Las propuestas para agravar penas y crear nuevos delitos se agolpan en el Congreso

El Código Penal es una obra en permanente construcción. A cada poco los partidos tratan de incorporar novedades, ya sea para enfrentar consecuencias peligrosas de fenómenos nuevos, como sucede con los avances tecnológicos, o para agravar castigos después de sucesos que han producido gran conmoción social. En los poco más de dos años de tiempo útil de la actual legislatura, se han registrado en el Congreso 40 iniciativas que proponen endurecer penas, crear nuevos delitos o —las menos— despenalizar conductas. Solo una de ellas es ya ley impresa en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La lista de propuestas la encabeza, con una docena, la extrema derecha y su pulsión punitiva.

Mano dura con la multirreincidencia. La única de las reformas que ha tomado cuerpo de ley recibió el visto bueno definitivo del Congreso antes de Semana Santa. El incremento de los castigos para los multirreincidentes en delitos leves como hurtos o pequeñas estafas había merecido varias iniciativas. El PP presentó dos, una a través de su grupo en la Cámara baja y otra promovida por el Senado, donde dispone de mayoría absoluta. La Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, las congeló, mientras le abría la puerta a otra de Junts.

La del grupo catalán ha dado origen a la nueva norma, que impone penas de cárcel para los hurtos inferiores a 400 euros si su autor arrastra tres condenas anteriores. Muy criticada por los grupos más a la izquierda, ha salido adelante con un amplio apoyo de PP, PSOE, Junts, PNV, CC y UPN.

Desafíos digitales y sanciones de la UE. El Gobierno como tal solo ha planteado tres reformas penales. La más extensa, y más avanzada en su tramitación, es la incluida en el proyecto de ley de protección de menores en el entorno digital. Promueve cambios en 17 artículos del Código para facilitar que se prohíba a determinadas personas el acceso a medios digitales, así como endurecer las penas por manipular imágenes y audios de menores o suministrarles pornografía. Sumar ha presentado otra propuesta para perseguir como delito de injurias la simulación de imágenes o audios a través de la inteligencia artificial.

El Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto para trasponer una directiva europea que crearía un delito nuevo, con penas de hasta seis años de prisión. Perseguiría a quienes vulneren sanciones adoptadas por la UE contra terceros países. Pasó el primer filtro del pleno y está en periodo de presentación de enmiendas, al igual que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incorpora una leve modificación del Código Penal para punir a quien realice falsas incriminaciones contra terceras personas.

Delitos sexuales. De las cuatro reformas penales planteadas por el grupo socialista la que ha avanzado más en su trámite es la que prevé penas contra quienes practiquen o promuevan las llamadas terapias para corregir la orientación sexual. Sobre este asunto había presentado antes Sumar otra iniciativa.

Nunca el PSOE se sintió tan solo esta legislatura como en mayo de 2024, cuando llevó a pleno una propuesta para criminalizar el proxenetismo que, en la práctica, abocaba la prostitución a la ilegalidad. Sus exiguos apoyos fueron los únicos diputados de CC y BNG. Podemos, que se abstuvo, ha registrado un texto sobre trata de mujeres con sanciones contra los proxenetas. Otro proyecto del mismo grupo sobre libertad sexual propugna retirar a los agresores machistas la atenuante de reparación del daño.

El Congreso ya introdujo en 2022 como conducta delictiva el acoso a mujeres que se disponen a abortar. Algunas decisiones judiciales han considerado que en esa figura no caben las vigilias y rezos frente a las clínicas de grupos ultrarreligiosos. Sumar acaba de proponer una nueva reforma que declare punibles tales acciones.

En noviembre de 2024 el pleno aceptó una iniciativa legislativa del Parlament de Cataluña para que los delitos sexuales graves contra menores no prescriban. Está a la espera de que la Comisión de Justicia elabore un texto.

Libertades y ofensas. Una de las más polémicas reformas legislativas presentadas por el PSOE es la que pretende proteger a los ciudadanos del “acoso judicial”. La derecha la ha bautizado como ley Begoña, en alusión a Begoña Gómez, la esposa del presidente, mientras los aliados de los socialistas discrepan de planteamientos como el de limitar la acusación popular. La iniciativa incluye un retoque en la legislación penal para dejar sin vigor el delito de ofensa a los sentimientos religiosos.

Esa misma despenalización fue planteada por Sumar al comienzo de la legislatura, en una proposición bautizada como de defensa de la libertad de expresión. El texto contempla borrar cinco artículos del Código Penal para eliminar también los delitos especiales de injurias a la Corona y a las altas magistraturas del Estado —pasarían a ser tratados como cualquier ciudadano—, el de ultraje a España y a sus símbolos, así como el de enaltecimiento del terrorismo. El PSOE consintió su toma en consideración, pero discrepa de parte del contenido, lo que la ha condenado a ese limbo parlamentario que consiste en estirar de forma ininterrumpida el plazo de presentación de enmiendas.

