Los asuntos pendientes en los juzgados caen por primera vez en una década

No se veía una cosa así desde 2016. Por primera vez en diez años la pendencia, como se denomina a la carga de trabajo sin resolver, ha empezado a bajar en los tribunales y juzgados de toda España. Ha sido poco, un 0,67% global, pero augura una tendencia esperanzadora. El mayor descenso se ha registrado en el orden civil, con una caída del 4,5%. Fuentes del Ministerio de Justicia lo achacan al éxito combinado de la implementación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que llevan un año rodando, y de los tribunales instancia, que se estrenaron plenamente este 2026, junto a una “ampliación histórica” de la plantilla de jueces y fiscales. Sin embargo, otros operadores jurídicos se muestran escépticos. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), por ejemplo, advierte de que en realidad la imposición de los MASC, que obligan a negociar antes de litigar, ha generado un “efecto barrera”.

Lo cierto es que la caída de la pendencia coincide con un descenso de la litigiosidad, que en el último año se ha reducido un 10% en los órdenes civil, penal, social y contencioso-administrativo, aunque la reducción más notable ha sido en lo civil y mercantil, con un 20,4%. Por ello, fuentes ministeriales creen que la irrupción de los MASC es una de las principales causas de la disminución de asuntos pendientes. Por contra, el ICAM estima que pueden suponer una auténtica “barrera” para “acceder al juez”, vulnerando de esa forma el derecho a la tutela judicial efectiva. El colegio profesional alerta de que pueden llegar a constituir un “peaje” que impida el acceso a la Justicia. Avisa de que también pueden frenarlo, llegando a ser contraproducentes, porque no solo retrasan el litigio sino que generan uno nuevo en torno al propio requisito procesal.

Operadores jurídicos consultados por EL PAÍS indican que uno de los principales atascos causados por los MASC se ha producido en materia de familia, especialmente en casos con menores implicados. Por eso, el ICAM, los Colegios de Procuradores de Madrid (ICPM) y Barcelona (ICPB), así como la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de Justicia (PROLAJ), han suscrito un comunicado conjunto pidiendo su supresión en procesos de familia con menores. Fuentes ministeriales aseguran que este asunto está bajo estudio, si bien sostienen que “las voces más autorizadas”, que identifican como los jueces y magistrados especializados en la materia, defienden que es precisamente en esos casos donde más falta hacen los MASC para que el interés que prevalezca sea realmente el del menor, no el de los padres. En todo caso, recalcan que este tipo de asuntos ya se venían ventilando en su inmensa mayoría (entre el 60% y el 80%) por la vía de la negociación.

Desde el Ministerio de Justicia subrayan, además, que, aunque es cierto que en los primeros meses de los MASC se apreció un “atasco”, ya ha pasado el tiempo suficiente (un año) como para observar un efecto generalizado de reducción de la litigiosidad en el orden civil y mercantil. Sobre esto, ponen de relieve que han servido para eliminar la “litigiosidad artificial”, como se refieren a la que se mantiene en casos donde el Tribunal Supremo ya ha fijado criterio pero que siguen abiertos. En estos supuestos, afirman, los MASC han ayudado a introducir el concepto de “abuso de la Justicia”, que ya están empezando a aplicar algunos jueces.

“Invertir con cabeza”

En cualquier caso, las fuentes ministeriales recalcan que los MASC no son el único factor, apuntando también al cambio propiciado por los tribunales de instancia. Su llegada ha supuesto transformar el juzgado tradicional, consistente en un juez del que cuelga toda una oficina judicial, en un órgano colegiado con las unidades judiciales (jueces) y funcionarios de las distintas categorías que hagan falta.

Desde la cartera que dirige Félix Bolaños sostienen que este nuevo sistema ha permitido hacer “inversiones quirúrgicas”, es decir, poner los recursos que se necesitan, ya sea un juez, un letrado de la administración de justicia (LAJ) o cualquier otro funcionario, allí donde se precisen sus servicios. El modelo anterior, explican, obligaba a crear toda una oficina judicial, lo que requería una inversión media de 500.000 euros. Calculan que, con el cambio, el Estado ahorrará en los próximos años más de 350 millones de euros por poder “invertir con cabeza”.

