Las borrascas sumen a las carreteras de la Sierra de Cádiz en un escenario dantesco: “La situación es penosa”

Concha Tardío es enfermera en el Hospital de Jerez, pero desde el pasado 2 de febrero no puede acudir a su puesto de trabajo. No está de baja, ni de excedencia, ni de vacaciones. Está atrapada desde ese día en su pueblo, Benamahoma (Grazalema, Cádiz), después de que un magma de tierra, rocas y pinos se la tragase, al inicio del tren de borrascas que aún mantiene a 4.005 gaditanos desalojados, según la cifra de la noche de este lunes. Era la única salida que les quedaba, después de que unas preocupantes grietas dejasen precintada la otra. “Conforme pasan los días y veo que la solución no llega, se hace menos manejable. Emocionalmente, lo llevo mal”, explica la gaditana. Como ella, más de 115.000 habitantes de los 19 pueblos de la Sierra de Cádiz están afectados directa o indirectamente por un escenario casi apocalíptico de carreteras cortadas que costará millones de euros y hasta tres años en recuperarse, según las primeras estimaciones.

La situación de destrucción que ha dejado el tren de borrascas que ha azotado la provincia de Cádiz tiene su cara más paradigmática en las carreteras de la Sierra de Cádiz. Este lunes la DGT contabilizaba 26 vías cortadas por desprendimientos, anegaciones o corrimientos, la mayoría en la Sierra de Cádiz o en la campiña de Jerez, donde el río Guadalete sigue desbordado. De ese rosario de incidencias, 19 vías afectadas son de la Diputación y siete autonómicas. Y solo esta primera administración, del PP, estima que le costará entre 15 y 20 millones arreglar las calzadas de su titularidad en un proceso que, en los casos más graves, podría precisar “de al menos 2 o 3 años hasta su completa restitución”, según avanza Javier Bello, diputado de Cooperación.

Tardío y su marido, Juan Román, son dos de los 350 vecinos de Benamahoma que primero se quedaron incomunicados en la provincia. La Junta de Andalucía —titular de la vía que les conecta al resto de la provincia y a Grazalema— hizo unas primeras actuaciones de emergencia para abrir la vía, al menos, en unas horas concretas para que los vecinos pudiesen entrar y salir. Pero el azote de Leonardo —que acabó por desalojar a sus 1.500 vecinos grazalemeños— cerró hasta esa posibilidad. “Empezó a escasear el pan y los alimentos en los dos supermercados que tenemos. Al final, el Infoca [los bomberos forestales de la Junta de Andalucía] nos ha tenido que traer alimentos y la Guardia Civil, medicinas”, explica Mamen Fernández, la alcaldesa pedánea de la localidad. “Lo estoy llevando muy mal. Se nos llena la boca hablando del medio rural, pero no invertimos en él para que no se pierda”, relata la regidora.

Una extraña ola de indignación, mezclada con peticiones a la cooperación, recorre a los alcaldes de la Sierra. La mayoría entiende que el carácter catastrófico de las borrascas —en Grazalema llovió 580 litros en un día— hacían complicado que las infraestructuras saliesen indemnes, pero afean que la falta de inversiones en la zona es ya endémica e histórica. “La situación es penosa. Llevo años mandando cartas avisando del mal estado de nuestras carreteras. No podemos ser ilusos, esto es imprevisto, pero la falta de inversiones viene de antes”, denuncia Pedro Barroso, alcalde de Torre-Alháquime, una localidad de 800 vecinos que ha perdido dos de las tres vías que le conectan con su entorno.

La Diputación de Cádiz y sus 810 kilómetros de carreteras es la que, principalmente, articula los pueblos de esta zona de Cádiz. Ahora es la principal administración afectada por los daños e interpelada por ellos. Ya tienen identificadas 15 vías dañadas, en lo que han llamado una fase cero en la que intentan con medios propios y externos recuperar la circulación en las zonas menos afectadas. Y han invertido 1,45 millones de euros en esos primeros trabajos. Bello espera que la mayoría de las carreteras se puedan reabrir en el lapso de un año, pero otras costará más. Las imágenes que han ido publicando los ayuntamientos afectados da buena cuenta de ello: la carretera que une Algodonales con Coripe (Sevilla) rota en decenas de pedazos; otra carretera con un socavón en el que cabe una persona y la A-374, la autonómica que une a la Sierra con Ronda, con un enorme socavón en el que aparece perdido al completo uno de los sentidos de la vía.

