Claves | El nuevo estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha blinda los derechos sociales y aumenta el número de parlamentarios

Después de una negociación que ha durado más de dos años, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por mayoría absoluta el pasado jueves la reforma de su estatuto de autonomía. El texto contó con el sí del PP y del PSOE y con la abstención de Vox. Desde su aprobación en 1982, el estatuto castellanomanchego ha pasado por cuatro reformas, la última en 2014, bajo el mandato de María Dolores de Cospedal. La reforma debe de ratificarse ahora en el Congreso de los diputados. El presidente de la región, Emiliano García-Page, el líder de la oposición, Paco Núñez, y la portavoz socialista en la Junta, Ana Isabel Abengózar, serán quienes presenten y defiendan el nuevo estatuto.

Blindaje de las políticas sociales

La reforma del estatuto de autonomía incide en la “evolución de la sociedad en su conjunto” y, por ello, blinda la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Por tanto, “garantiza, afianza y protege” la igualdad efectiva entre mujeres y hombres “en todos los ámbitos”. Con respecto a las personas con discapacidad “tienen derecho al reconocimiento y al respeto social y a beneficiarse de las políticas que garanticen su autonomía y libertad” y garantizarán su acceso a “la protección y apoyos necesarios para su desarrollo personal, económico y social”.

Además, la comunidad autónoma “velará por la convivencia social, cultural y religiosa de la comunidad gitana” y de otras minorías, “garantizando el respeto de su diversidad y el derecho a beneficiarse de políticas interculturales que contribuyan a su plena integración social y a su participación en los asuntos públicos”.

Hasta 55 diputados

La Junta de Castilla-La Mancha podrá tener hasta 55 diputados, 22 más que el tope actual. Esta reforma ha sido la que más fricción ha generado entre el PSOE y el PP castellanomanchegos. El pasado octubre, la formación encabezada por Paco Núñez presentó una enmienda para que ese tope no sobrepasara los 35 diputados, en lugar de los 59 que había propuesto el PSOE. Este cambio bloqueó la negociación hasta que, el pasado mayo, el PP aceptó ampliar la horquilla hasta los 55 diputados. Núñez, en una entrevista en Cope, mantuvo que este número le sigue pareciendo “una barbaridad”.

La expresidenta manchega, María Dolores de Cospedal, que gobernó con el PP con mayoría absoluta desde el 2011 hasta el 2015, modificó la ley electoral para reducir el número de asientos en el convento de San Gil, el edificio toledano donde se encuentra la Cámara autónoma. Cospedal defendió esta medida como un “ejemplo de austeridad”, mientras que el PSOE autonómico ha tildado esta medida de “cacicada”.

Castilla-La Mancha es, junto a La Rioja, la comunidad con menos representantes en su cámara autonómica. Ambas cuentan con 33, pero Castilla-La Mancha tiene más de 1.700 millones de habitantes más. Otras regiones con una población similar, como Canarias y País Vasco, tienen 70 y 75 diputados, respectivamente. Tras las protestas de Vox, Paco Núñez matizó que el aumento no será efectivo en los próximos comicios, previstos para 2027.

Pacto Regional del Agua

El nuevo estatuto incluirá el Pacto Regional del Agua, fruto también de la negociación del PSOE y PP castellanomanchegos. El acuerdo se firmó en diciembre de 2020 y recoge en 16 puntos la posición común en la región sobre la gestión de los recursos hídricos. Además, revisa las normas de explotación del polémico trasvase Tajo-Segura, con el fin de amainar las tensiones con las autonomías receptoras de agua, Murcia y Valencia.

Medidas contra la despoblación

El documento refleja la preocupación de las instituciones castellanomanchegas por la despoblación. La reforma establece que los poderes públicos autonómicos articularán “las medidas de carácter institucional, económico, industrial y social que sean necesarias para fijar, integrar, incrementar y atraer población”. Asimismo, asienta el derecho a “un desarrollo integral del medio rural en Castilla-La Mancha”, así como “a garantizar servicios básicos e igualdad de oportunidades para sus habitantes”.

Financiación

Emiliano García-Page fue uno de los dirigentes socialistas más duros con el acuerdo de financiación singular que el Gobierno propuso a ERC y Junts. Por ello, el proyecto de la reforma detalla que la financiación de la Junta “no podrá implicar discriminación alguna para Castilla-La Mancha respecto de las restantes Comunidades Autónomas”. “Se ponderarán adecuadamente los factores de superficie territorial, dispersión demográfica, baja densidad y envejecimiento de la población” para determinar la asignación que dentro del sistema de financiación de las comunidades autónomas.