Pero eso será a la larga porque, de momento, los tribunales de instancia han obligado a un desembolso de 1.121 millones de euros solo en esta legislatura. La mayor factura ha sido para la digitalización, que se ha llevado 850 millones. En segundo lugar se sitúa la inversión en personal, de 192 millones. Esta partida comprende no solo la creación de nuevas plazas ―como las 500 judiciales y 200 fiscales anunciadas para este año―, sino los incrementos salariales pactados en 2022 y 2023 con asociaciones de jueces y LAJ y los sindicatos de Justicia en previsión de las nuevas funciones que atribuían a estos cuerpos los tribunales de instancia. A todo eso se suman 79 millones en obras para adaptar físicamente los juzgados y tribunales.

Al esfuerzo económico, las fuentes ministeriales anudan otro de planificación y coordinación. Reivindican que el modelo de los tribunales de instancia estaba en la mente de todos los operadores jurídicos, incluidas las comunidades autónomas con competencias en Justicia, desde hacía años. De hecho, señalan como claro precedente la oficina judicial que se implantó en 2010 y recuerdan que los modelos de referencia se aprobaron en 2022.

“Incidencias puntuales, no estructurales”

Pese a todo, los tribunales de instancia han sido objeto de duras críticas desde su llegada. Un reciente informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se hace eco de las incidencias comunicadas por los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, detecta problemas por insuficiencia de personal, ya sea por una plantilla escasa, exceso de vacantes o pérdida de refuerzos considerados esenciales; problemas informáticos generalizados que se concentran en los sistemas de gestión procesal; y quejas por la ausencia de reformas e incluso de mobiliario y equipos informáticos, así como por cartelería errónea o confusa. El Poder Judicial llamó la atención sobre los casos de Andalucía y Canarias porque los informes recibidos muestran una implantación meramente formal, hasta el punto de que concluyen que allí los juzgados siguen funcionando igual que antes de que entrara en vigor este cambio organizativo en la planta judicial. No obstante, el CGPJ indicó que el cambio no ha provocado suspensiones o demoras en los señalamientos judiciales, a excepción de casos puntuales.

Las fuentes ministeriales reiteran que se trata de “incidencias puntuales”, que consideran normales si se tiene en cuenta la envergadura de la transformación acometida, enfatizando que no hay ninguna de carácter “estructural”. Al hilo, destacan que Justicia y las comunidades autónomas descartaron una prórroga generalizada de la puesta en marcha de los tribunales de instancia en la conferencia sectorial del pasado diciembre.

A las mencionadas por el CGPJ, suman otras como el retraso en los concursos que afectan al personal de la administración de justicia, que quedaron paralizados para facilitar la entrada en vigor de los tribunales de instancia, lo que ha supuesto un retraso de un año, o dificultades materiales que, en algunos casos, son insubsanables. Como ejemplo, ponen el Palacio de Justicia de Soria, ubicado en un edificio renacentista del siglo XVI del que “nadie quiere moverse” y donde “no se puede tocar ni un muro” porque está protegido.

También ven normal que en muchas comunidades autónomas el cambio esté costando más porque no implantaron la reforma de la oficina judicial acordada en su día (2010). Allí donde esta transformación se acometió, principalmente en Cataluña, País Vasco y el territorio del ministerio (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares, Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), las dificultades han sido menores; pero la negativa de las otras administraciones autonómicas a abordarlo ―en 15 años solo se ha completado al 30%― ha supuesto un lastre para ellas a la hora de afrontar este último salto evolutivo, razonan las fuentes consultadas. Y aprovechan este contexto para justificar que se diera un plazo de un año para el despliegue total de los tribunales de instancia. “Puede ser poco”, dicen, pero la alternativa era “no poner plazos”, y ya se vio el resultado con la oficina judicial.

Así, desde el departamento capitaneado por Bolaños rechazan “las críticas generalizadas de colapso”, “falta de planificación e inversión” u “ocurrencia” y las achacan a la “ignorancia” de que se trata de un cambio que se gesta desde hace años, a la resistencia natural a abandonar un modelo vigente desde tiempos inmemoriales o directamente a la “malicia”. No dudan de que la modernización de la Justicia va por el buen camino y consideran que los primeros datos les dan la razón. “Al menos hemos invertido la curva de la pendencia”, celebran.