De Ponferrada a Móstoles: atacar a la denunciante o investigar al denunciado

“Absolutamente nadie del PP me ha ofrecido durante estos meses un mínimo gesto de comprensión. Ni una sola llamada”, declaró Nevenka Fernández, exconcejal popular del Ayuntamiento de Ponferrada en la rueda de prensa posterior a la condena de su acosador, el alcalde Ismael Álvarez, la primera contra un político por ese delito. Era el año 20O2. Antes del juicio, el entonces secretario general de los populares, Javier Arenas, calificó el asunto como “de naturaleza privada”. En sus declaraciones como testigos, compañeros del consistorio y del partido acusaron a la víctima de “hacer teatro”, incluso de haberse presentado a propósito con mal aspecto el día que anunció la denuncia ―“Estaba desarreglada. Se preparó para la ocasión”, declaró Juan Elicio Fierro, concejal de Urbanismo― y criticaron su trabajo en el Ayuntamiento.

Casi 24 años después, tras revelar EL PAÍS que una concejal del PP de Móstoles había abandonado la política ante el desamparo de su partido cuando denunció un supuesto acoso, el secretario general de los populares en Madrid, Alfonso Serrano, ponía en duda sus “capacidades” como edil y aseguraba que el caso obedecía a “una vendetta personal y política”. Previamente, según los documentos presentados ante el Comité de Derechos y Garantías del PP nacional, la vicesecretaria de Organización del partido en Madrid, Ana Millán, le había advertido que no le convenía denunciar ―“¿Tú crees que vas a poder seguir trabajando allí?, porque yo creo que no”― y le recomendó: “Vete a casa, habla con tu marido”.

Los paralelismos entre ambos casos, con más de dos décadas de diferencia, pudieran dar a entender que no ha cambiado nada, pero los expertos consultados por este periódico coinciden en que no es cierto, lo cual no quiere decir que no quede mucho por cambiar. En el último año han proliferado escándalos por acoso sexual y actitudes machistas de forma transversal en partidos de izquierda y derecha; y eso, que sean un escándalo, ya indica una evolución en la percepción en la opinión pública respecto a hace dos décadas, cunado más de 3.000 personas salieron a la calle en apoyo al alcalde de Ponferrada tras su condena. “Esto ahora es un asunto [de interés social] y antes no lo era. Al menos hay una discusión pública cuando se pone el foco en la víctima”, señala Pilar Mera, profesora del departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED. “Estamos mejor que en los tiempos de Nevenka, peor de lo que podríamos estar y quizá un poco peor de lo que podríamos haber estado hace unos años porque han aparecido fuerzas políticas, como Vox, que ponen todo esto en cuestión. El mensaje debería ser qué hay que reforzar y a dónde no podemos volver”, añade.

La ley del solo sí es sí (2022) estableció la obligación de que “los partidos políticos y las organizaciones sociales legalmente constituidas” tengan un “protocolo para prevenir, detectar y combatir la violencia machista, incluyendo el acoso sexual. ”Los protocolos", afirma la politóloga y socióloga Cristina Monge, están relativamente bien diseñados sobre el papel, aunque siempre se puedan mejorar, pero lo importante es que se cumplan. Las cosas han cambiado mucho desde el punto de vista de la conciencia social, pero hay quien sigue creyéndose inmune. La reacción del PP ante el caso de Móstoles es un Nevenka 2. Permanece la percepción de sospecha, te van a creer más si denuncias el robo de tu móvil que un acoso sexual. El lema del ‘hermana, yo sí te creo’ ha sido contraproducente por la interpretación que se le ha dado. La clave es ‘hermana, yo sí te escucho’. Es decir, lanzar señales inequívocas de que si se presenta una denuncia de acoso se va a investigar, llamando a denunciante y denunciado, con garantías de confidencialidad e imparcialidad y sabiendo que nadie te va a intentar disuadir". “En el caso del PSOE”, añade, “pensó que esto no iba a pasar en sus filas porque abandera las cuestiones que tienen que ver con el feminismo. Y han aprendido a palos que corruptos y acosadores los hay en todas partes. Ningún partido está a salvo de esto, la diferencia está en cómo lo gestionan y ahí queda mucho por afinar”.