En el extremo contrario, Vox promovió una proposición de ley para “garantizar la unidad de España”, rechazada por el resto de la Cámara, que, además de recuperar la sanción penal por convocar referéndums ilegales, fijaba nuevas sanciones por “ofensas o ultrajes” a “España, sus símbolos o emblemas” y por “atentados contra la integridad del territorio nacional”.

Sin debatir permanece la proposición de Podemos para ampliar los castigos a las conductas racistas o discriminatorias. En la misma situación se encuentra una de Sumar para que se deje de aplicar a la Guardia Civil el Código Penal Militar. La más reciente proposición de ley del PSOE sí acaba de superar el primer examen del pleno. Sugiere fijar límites más estrictos para perseguir penalmente a los conductores que sobrepasen con amplitud los límites de velocidad.

Okupas, prisión permanente y ETA. Si bien el grupo del PP en el Congreso no ha impulsado más que tres reformas penales, los populares han empleado a fondo el brazo institucional del Senado para enviar desde allí otras siete a la Cámara baja, donde la Mesa las mantiene bloqueadas. Un asunto sobresale: la okupación de viviendas, de la que tratan tres de las proposiciones. El PP quiere que el corte de suministros a quien permanezca ilegalmente en un inmueble no pueda ser tratado como delito de coacciones. Y sancionar a quienes instiguen a otros o formen un grupo organizado para la okupación. En el extremo opuesto se sitúa Podemos, que aboga por ilegalizar grupos como Desokupa y penar con hasta cuatro años de cárcel las coacciones a familias vulnerables para que abandonen su morada.

El otro asunto que ha concitado la mayor atención penalizadora de los populares es la herencia de ETA, objeto de tres sugerencias de modificaciones en el Código. Los populares defienden que la concesión de libertad condicional a los presos etarras se supedite a su colaboración para el esclarecimiento de los crímenes sin resolver. También piden agravar las penas por el delito de humillación de las víctimas cuando lo cometan responsables públicos o representantes de partidos.

El PP considera que la prisión permanente revisable se está aplicando “de forma muy limitada”. Por ello acaba de plantear sin éxito en el Congreso extenderla a los asesinos reincidentes o que hayan hecho desaparecer el cadáver de la víctima. Ese supuesto ya figuraba en un texto anterior y más amplio remitido por el Senado. En él se añadían los supuestos de asesinatos o delitos sexuales con condenas superiores a 100 años, los asesinatos acompañados de agresión sexual o las agresiones sexuales reiteradas.

La muerte en 2024 de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha en Barbate (Cádiz) llevó a Vox y al Senado a plantear más mano dura. Sus proposiciones pretendían castigar el almacenamiento de grandes cantidades de combustible y su trasvase en el mar. Una fue rechazada y la otra no se ha debatido.

Los inmigrantes en la diana. La cruzada contra la inmigración nutre la prolífica producción punitiva de Vox. En algunas iniciativas de modo indirecto, como las ya rechazadas, pese al apoyo del PP, que planteaban prohibir el velo integral y combatir los matrimonios forzosos con duras condenas de cárcel para quienes coaccionasen a tales prácticas. En otras, el objetivo es facilitar la expulsión de inmigrantes que hayan delinquido. Es el caso de la ya desestimada para rebajar la edad de responsabilidad penal a 12 años o la pendiente de debatir que facilitaría la deportación de agresores sexuales.

Otra propuesta de la extrema derecha que detallaba los delitos por los que un extranjero puede ser enviado fuera del país fue rechazada por el Congreso, pese al apoyo del PP, que ha promovido una iniciativa semejante desde el Senado. Vox defiende además que no se otorgue la nacionalidad de forma automática a los nacidos en España y que se pueda retirar como castigo penal. El Congreso se opuso, esta vez con la abstención del PP.

La apología de las armas subyace a dos textos del partido de Santiago Abascal aún no debatidos. Uno, que dice “garantizar el derecho a la legítima defensa”, pretende despenalizar a quien, frente a una intrusión en su domicilio, “utilice cualquier medio de defensa, con independencia del daño causado”. El otro es una proposición de ley bautizada como de “protección de los animales” que lo que busca es impedir que se sancione a un cazador con la retirada de las armas.

Lo que sí quiere criminalizar Vox son los piquetes de huelguistas. En dos proyectos registrados en el Congreso aboga por penas de hasta cuatro años de cárcel a quienes “coaccionen a otra persona a iniciar o continuar una huelga”.