PP y PSOE desatascan la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha

Fumata blanca en las Cortes de Castilla-La Mancha para desbloquear la reforma del Estatuto de Autonomía y aumentar el número máximo de diputados, que ahora es de 33. PP y PSOE han acordado una horquilla de entre 25 y un máximo de 55 en las Cortes, una de las Cámaras menos holgadas del país. El acuerdo permite desencallar la tramitación de un texto paralizado desde el pasado mes de octubre, cuando los populares se descolgaron de una propuesta inicial acordada con los socialistas para situar esa horquilla entre los 25 y los 59 escaños. El PP de Castilla-La Mancha presentó una enmienda en solitario para que ese tope no sobrepasara los 35 diputados, lo que llevó a los socialistas a romper las negociaciones acusando a los populares y a su líder, Paco Núñez, de incumplir su palabra y someterse a las directrices de la dirección nacional del PP.

El texto, que ahora deberá pasar por las Cortes regionales antes de ser remitido al Congreso de los Diputados para su aprobación, salva así su escollo más importante tras el apoyo del PP a una enmienda transaccional de los socialistas que acepta rebajar la horquilla máxima hasta los 55 diputados y que deja en suspenso su aplicación hasta después del 31 de diciembre de 2027, por lo que no afectará a las próximas elecciones autonómicas. La enmienda también establece que cualquier cambio en la ley electoral para retocar el número de diputados requerirá una mayoría reforzada de tres quintos de la Cámara. No se podrá abordar, por lo tanto, sin el concurso de los dos grupos mayoritarios. Las elecciones de 2023 arrojaron 17 diputados para el PSOE, 12 para el PP y 4 para Vox.

El acuerdo satisface a ambas formaciones. Los socialistas renuncian a los 59 diputados para facilitar la tramitación del texto y los populares logran rebajar ese tope, aunque sea por la mínima, en cuatro escaños. “Quien gana con el acuerdo del Estatuto no es el PP ni el PSOE, sino Castilla-La Mancha y los castellano-manchegos”, decía la portavoz del PP en la Cámara regional, Alejandra Hernández. El sí del PP al nuevo texto, refrendado este lunes por el Comité Ejecutivo del PP regional —con la presencia de la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra— no implica que se llegue a ese máximo, como ya se ha encargado de matizar Paco Núñez, líder de la formación en Castilla-La Mancha. “55 diputados me sigue pareciendo una barbaridad”, decía hace unos días en una entrevista en la Cope.

Con 33 diputados en la actualidad, el de Castilla-La Mancha es, junto a La Rioja, uno de los parlamentos autonómicos más pequeños del país. Comunidades con una población similar a la castellano-manchega, como Castilla y León o Euskadi, cuentan con muchos más escaños. El Ejecutivo de Emiliano García-Page se marcó desde el inicio aumentar esa horquilla para corregir la infrarrepresentación de sus casi 1,6 millones de electores y corregir lo que considera una “cacicada” de María Dolores de Cospedal, que en sus cuatro años como presidenta de la región, entre 2011 y 2015, aprovechó su mayoría absoluta para modificar la ley electoral y rebajar de 49 a 33 el número de asientos en el toledano Convento de San Gil, sede de la Cámara autonómica. Una medida que Cospedal defendió para “dignificar la política” y dar “ejemplo de austeridad”.

La vigente ley electoral, que otorgaba más diputados a las provincias en las que el PP suele cosechar más apoyos, hizo que García-Page estuviera a punto de perder la presidencia de la comunidad en 2023, que consiguió retener por un puñado de votos. En el PSOE celebran que el PP levante su veto al texto y se afanan en explicar la importancia de la reforma estatutaria en un debate, el del aumento de diputados, que no siempre es entendido entre la ciudadanía. El estatuto castellano-manchego se aprobó en 1982 y ha sufrido cuatro modificaciones. El último intento de reforma, con el socialista José María Barreda en 2010, naufragó en el Congreso por la negativa del PP a apoyar una reserva hídrica que, en la práctica, suponía la derogación del trasvase Tajo-Segura.

PSOE y PP coinciden en la necesidad de adaptar el Estatuto a los cambios sociales y a las competencias que las comunidades autónomas han asumido en este tiempo. El nuevo articulado blindará los servicios públicos e incorporará la estrategia de lucha contra la despoblación, pero también limitará los aforamientos de los diputados regionales y del Consejo de Gobierno e introducirá la figura del decreto-ley. Es, según el secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, un estatuto “regionalista” que “se identifica mucho” con el PSOE de Castilla-La Mancha. “Un regionalismo para crear igualdad, promover nuevos derechos y fortalecer los servicios sociales”, asegura Gutiérrez, que confía en que “no haya más sustos en el último momento” por parte del PP.