El Congreso pide parar la regularización de inmigrantes con los votos del PP, Vox y Junts

Una vez desecha la mayoría que invistió a Pedro Sánchez, las votaciones en el Congreso revelan distintas y a veces sorprendentes combinaciones de bloques políticos. Y hay uno que hasta no hace mucho tiempo parecía impensable, pero que cada vez se repite más: el que forman todas las derechas, ya sea en versión españolista o independentista catalana. Separados radicalmente por su visión de España, PP, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN) coinciden a menudo en sus postulados económicos y en otro elemento en común: la mano dura contra la inmigración. Y sobre esto último hicieron valer su mayoría este miércoles para aprobar una moción por la que el Congreso pide al Gobierno que no lleve a cabo el anunciado proceso de regularización de inmigrantes.

La moción reclama del Ejecutivo “renunciar con carácter inmediato” a su proyecto de legalizar la residencia en España de alrededor de medio millón de inmigrantes que carecen de permiso. El texto aprobado es solo una declaración, con simbolismo político, pero sin ningún carácter vinculantes para el Gobierno de Pedro Sánchez. Pone de manifiesto que en este tema el Ejecutivo carece de mayoría parlamentaria para sacar adelante sus políticas, algo con la que ya contaba cuando anunció que la medida se tramitaría mediante un decreto.

La moción logró 176 votos a favor, de los cuatro grupos mencionados, y 172 en contra de toda la izquierda, así como del PNV y Coalición Canaria. Junts la apoyó a pesar de que se rechazó una enmienda suya que pedía delegar las competencias de inmigración en Cataluña. El PP tampoco accedió a otra de Vox que exigía medidas aún más duras para expulsar a los extranjeros que carecen de permiso de residencia.

PP y Junts, apretados por la competencia de las extremas derechas de Vox, en el primer caso, y de Aliança Catalana, en el segundo, han dado un giro a sus posiciones sobre la materia. Ambos grupos apoyaron hace dos años en la Cámara baja la tramitación de una iniciativa legislativa popular que reclamaba lo que ahora han rechazado.

La moción exige paralizar la anunciada regularización con el argumento de que contradice “los principios europeos y de los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo”. También plantea medidas para devolver a sus países de origen a los extranjeros sin papeles y agilizar la expulsiones de los que hayan cometido delitos.

La propuesta se había debatido el martes, al comienzo del pleno del Congreso de esta semana, y los grupos ya dejaron claras sus posturas. El PP mostró hasta qué punto ha interiorizado el discurso que relaciona inmigración con inseguridad, y su diputada Sofía Acedo acusó al Gobierno de pretender la regularización de “miles de delincuentes”. Josep Maria Cervera, de Junts, volvió a pedir el traspaso a Cataluña de las competencias de inmigración. El Ejecutivo ya sometió en su día ese asunto a la aprobación del Congreso, pero no prosperó por el rechazo de Podemos, que acusó a Junts de mantener un discurso xenófobo. Más tarde, el Gobierno pactó precisamente con Podemos la regularización de inmigrantes con el propósito de que este grupo cambie de postura respecto a la transferencia a Cataluña.