El PP torpedea ahora el pacto con Page para reformar el Estatuto de Castilla-La Mancha por la presión de Vox

El Partido Popular ha frenado el acuerdo para la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Una decisión que ha tomado ahora y después de haber pactado, tanto en las Cortes regionales como luego en el Congreso, con el PSOE de la comunidad, pilotado por su presidente, Emiliano García-Page. Tras más de dos años de negociación entre las dos principales fuerzas políticas, la norma fue aprobada en junio pasado en Toledo y enviada luego a la Cámara baja para su ratificación, donde pasó el primer examen por mayoría absoluta en pleno en noviembre.

La ley seguía su recorrido y se encontraba en fase de comisión. Pero el grupo parlamentario de Alberto Núñez Feijóo ha planteado este miércoles una enmienda al texto: quiere cambiar el artículo por el cual se aumenta el número de escaños de 33 diputados autonómicos a 55 y dejar la cifra tal como estaba. Lo hacen, según alegan fuentes populares de Castilla-La Mancha, para frenar “el bulo” esparcido por Vox.

Esa falsa información que alega el Partido Popular son las acusaciones esgrimidas por la formación de Santiago Abascal. Vox ha cargado en Castilla-La Mancha contra PSOE y PP por el acuerdo sellado entre el “bipartidismo” para reformar el estatuto. Pero también ha arremetido contra Page y Paco Núñez, líder de los populares en la comunidad, por ese crecimiento en el número de diputados contemplado en el mismo. La subida del tono de los ultras por este asunto ha provocado que el grupo de Feijóo plantee ahora esa enmienda, según defienden.

“Queremos cortar la sangría de esos bulos”, explican fuentes del PP autonómico. En el equipo de Page desdeñan las “excusas” dadas por el Partido Popular. “Lo que realmente no quieren es un acuerdo con el PSOE”, señalan fuentes del entorno del presidente de Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha es, junto a La Rioja, la comunidad con menos representantes en su cámara autonómica. Ambas cuentan con 33, pero Castilla-La Mancha tiene 1,7 millones de habitantes más. Otras regiones con una población similar, como Canarias y País Vasco, tienen 70 y 75 diputados, respectivamente.

En octubre de 2024, el PP ya registró en las Cortes regionales la enmienda para no aumentar el número de escaños. Este hito hizo tambalear la negociación hasta que, el pasado mayo, el PP aceptó ampliar la horquilla hasta los 55 diputados. Eso sí, Núñez, en una entrevista en Cope, mantuvo que dicho número le seguía pareciendo “una barbaridad”. En cualquier caso, esa modificación solicitada no prosperó y, sin embargo, el Partido Popular votó a favor de la reforma tanto en el Parlamento autonómico como luego en el Congreso con el aumento en el número de escaños. Todo después de una entente con los socialistas que supuso un inusual acuerdo entre los dos principales partidos.

Meses después, el pacto está en la picota tras la nueva enmienda presentada este miércoles en el Congreso por los populares y que tendrá que ser debatida en el corto plazo. En caso de no prosperar, fuentes del PP de Castilla-La Mancha no aclaran cuál será el sentido de su voto en el debate final de la reforma del estatuto en la Cámara baja, que requiere de una mayoría absoluta para salir adelante.

Norma que data de 1982

La modificación de la norma, que data de 1982, logró un respaldo holgado en el debate de totalidad en noviembre en el Congreso con 288 votos a favor, 34 en contra y 13 abstenciones. Vox y UPN rechazaron la propuesta. Mientras que Junts y EH Bildu no votaron. Además del aumento en el número de diputados, la reforma del estatuto recoge otros aspectos, como el blindaje de los servicios públicos e incorpora la estrategia de lucha contra la despoblación. El nuevo articulado, además de reforzar “los derechos sociales”, “la garantía de la igualdad de las personas y los territorios” o “la atención a las necesidades específicas de los más vulnerables”, además de limitar los aforamientos de los diputados regionales y del Consejo de Gobierno e introduce la figura del decreto ley.

Previo a ese debate en el Congreso, las Cortes de Castilla-La Mancha habían aprobado también por mayoría absoluta el 2 de junio de 2025 la reforma de su estatuto de autonomía. El texto contó con el sí del PP y del PSOE y con la abstención de Vox. Desde su aprobación en 1982, el estatuto castellanomanchego ha pasado por cuatro reformas, la anterior en 2014, bajo el mandato de la popular María Dolores de Cospedal.

La expresidenta manchega, que gobernó con el PP con mayoría absoluta desde el 2011 hasta el 2015, fue la responsable de modificar la ley electoral para reducir el número de asientos en el convento de San Gil, el edificio toledano donde se encuentra la Cámara autonómica. Cospedal defendió la medida como un “ejemplo de austeridad”, mientras que el PSOE autonómico la tildó de “cacicada”.