El PP endurece con Junts y Vox en el Senado la ley de multirreincidencia antes de su vuelta al Congreso

El pleno del Senado ha ratificado este miércoles con 156 votos a favor frente a 102 en contra la ley para luchar contra la multirreincidencia, con la incorporación de una serie de enmiendas del PP, que dispone en la Cámara alta de mayoría absoluta, de Junts y de Vox, y que suponen un endurecimiento de la norma sobre la que aprobó en su primer paso el Congreso en diciembre. Modificaciones que intentan frenar, fundamentalmente, la regularización de inmigrantes con antecedentes penales. El proyecto tendrá que volver ahora al Congreso, para refrendar o no esos cambios y pondrá en apuros ahí al Gobierno y al PSOE, que había accedido a la primera redacción en su votación en la Cámara baja en un gesto de intento de aproximación a Junts y que dice ahora que los corregirá en el pleno del jueves que viene. PP, Vox y Junts coincidieron en el debate del Senado en ofrecer una imagen de clamor ciudadano contra la inseguridad por la proliferación de los pequeños delitos.

Junts lleva tiempo promoviendo en las Cortes el debate sobre la necesidad de acometer reformas legales y penales relacionadas con la multirreincidencia, presionados por las reclamaciones de sus alcaldes sobre el terreno y por la apropiación de esa agenda electoralmente por parte de la formación ultra de los independentistas de Alianza Catalana. Este miércoles, una serie de regidores de Junts en Cataluña se ha personado en la Cámara alta para arropar la intervención de su senador, Eduard Pujol. Junts logró primero que el proyecto de esa ley saliera del cajón donde se conservan los textos que se aceptan considerar por distintas necesidades o urgencias políticas, pero que en realidad no se quieren o convienen impulsar. El PSOE, tras la ruptura con Junts de otoño pasado, transigió con reactivar esa ley para recuperar esos siete votos clave para el bloque de investidura, y la intentó modular con alguna enmienda.

El proyecto defendido por Junts cogió así aire por la precariedad parlamentaria del Ejecutivo y llegó finalmente al pleno del Senado este miércoles. Ahora los socialistas tendrán que valorar con el Gobierno si respaldan todos los cambios o vetan alguno de cara a la votación definitiva en el Congreso el próximo jueves, aunque algunas fuentes del partido minimizan la trascendencia de las alteraciones y otras avanzan que serán corregidas.

El texto de Junts supone una serie de modificaciones del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para penalizar, por ejemplo, con hasta tres años de cárcel el robo de móviles y tipifica como delito el petaqueo, que es como se denomina en determinadas zonas de España la utilización de pequeñas embarcaciones para proporcionar de bidones de combustible en alta mar a las narcolanchas.

El PP, por su parte, persigue introducir con sus enmiendas en el Senado cambios en la ley de Extranjería para exigir que todas las autorizaciones de residencia de los inmigrantes previstas en la regularización que impulsa el Gobierno precisen que el solicitante no tenga antecedentes penales ni procedimientos abiertos y que no esté sujeto a una causa penal suficiente en España o en los países anteriores de residencia. El PP también propone en esas modificaciones que se deniegue la solicitud de estancia o residencia cuando el solicitante haya sido condenado como reincidente.

El senador popular Juan Bautista Milián ha argumentado que con sus enmiendas pretenden aplicar un control más riguroso a las regularizaciones de inmigrantes: “Exigir solo una declaración responsable es convertir a España en el mayor coladero de delincuentes de toda Europa. Es hacerle el juego sucio a las mafias”. Otro senador popular, Francisco Bernabé, ha aludido con sarcasmo a los cambios de posición del PSOE con respecto a esta norma según su interés en cada momento y ha incidido en que el Gobierno de Pedro Sánchez no se ha hecho eco del clamor de inseguridad de los ciudadanos y las quejas de las fuerzas de seguridad por algunos de sus proyectos legales más polémicos. Y ha sido ahí cuando ha citado la ley del solo sí es sí, sacar a cientos de etarras a las calles, la amnistía o favorecer la ocupación.

El senador del PSOE, José María Oleaga, ha replicado acusando a PP y Vox de “criminalizar la inmigración” al relacionarla siempre con la delincuencia y ha concluido que con las mismas los populares pagan el precio a la formación ultra para que acceda a entrar en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. El PP, en realidad, aceptó solo dos enmiendas de Vox y no las más radicales, pero sí una en la que se accede a que los ayuntamientos puedan ejercer la acción penal en casos de hurtos. ERC se ha abstenido, como hizo hace tres meses en el Congreso.

El portavoz de Junts en la Cámara alta, Eduard Pujol, ha celebrado el resultado de la votación de una ley que ha etiquetado como “justa, valiente y de sentido común” y calificó de “auténtica pesadilla” y “gravísimo problema” lo sufrido por muchos vecinos y alcaldes en muchos barrios y pueblos catalanes. “No estamos hablando de robo de gallinas, como afirman los que quieren rebajar la gravedad del fenómeno de los delincuentes multirreincidentes”, ha reseñado Pujol y ha vanagloriado de haber empujado en favor de esa regulación pese al “trumpismo sin Trump de la extrema derecha” y el “discurso infantil y negacionista de buena parte de las izquierdas”.

Entre las enmiendas introducidas por el PP hay una que demanda un informe policial completo para la tramitación de autorizaciones de estancia y residencia y otra que obliga, en el plazo máximo de dos años, a ampliar con al menos un fiscal por cada 100.000 habitantes las fiscalías de área, provinciales y autonómicas. El PSOE, por su parte, ha logrado que se considere un subtipo agravado la defraudación de fluido eléctrico que podría fijar a partir de ahora un mayor reproche penal (con penas de prisión de seis a 18 meses o multas de 12 a 24 meses) para los delitos vinculados con los cultivos indoor de marihuana.