Las Cortes de Castilla-La Mancha obligan a la dirección nacional de Vox a devolver 34.345 euros que se arrogó sin ser suyos

La dirección nacional de Vox ha tenido que devolver 34.345,64 euros a las Cortes de Castilla-La Mancha después de que el interventor de la institución autonómica detectase que habían sido transferidos irregularmente desde el grupo parlamentario ultra en el Parlamento regional a la caja central del partido en Madrid. Así consta en el Informe de fiscalización de las subvenciones a los grupos parlamentarios, aprobado este lunes por la Mesa de la Cámara, en el que se acusa a la dirección del partido que preside Santiago Abascal de “arrogarse el derecho a que le sean transferidos fondos” que no son suyos.

Según el informe del interventor de la institución, el grupo parlamentario de Vox, que cuenta con cuatro diputados autonómicos, recibió 265.848 euros de subvención de las Cortes castellano-manchegas para garantizar su funcionamiento el año pasado. Sin embargo, gran parte de esa cantidad acabó en las arcas del partido en Madrid. En concreto, el grupo parlamentario regional transfirió a la dirección nacional 53.170 euros por servicios prestados y otros 34.345,64 en concepto de “remanente no empleado”.

La primera partida corresponde a los servicios que supuestamente habría prestado el aparato central del partido a su grupo parlamentario en Toledo. Se trata de conceptos genéricos, tales como “asesoramiento estratégico en el ámbito de negociaciones con otros partidos”; “planificación, organización y coordinación de las estrategias de comunicación”; o “posicionamientos políticos, material informativo y mensajes institucionales”, así como “fiscalización y revisión de datos contables”, en los que un total de 12 empleados de la sede central de Vox habrían trabajado más de 2.500 horas durante el año pasado para el grupo de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha. El interventor reconoce que no controla la veracidad de estos datos y se limita a dar por buena la declaración responsable del tesorero nacional de Vox, Pablo Sáez, de que estos mismos costes no han sido imputados también al grupo parlamentario del partido en otra comunidad autónoma.

Es decir, Vox financia al menos una parte de la nómina del personal que trabaja en su sede central de la madrileña calle Bambú con las subvenciones que reciben sus grupos parlamentarios regionales (y también los municipales), a pesar de que estos cuentan con empleados pagados con fondos públicos para estos fines. De hecho, Vox tiene un asesor y un administrativo a sueldo de las Cortes castellanomanchegas.

El sistema de financiación centrípeta de Vox –es decir, la absorción de subvenciones públicas desde la periferia del partido hacia el aparato central— ha sido aceptado por el Tribunal de Cuentas, siempre que los pagos se formalicen a través de convenios entre la formación y los grupos institucionales que reflejen los servicios prestados por la primera y su valoración económica. Inicialmente, Vox se limitaba a exigir sin más la entrega de las subvenciones que recibían sus cargos electos, según denunció en septiembre pasado la exportavoz del grupo ultra en el Parlamento de Baleares. “Vox es una estafa piramidal. Me he visto presionada para transferir ingentes cantidades de dinero público al partido”, aseguraba Idoia Ribas.

Ahora, por el contrario, canaliza la transferencia de fondos a través de la firma de convenios, hasta el punto de que los 15 grupos de Vox en asambleas regionales aportaron casi 1,6 millones a la caja central del partido el año pasado, según reflejan las cuentas de la formación ultra. Tras la sustitución de Idoia Rivas, la aportación de Baleares se multiplicó casi por diez, pasando de 8.800 a 86.000 euros en un año. Si a los fondos transferidos desde los parlamentos autonómicos se suman los de ayuntamientos, cabildos, diputaciones, Congreso y Senado, la suma total que recibió el aparato central del partido desde los grupos institucionales ascendió en 2024 a 3,5 millones de euros; un aumento de más del 60% respecto al año anterior.

‘Cláusula escoba’

Sin embargo, la Intervención de las Cortes castellano-manchegas ha denunciado como “nula de pleno derecho” y “contraria al ordenamiento jurídico” una cláusula extraordinaria incluida en el convenio entre la dirección nacional de Vox y su grupo regional. Se trata de una disposición en virtud de la cual, “finalizado el año natural, el grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha abonará a [la dirección nacional de] Vox la cantidad sobrante no empleada”. Se trata de que todo aquel dinero que no se haya gastado acabe en el bolsillo del partido ultra en Madrid, obviando que su finalidad es garantizar el buen funcionamiento de las instituciones autonómicas.

El informe del interventor advierte de que es un hecho “palmario que las cantidades entregadas a la formación política [en Madrid] lo son en contraprestación a los servicios prestados al grupo institucional, que es el beneficiario de la subvención otorgada por las Cortes de Castilla-La Mancha […] y es a la Mesa de dichas Cortes a quien debe rendirse cuenta del empleo de dichos fondos y, en su caso, quien podrá exigir el reintegro de las cantidades no utilizadas o indebidamente justificadas”. Y añade: “En ningún caso la formación política Vox puede arrogarse el derecho a que le sean transferidos fondos que no responden a ninguna contraprestación y sobre los que no tiene potestad de control alguno”.

El interventor hace constar que Vox devolvió este dinero, tal como se le había requerido, el pasado día 29. Por tanto, los 95.703 euros que figuran en las cuentas del partido de Abascal como recibidos el año pasado de su grupo parlamentario en Toledo se han reducido a solo 42.533. Se ignora en cuántos otros parlamentos regionales ha puesto en práctica Vox esta cláusula escoba por la que el aparato central del partido se queda con el dinero que no se haya gastado a final de año, en vez de devolverlo a la institución afectada. Lo que sí sabe es que todos los convenios se han elaborado a partir de un patrón común impuesto desde la sede nacional a sus grupos institucionales repartidos por España.