Bello asegura que cuando tomaron el testigo de la Diputación en 2023 de manos del PSOE detectaron “que la red provincial de carreteras acumulaba casi 40 años con inversiones insuficientes”. Así que activaron el plan Dipuvías 2021-2023 que dejó el equipo de gobierno saliente y ha aprobado otro que va hasta 2027 y en el que preveían incrementar el presupuesto un 30%. “En el trienio 2020- 2022 nunca se superó el millón de euros de inversión, en ninguno de esos tres ejercicios; sin embargo, en 2023, elevamos este saldo hasta los 1,8 millones y entre los años 2024 y 2025 hemos sumado una inversión cercana a los 12 millones de euros”, añade Bello.

El alcalde de Alcalá de los Gazules y anterior responsable de las carreteras en la Diputación, Javier Pizarro, no hace distinciones en el pasado y el presente: “Antes y ahora necesitan inversión potente. Estos daños no han sido normales, pero ya de antes se sufrían cortes y baches. Hace falta un análisis sosegado y una inversión sostenida”. De su etapa en el ente provincial, sabe que mantener un kilómetro de carretera cuesta “unos 100.000 euros”, también que son carreteras tan “sufridas como usadas” para articular la movilidad entre pueblos pequeños. La Diputación de Cádiz mueve unos presupuestos anuales de unos 350 millones de euros, pero la más que previsible declaración de zona catastrófica y las ayudas económicas anunciadas ya por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez podrían incrementar el margen de maniobra. “La Diputación es la administración más ágil para actuar, aprovechemos esos fondos y ayudas y dejemos de un lado las disputas para llegar a un consenso para invertir ahí”, exhorta Pizarro.

Además de las vías provinciales, las autonómicas —como la que conecta Benamahoma o la que une la Sierra con Ronda— han sufrido daños de gravedad. Pero, como en el caso de las provinciales, Pizarro asegura que en ellas también llueve sobre mojado: “En Alcalá tenemos dos autonómicas, la que va a Benalup y la que va al puerto [de montaña] de Galis que ya estaban en un estado lamentable”. Por ahora, la Junta de Andalucía no ha difundido a cuánto asciende la primera valoración de daños en Cádiz, pero el presidente Juanma Moreno hizo una estimación inicial de daños de 500 millones de euros en toda la comunidad. Mientras, ya se han realizado actuaciones de emergencia, como el aterramiento de la carretera semicolapsada que une Algodonales con Zahara de la Sierra y que evita que tanto este pueblo como El Gastor se quedasen incomunicados y la apertura de dos carreteras más. La Junta asegura que el actual Gobierno andaluz se encontró un déficit de inversión en carreteras cuando accedió al poder hace ocho años y que, desde entonces, ha invertido “un 90% más que en la última etapa socialista”.

Antes de la irrupción de las borrascas, la Administración andaluza ya había anunciado un Plan extraordinario de asfaltado, con 151,5 millones, de los que Cádiz iba a copar 22,5 millones, en dos contratos. Estas inversiones se suman a los 7,7 millones de euros que ya se invirtieron en 2025 para arreglar los daños por las DANAS. Y ahora, a su vez, se tendrán que ver incrementadas en una cantidad incierta por los nuevos daños.

A Tardío y a su marido, Juan Román, este suceso les ha empujado a dar un paso que antes era una posibilidad remota. Andan barajando la búsqueda de una vivienda en Jerez. “Llevamos muchos años con caídas de piedras y de pinos cuando llega el invierno”, explica Román, trabajador en un hotel de la red provincial Tugasa de la Diputación. Él se pregunta por qué tiene una sensación que le entristece y le indigna a partes iguales: “Pagamos los mismos impuestos que los que viven en las ciudades, quiero tener los mismos derechos”. Barroso, visiblemente molesto, habla directamente de abandono: “No tenemos médico los fines de semana, hay dos bomberos para ocho pueblos, un policía local y un guardia civil para el mío. La Administración tiene que proteger a sus habitantes, seamos 800 o uno. Hace falta una política de verdad para el medio rural, no de salón”.