Belarra irá a juicio por la demanda del exjuez García Castellón por llamarle “corrupto”

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el juez jubilado Manuel García Castellón se verán las caras en un juicio que se celebrará a las 12.00 del próximo 23 de junio en los juzgados de Madrid. El motivo es la demanda que el otrora instructor de la Audiencia Nacional presentó contra la líder política por llamarle “corrupto” y prevaricador, unas palabras por las que le reclama 240.000 euros.

“Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza”, escribió la líder morada en su red social de X el 2 de septiembre de 2024. Pocos días después, el magistrado retirado la demandó en el Tribunal Supremo, donde está aforada por su condición de diputada nacional.

En su demanda, García Castellón alegaba que se había vulnerado su derecho al honor porque no cabía duda de que las expresiones empleadas por Belarra “carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas”. Además, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya fijó que la libertad de expresión, “aunque tiene un ámbito amplio de protección, no es ilimitada”. Belarra, por su parte, defendió públicamente que los calificativos están amparados por la libertad parlamentaria que le confiere su condición de miembro del Congreso de los Diputados. La Fiscalía se posicionó junto a García Castellón al entender que los calificativos vertidos por Belarra contra el juez jubilado son “claramente ofensivos e innecesarios”, si bien abogó por rebajar la indemnización de 240.000 a 20.000 euros.

El Supremo, tras celebrar una audiencia previa para escuchar a las partes, resolvió que no era el tribunal competente para dictar sentencia porque interpretó que las manifestaciones de Belarra guardaban relación con su actividad “como dirigente político y diputada” pero que no las hizo “propiamente en el ejercicio de su cargo” en el Cámara Baja. La Sala de lo Civil explicó que las “descalificaciones” de Belarra fueron realizadas en una red social, sin conexión con un acto parlamentario, aunque en sus mensajes de X incluyera la coletilla “lo dijimos hace meses” porque en un debate parlamentario previo hizo “una referencia también descalificatoria del demandante”. “Esa simple mención contenida en el mensaje de la red social no puede considerarse como la reproducción de un acto parlamentario ni que denote la relación directa, que se imponga manifiestamente, entre la opinión expresada y las funciones parlamentarias”, zanjó el alto tribunal.

La exministra criticó que el Supremo se “quitara de encima” el asunto negándola la “inviolabilidad parlamentaria” que cree que la ampara. “Lo llaman Justicia porque reaccionarismo era muy largo”, volvió a escribir en X.

Tras desprenderse del caso, el Supremo dejó en manos de García Castellón que lo impulsase ante los tribunales competentes. Y así lo hizo, dando continuidad a esta demanda por el derecho al honor, que ha recalado en el Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid. Este martes se ha celebrado una audiencia previa donde el caso debía haber quedado visto para sentencia pero Belarra ha solicitado como novedad ―no lo propuso en el Supremo― que el propio García Castellón comparezca como testigo, lo que ha obligado a fijar fecha para juicio. Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS apuntan que la vista oral se ha señalado para las 12.00 horas del próximo 23 de junio en esa misma sede judicial.