La jueza pregunta a la Policía de Santander si contaba con protocolos para atender el aviso al 112 sobre el mal estado de la pasarela

La investigación judicial sobre la tragedia de El Bocal, en Santander, en el murieron seis jóvenes el pasado 3 de marzo, avanza hacia una cuestión incómoda para las administraciones implicadas: cómo se gestionó el aviso que alertaba del mal estado de la pasarela un día antes del accidente. La juez instructora ha reclamado explicaciones directas a la Policía Local de Santander para determinar si el Cuerpo contaba con protocolos claros y operativos para actuar ante alertas procedentes del servicio de emergencias 112 como el que se produjo 24 horas antes del colapso de la pasarela situada en la senda costera santanderina. También ha ordenado identificar a los superiores jerárquicos de la agente que recibió el aviso para citarles como testigos.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Santander considera que las declaraciones prestadas hasta ahora por la gestora del 112 que recibió la llamada de un vecino y por la agente de la Policía Local a la que se trasladó ese aviso revelan lagunas relevantes en la cadena de actuación. Según apunta la jueza en una resolución notificada este martes, el contenido de ambos testimonios justifica “sin duda alguna” la necesidad de esclarecer cuál es la dinámica ordinaria de actuación cuando se comunican avisos de este tipo.

La jueza ha requerido al inspector jefe de la Policía Local de Santander que informe si existe un protocolo específico para la gestión de llamadas o avisos y, especialmente, si dicho protocolo se activa únicamente cuando la alerta procede de ciudadanos o también cuando llega desde otros servicios de emergencias, como el 112. La pregunta no es menor: apunta directamente a la posibilidad de que el aviso previo al siniestro quedara atrapado en un vacío operativo, sin una respuesta clara ni trazable.

Además, la jueza ordena identificar a los superiores jerárquicos de la agente que recibió el aviso, así como a otros policías que desempeñen funciones similares en el centro de coordinación de la Policía Local, que serán citados a declarar testigos. La misma diligencia se extiende al servicio 112: reclama identificar a los responsables de la gestora que atendió la llamada inicial y de otros operadores con funciones equivalentes. El objetivo, según la resolución, es reconstruir quién tenía capacidad de decisión, qué criterios se aplicaron y si existía una estructura de mando y respuesta eficaz ante una advertencia que señalaba un riesgo potencial para la seguridad pública. La investigación judicial empieza así a perfilar un posible fallo sistémico, más allá de errores individuales.

Cita a declarar a los operarios que realizaron las labores de mantenimiento

Paralelamente, la jueza ha acordado abrir una nueva línea de investigación técnica sobre la construcción y el mantenimiento de la pasarela. En concreto, se analizará la viabilidad técnica y legal del proyecto y la calidad de los elementos mecánicos que sostenían la estructura, especialmente los herrajes de apoyo. La instructora rechaza, no obstante, las insinuaciones del Ayuntamiento sobre modificaciones irregulares del diseño durante la ejecución de la obra, al considerar que tales afirmaciones carecen de respaldo técnico cualificado.

La jueza amplía el trabajo encargado al perito judicial para que determine si la pasarela se ejecutó conforme al proyecto refundido de 2012 y al proyecto específico de pasarelas de 2014, si estaba previsto que los herrajes fueran de acero inoxidable, qué material se utilizó realmente y si cumplía la normativa vigente y exigible.

La instructora también ha acordado nuevas declaraciones: la de la jefa de obra que dirigió los trabajos de mantenimiento realizados en la pasarela en julio de 2024, la de los operarios que ejecutaron esas labores y la del ingeniero industrial que firmó el proyecto de las pasarelas. Además, ha reclamado a la Demarcación de Costas el expediente completo del contrato de mantenimiento de la costa correspondiente a 2023, con especial atención a las órdenes de trabajo y a las facturas relacionadas con la intervención en El Bocal.