Nadie se hace responsable de la pasarela de Santander cuyo desplome causó seis muertos

La muerte de seis jóvenes al desplomarse este martes una pasarela de madera entre acantilados en la zona norte de Santander ha devuelto a la luz el polémico proyecto de la senda costera de 10 kilómetros desde el faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar, que ha terminado en un limbo en el que ninguna administración se hace cargo de la responsabilidad del siniestro. La Demarcación de Costas comenzó a construir la senda en 2014, pero la fuerte oposición vecinal hizo que las obras se paralizaran ese mismo año. El Ayuntamiento se había comprometido a mantener la obra cuando esta estuviera terminada, pero alega que nadie le ha comunicado esa finalización. En los restos de la estructura desde la que cayeron los jóvenes se aprecian manchas de óxido rojo alrededor de los puntos donde van los tornillos o anclajes. La jueza que investiga el caso ha pedido a las dos administraciones que aporten toda la información sobre este proyecto.

En la capital de Cantabria hay un notable debate ciudadano sobre el abandono generalizado de las infraestructuras y equipamientos municipales y la falta de mantenimiento del patrimonio de la ciudad, en especial las del frente costero, como los bajos del restaurante Rhin, en el Sardinero, la duna de Zaera, junto al puerto deportivo de Gamazo o los galeones del marino Vital Alsar, en la península de la Magdalena. Quizás por ello, la alcaldesa Gema Igual (PP) anunció el viernes, en la misma comparecencia en la que informó de la apertura de un expediente a la agente de Policía Local que no tramitó un aviso de 112 del peligro de la pasarela mortal recibido 28 horas antes de la tragedia, que iban a hacer “un mapa” para explicar a los ciudadanos de qué administración depende cada infraestructura. “Los 34 kilómetros de terreno de Santander no son responsabilidad del Ayuntamiento al completo”, dijo.

La alcaldesa admitió que la Policía Local no había precintado el puente de madera de El Bocal que colapsó, pero insistió en que su administración no era responsable. “No tengo que convencer a nadie de que no se finalizó. En 2024 Costas ha actuado en la pasarela este y en la oeste de El Bocal. Es responsabilidad de Costas”.

La Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (PSOE), ha rehusado ofrecer explicaciones. El departamento sitúa el inicio del proyecto en un convenio de 2003 entre el Ayuntamiento y la Administración General del Estado. Fuentes del departamento aseguraron el viernes que “diversas afirmaciones” de la regidora “no se corresponden con la realidad” y que “habrá ocasión de aclarar” con “toda la información sobre la mesa”.

Cuando un extenso operativo buscaba a Elena S.P, la joven de 20 años desaparecida tras la caída en la grieta, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, pidió dejar el trabajo a los investigadores. “No se saben las causas [del desplome], y sin ellas es complicado a encontrar los responsables”, manifestó el miércoles. Ante la insistencia de los periodistas, el representante del Gobierno dijo: “La responsabilidad frente a la seguridad del conjunto de los ciudadanos corresponde a las tres administraciones”.

“Si la senda nos hubiera cogido a todos con un punto de madurez importante se habrían hecho las cosas de otro modo”, se lamenta Santiago Sierra, expresidente de la asociación de vecinos de Cueto y una de las personas que lideró la Asamblea en Defensa de la Senda Costera, un movimiento ciudadano que luchó contra el proyecto porque no respetaba las características de la zona ni les parecía seguro. “La obra parecía buscar sitios emblemáticos, muchas veces intransitables, y en los que el mar rompía muy fuerte”, cuenta Sierra. Entre las medidas más criticadas, destacaban la colocación de barandillas de madera pegadas a la costa que rompían la estética del paisaje y animaban a acercarse a sitios imposibles o pasarelas, como la de El Bocal. El colectivo liderado por Sierra pidió que se retirara la pasarela que esta semana se ha demostrado mortal. Era uno de los puntos más peligrosos, junto con un mirador en pleno litoral y dos pasarelas de esta misma senda que el Ayuntamiento ha mandado precintar esta misma semana, destaca Sierra. La Demarcación de Costas llegó a hacer un proyecto en 2016 que contemplaba la retirada de la pasarela de El Bocal, pero nunca llegó a ejecutarse.

Hasta que surgió la idea de este proyecto, en 2003, con Gonzalo Piñeiro (PP) como alcalde y José María Aznar en el Gobierno, el viento y la fiereza del mar en el norte de Santander habían preservado las características de núcleos como Monte y Cueto, por los que transita este camino. Esta parte desconocida de Santander, en la que sobre todo hay acantilado, tiene una fisionomía irlandesa. Las rocas dan paso a fincas con pasto, delimitadas por muros de piedra seca. Todavía se crían vacas de carne, hay tradición de cultivar viñas y los vecinos secan al aire en tenderetes caloca, alga usada para productos cosméticos.

La que hasta ahora era “la parte trasera de la ciudad” comenzó a interesar, destacan sus vecinos. En la pandemia comenzaron a recibir más visitas de paseantes, y también llegaron nuevos residentes. La zona, promocionada por el área de Turismo de Santander, también forma parte de la Costa Quebrada, un geoparque que comprende 20 kilómetros de costa entre Santander y Miengo y que fue reconocido oficialmente en abril de 2025 por sus singulares acantilados, dunas y formas geológicas. El geoparque depende de una estructura local y autonómica, liderada por el Gobierno de Cantabria y apoyada por un comité de gestión.

“Santander está en un momento en el que se quiere exprimir todo el recurso posible de la ciudad. Si tienes que poner un McDonald’s en un mercado histórico, pues lo pones”, constata el periodista Óscar Allende del diario digital Elfaradio. “Ante la imposibilidad de frenar por las normas urbanísticas, pese a las apetencias e intentos que han tenido en el pasado, lo han dejado languidecer, sin reclamar nunca sobre ello. Es decir, el Ayuntamiento durante todos estos años se ha enfrentado con el Estado por muchas otras infraestructuras, pero no por esta”, añade.

El problema es que se ponen en marcha proyectos, para utilizar fondos, pero no se hacen procesos reales de participación ciudadana, concluyen, bajo petición de anonimato, tres personas vinculadas a movimientos cívicos en la ciudad. Citan infraestructuras como la construcción de espigones en la playa de la Magdalena o el soterramiento de las vías del tren, en los que también participan varias administraciones. No hay voluntad de replantear los proyectos una vez que están en marcha y cualquier aportación o crítica se plantea como un “todo o nada”, remachan.