En el escándalo que señaló a Íñigo Errejón, entonces portavoz parlamentario de Sumar, fueron denuncias anónimas vertidas en redes sociales las que provocaron su salida de la política en octubre de 2024. Un lunes se conocieron las denuncias y el jueves de esa misma semana, tras hablar con la líder de la formación, Yolanda Díaz, dimitió. El caso se judicializó después con la denuncia de Elisa Mouliá, a la que Sumar prestó apoyo jurídico, y que recientemente ha renunciado a ser acusación en la causa, que sigue su curso. Un dirigente de Sumar admitió entonces que, antes de las elecciones generales de 2023, habían tenido conocimiento de una denuncia similar, pero la denunciante borró el mensaje. En todo caso, el ministro Ernest Urtasun reconoció que los mecanismos internos de prevención y detección habían ”fallado”.

En cuanto al socialista Francisco Salazar, estrecho colaborador del presidente Pedro Sánchez, renunció al cargo el día que iba a ser nombrado como de la ejecutiva del PSOE, así como a su puesto de asesor en La Moncloa, porque Eldiario.es reveló que pesaban contra él denuncias por acoso sexual. Pero el mismo medio informó de que cinco meses después el partido ni siquiera había llamado a las denunciantes. Esa revelación indignó a las responsables de Igualdad de federaciones socialistas, quienes mostraron su malestar en público, exigieron explicaciones e incluso reclamaron que se llevara el asunto a la Fiscalía. Sánchez terminó pidiendo perdón públicamente. También tuvo que hacerlo la actual candidata a la presidencia de Aragón, la exministra Pilar Alegría, cuando se descubrió que había comido con Salazar después de conocerse esas denuncias por acoso, algo que reconoció posteriormente como “un error”.

El caso más reciente afecta al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, hombre de confianza de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien promovió su candidatura. También fue destapado por un medio de comunicación, EL PAÍS, cuando la denunciante, una concejala del Ayuntamiento, ya había abandonado la política, desanimada por la falta de amparo de su partido. Según ha revelado este periódico, los populares la presionaron para que no denunciara ―incumpliendo su propia normativa interna y código disciplinario― y, una vez destapado el escándalo, han tratado de desacreditar a la edil vinculando la denuncia al despecho por su ambición política, al asegurar que aspiraba a un cargo -teniente de alcalde- que no se le concedió, y difundiendo el bulo de que ya había denunciado antes por el mismo motivo a otros hombres, para presentarla como alguien problemático.

Los tres casos indican que el acoso sexual es un problema transversal, del que ningún partido se libra ―tampoco los que abanderan su combate― y que la falta transparencia trabaja siempre en favor de los denunciados y en contra de las denunciantes. “Ninguno de estos casos”, señala el politólogo Pablo Simón, “ha salido [a través] de los cauces de denuncia interna y eso está indicando una incapacidad: los mecanismos de anticipación no parecen estar funcionando”.

Mera añade: “Ningún colegio te puede asegurar que está libre de bullying, pero si aparece [un caso] puede actuar de una manera o de otra. Con los partidos igual. En el caso Salazar se vio que si no había alguien apretando desde fuera, el asunto se aparcaba y no se llamaba a las denunciantes. Salazar representa un cierto tipo de hombres que viven en otro tiempo y no han entendido que ciertas conductas ya no son tolerables. En el caso de Sumar no hay esa excusa generacional, creo que se arriesgaron al poner en un puesto de responsabilidad a alguien que tenía problemas. Y en el del PP, directamente han puesto el foco en la víctima, revelando, además su identidad”.

El sociólogo Luis Miller, investigador del CSIC y autor del libro Polarizados, cree que el problema de fondo es “la falta de control interno en los partidos políticos”. “Son estructuras completamente opacas y jerárquicas y, si denuncias al jefe, hay muchísima gente que depende de él. El error en común es la falta de transparencia. En parte, el caso Salazar es el mismo problema que el del alcalde de Móstoles: una resistencia interna inicial. Creo que al PP y al PSOE les cuesta más porque se juegan más. Por otro lado, el ambiente de campaña electoral que vivimos aumenta la competición y ha hecho que afloren este tipo de casos. La lupa está siempre puesta y eso no es siempre malo”.

