena. El tablero central de la pasarela acabó basculando hacia abajo “como una doble trampilla”, sostiene el perito, lo que explica la caída simultánea de varias personas al vacío.

La causa inmediata del colapso fue la pérdida de capacidad resistente de esos herrajes metálicos, debilitados por un proceso de corrosión prolongado. El informe detalla que las piezas presentaban un estado de deterioro extremo, con pérdidas importantes de material, hasta el punto de que algunos fragmentos se deshacían al ser manipulados tras el siniestro. No se trataba, por tanto, de un daño reciente ni repentino.

El perito subraya, además, que el material empleado en esos apoyos no era el más adecuado para un entorno como el de la senda costera. Los herrajes eran de acero galvanizado, un material habitual en interiores o zonas protegidas, pero insuficiente en una estructura expuesta de forma permanente a la humedad, la salinidad y la acción del mar. En esas condiciones, la normativa técnica recomienda el uso de acero inoxidable, especialmente del tipo AISI 316, mucho más resistente a la corrosión marina.

Aunque el deterioro no era visible para los peatones que transitaban por la pasarela, sí habría sido claramente detectable en una inspección visual básica realizada desde la parte inferior de la estructura o desde uno de sus laterales. Sin embargo, el informe no encuentra constancia documental de que se hubieran realizado las inspecciones periódicas que la normativa y la buena práctica técnica aconsejan.

A lo largo de casi 12 años de servicio, la pasarela debería haber pasado varias inspecciones rutinarias, al menos dos revisiones en profundidad por técnicos especializados y labores de mantenimiento programado, como la renovación periódica de los tratamientos protectores de la madera y el control del estado de los elementos metálicos. Nada de eso aparece reflejado en los archivos analizados por el perito.

La última actuación conocida sobre la pasarela se llevó a cabo en julio de 2024, bajo la responsabilidad de la Demarcación de Costas. Aquella intervención se limitó a la reparación de barandillas y elementos destinados a evitar caídas laterales, sin abordar la estructura portante ni los herrajes que, según el informe, ya se encontraban en un estado muy avanzado de deterioro.

La conclusión del documento es tajante: no existía un plan de mantenimiento, el mantenimiento realizado fue insuficiente y la labor de inspección fue negligente, si es que llegó a producirse. En ese contexto, el perito sostiene que el accidente era evitable.

El informe, fechado el 9 de abril de 2026, constituye una pieza clave en la investigación judicial abierta para depurar posibles responsabilidades penales y en la que, hasta ahora, están imputados, entre otros, el jefe de la Demarcación de Costas, que fue el director de obra de la pasarela, y el jefe del Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación.