Vox ha perdido 7,3 millones y más de la cuarta parte de las cuotas de sus afiliados en solo tres años

Vox sigue subiendo en las encuestas. Los sondeos difundidos en los últimos meses muestran un crecimiento sostenido de las expectativas electorales del partido ultra, que ha conseguido marcar la agenda política con episodios como los disturbios de Torre Pacheco o la moción islamófoba de Jumilla. Pero esta imagen exterior oculta una grave crisis de la formación, que sufre desde hace tiempo una sangría constante de afiliados y un agudo deterioro de su situación patrimonial, según se desprende del análisis de sus cuentas anuales.

En los tres últimos años, la formación que preside Santiago Abascal ha perdido 7,3 millones de euros. En concreto, 1,9 millones en 2022, 2,6 millones en 2023 y 2,7 en 2024. Este balance negativo contrasta con los 12,2 millones que el partido ganó entre 2018 y 2020, los tres primeros años en los que estuvo presente en las instituciones, tras su sorpresiva irrupción en el Parlamento andaluz en diciembre de 2018. El año con mayores beneficios fue 2020, cuando el superávit de sus cuentas rozó los seis millones de euros, para caer drásticamente hasta solo 187.678 euros en 2021. Desde entonces, ha acumulado números rojos cada vez más abultados. Como consecuencia de ello, el patrimonio neto de la organización se ha reducido en un 68,5% en solo tres años, pasando de 11,8 millones de euros a solo 3,7 entre 2021 y 2024.

En comparación, el PP, el partido que mejores resultados electorales ha obtenido y más subvenciones ha recibido en este periodo, ha ganado 24 millones en tres años y ha aumentado su patrimonio neto en un 38,7%. Por su parte, el PSOE, desalojado de numerosos gobiernos autonómicos y municipales, ha perdido 1,1 millones y ha visto reducido su patrimonio en un 25%. Tras perder 3,9 millones en 2023, año de múltiples citas electorales, los socialistas cerraron 2024 con un superávit de 1,3 millones. Una recuperación que no se ha producido en el caso de Vox.

65.615 afiliados nominales

A finales del pasado mes de junio, en vísperas de la asamblea anual en la que se aprobaron sus cuentas anuales correspondientes a 2024, el tesorero del partido ultra, Pablo Sáez, dirigió una carta a los afiliados en la que justificaba los malos resultados económicos alegando que el Ministerio del Interior debía a la formación 1,8 millones de euros correspondientes a las subvenciones de los procesos electorales de 2023. A ello se suma, según la misiva, la multa de 862.496 euros que le impuso el Tribunal de Cuentas por haber incurrido en financiación ilegal continuada entre los años 2018 y 2020. El motivo es el ingreso en efectivo de más de 400.000 euros a través de pequeñas imposiciones anónimas en cajeros automáticos. El partido las justifica como producto de su “actividad promocional” en mesas informativas, pero el Tribunal de Cuentas sospecha que esos ingresos de origen desconocido encubren donaciones ilegales. Solo esa multa, subraya Pablo Sáez en su misiva, representa “el 28% de la pérdida [total] del ejercicio”. Vox ha recurrido ante el Supremo tanto esta sanción como otra que, por importe de 233.324 euros, le impuso también el Tribunal de Cuentas por recaudar donaciones finalistas —condicionadas a un objetivo concreto— que están prohibidas por ley.

Además, el tesorero reconoce que la reducción del 6% de los gastos de la gestión ordinaria que ha realizado el partido “no ha venido acompañada del incremento previsto de los ingresos de origen privado, consecuencia del descenso de los afiliados al corriente de pago de la totalidad de las cuotas”. Aunque la carta no cuantifica ese descenso, el informe anual de cuentas señala que Vox tenía a 31 de diciembre de 2024 un total de 65.615 afiliados, 1.334 menos que un año antes, pero reconocía que solo 32.022 de ellos, algo menos de la mitad, estaban al corriente de pago. La hemorragia de afiliados que ha sufrido Vox en los últimos años queda patente si se comparan los ingresos por cuotas declarados en 2021, por un importe total de 5.117.041 euros, con los de 2024: solo 3.761.130 euros. La merma es de 1.355.911 euros; es decir, una caída del 26,5% en tres años.

82% de ingresos procedentes del Estado

Por el contrario, las transferencias al aparato central del partido, en la madrileña calle Bambú, de fondos procedentes de los grupos de Vox en las distintas instituciones democráticas (Cortes Generales, parlamentos autonómicos, diputaciones, cabildos o ayuntamientos) han crecido un 61% solo en el último año, hasta sumar 3,5 millones y casi igualar el montante de las cuotas de todos los afiliados. Aunque el partido ultra defiende en su programa la eliminación de las ayudas públicas a los partidos políticos y sindicatos (estas últimas las ha recortado en las instituciones donde ha gobernado, pero no las primeras), el 82% de sus ingresos procede de las arcas del Estado.

El otro gran agujero de las cuentas de la formación ultra procede de los créditos que le ha concedido el banco húngaro MBH, controlado por el Gobierno de Viktor Orbán, padrino de Vox en Europa. En 2023, Vox recibió un préstamo de 6.592.152 euros de la entidad húngara por el que pagó 1.059.319 euros de intereses; y en 2024 percibió otro por importe de siete millones, de los que a finales del año pasado aún debía algo más de dos. Sorprendentemente, el tipo de interés que Vox abona al banco húngaro, entre el 11% y el 15%, es muy superior al de los préstamos que le han concedido entidades financieras españolas (BBVA, Santander y La Caixa), entre el 6,2% y el 8,4%. También en este caso, el tesorero del partido atribuye el alto coste financiero que ha asumido Vox al retraso en el pago de las subvenciones electorales, por lo que ha reclamado ante los tribunales que el Estado se haga cargo de los intereses que ha pagado al banco vinculado a Viktor Orbán.

Sin contar los abultados costes financieros, Vox perdió dinero en todas las campañas electorales de 2024, con excepción de las elecciones europeas, en las que ganó 410.533 euros. La más ruinosa fue la campaña de las gallegas, en la que perdió 585.793 euros, pues no sacó ningún escaño y no tuvo derecho a subvención. El maratón electoral de 2023 (generales, municipales y autonómicas) se saldó con casi 400.000 euros de déficit. Si se suman los intereses de los créditos, las pérdidas de todas estas citas con las urnas sumaron más de 1,8 millones.

Casi 11 millones a Disenso

Pese a todo, la descapitalización de Vox no se explicaría si sus arcas no se hubieran vaciado mediante un flujo continuo y multimillonario de fondos hacia la fundación Disenso, que funciona como una estructura paralela. Además de la aportación inicial de 400.000 euros, Vox le ha transferido 2,5 millones anuales en los años 2021, 2022 y 2023 y otros 2 millones en 2024, además de un millón en el primer semestre de este año. En total, 10,9 millones de euros en cinco años, lo que supera con creces las pérdidas totales del partido en este periodo.

Disenso está vinculada a Vox y funciona como su brazo armado en la “batalla cultural”. El Tribunal de Cuentas revisa su contabilidad, pero no de forma tan estricta como hace con la del partido y los afiliados de Vox, más allá de aprobar a posteriori los trasvases de fondos, no tiene ningún control sobre la gestión o las finanzas de Disenso. Santiago Abascal es patrón perpetuo de la fundación a título personal —es decir, lo seguirá siendo aunque deje de presidir Vox— y sus directivos son elegidos por cooptación del patronato, sin mecanismo democrático alguno. En octubre de 2023, en plena polémica por las trasferencias de fondos a Disenso, dimitió el hasta entonces gerente del partido, Juan José Aizcorbe.

Aunque los gastos de Vox se han reducido en un 5,3%, la partida destinada a retribuir a los miembros de la dirección ha crecido un 2,5% en el último año, hasta sumar 662.685 euros. En realidad, el aumento es mayor, ya que los miembros del equipo directivo se han reducido de 12 a 10, por lo que tocarían a un 23% más cada uno. Sin embargo, en contra de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, el informe de gestión de Vox no es más transparente, sino más opaco en este punto: no solo evita detallar cuánto cobra cada dirigente, sino que evita identificar quiénes reciben una retribución del partido.