El periodista y escritor Ignacio Peyró, colaborador de este periódico que trabajó como asesor del presidente Mariano Rajoy en la unidad de discursos, cree que “la sensibilidad hacia los abusos ha sido tardía” y que muchas veces, se ha entendido que “un grado de hostigamiento era consustancial y quien chistaba, ‘problemático’ o ‘quejica’, no solo para los jefes, sino para los compañeros”. Coincide con Miller en que los partidos son “lugares cerrados y jerárquicos donde es más fácil que el abuso se naturalice”, porque imperan “vínculos de confianza” que favorecen que se perpetúen ese tipo de compartimientos. Cree, en todo caso, que cada vez “se lo toman más en serio” y hay “menos silencio”.

Los expertos consultados coinciden en que quizá la reacción ante el escándalo que afecta al alcalde de Móstoles habría sido distinta de haber ocurrido antes del auge de Vox y, sobre todo, en un territorio distinto al de la Comunidad de Madrid. En cuanto al silencio de las mujeres del PP sobre esta denuncia, en contraste con la indignación que generó entre numerosas socialistas la dejadez ante el caso Salazar, el politólogo Pablo Simón explica: “La organización interna de las mujeres dentro del PSOE es mucho más intensa que la que de las mujeres dentro del PP. Las populares son populares antes que mujeres y las socialistas mujeres antes que socialistas y tienen una gran capacidad de influir con el feminismo en los programas del PSOE, mientras que a las dirigentes del PP les preocupan más otros factores. El único caso en el que se vio una reacción, aunque también desarticulada, de mujeres del PP en ese sentido fue cuando algunas dirigentes se plantaron ante la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón. Pero creo que el caso de Móstoles habría tenido mayores implicaciones internas en 2018, antes de que las derechas hubieran endurecido su discurso en torno a la igualdad por la presión creciente de Vox. Antes había más consenso, ahora la derecha ha incluido al feminismo en su trinchera ideológica”. Monge recuerda también aquel plante por la ley Gallardón, advierte de que cada vez quedan en los partidos menos perfiles de versos sueltos como los que abanderaron aquella revuelta y cree que el silencio actual de las mujeres del PP sobre el caso de Móstoles “obedece más a un temor a represalias internas, sobre todo porque ha ocurrido en el territorio de Ayuso”. “Quizá, de haber estallado en otro sitio, la reacción del PP habría sido diferente”, afirma.

Sánchez pidió perdón por la gestión de las denuncias del caso Salazar. Feijóo ha cerrado filas con el argumentario de Ayuso sobre la denuncia contra el alcalde de Móstoles. En ese ambiente de campaña permanente, donde cada declaración y gesto es estratégico, cabe preguntarse si esa diferente reacción posterior en los distintos partidos, tras una negligencia inicial que puede ser compartida, obedece a una interpretación ―correcta o no― de qué asuntos incentivan o desincentivan al propio electorado. Tanto Simón, como Monge y Mera coinciden en que el caso Salazar ha hecho más daño al PSOE que los escándalos de corrupción que afectan a dos de sus secretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Es decir, la izquierda también comete errores en la gestión de denuncias de acoso, pero aunque sea menos vehemente que la derecha, los paga más caros porque forman parte de su “línea de flotación”. “La cuestión del feminismo”, explica Simón, “es mucho más sensible en la izquierda, como se vio en las encuestas después del caso Salazar. Es como si Vox mañana gestionara la cartera de inmigración y las llegadas fueran un descontrol. Al PP le afectan más otro tipo de cuestiones más relacionadas con la gestión económica”.

Los populares se habían preparado la semana confiando en estirar la comparecencia de Salazar en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado ―en la que la gestión de las denuncias de acoso sexual acaparó la sesión― porque les ofrecía un elemento de desgaste de la candidata socialista en Aragón, Pilar Alegría. Y la revelación por parte de este periódico de las presiones a la concejal que denunció por acoso al alcalde de Móstoles no variaron un ápice esa estrategia. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, se ampara ahora en que la edil de Móstoles no acudió a la justicia, requisito que no exigió para criticar la gestión del PSOE en el caso Salazar. Pero la incoherencia en este asunto, señalan los politólogos consultados, afecta mucho menos al PP que al PSOE, que desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero asumió la igualdad y el feminismo como una de sus banderas.

¿Hay solución? La socióloga Cristina Monge propone una: “Que cada año, los partidos detallen cuántas denuncias por acoso han recibido, qué han hecho con ellas y en cuánto tiempo las han resuelto. Si dicen que no han recibido ninguna es para sospechar”.