La presidenta del Poder Judicial denuncia un “grave déficit de jueces”

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha denunciado este martes el “grave déficit de jueces” que sufre el sistema judicial español. En el protocolario acto de entrega de despachos de la nueva promoción salida de la Escuela Judicial (la 74ª) celebrada en Barcelona, y ante la presencia del ministro de Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, Perelló ha señalado que las 500 plazas que el Gobierno prevé cubrir este año “es una buena noticia, pero no aborda ni resuelve el problema de fondo”. “Sois muy bienvenidos porque sois muy necesarios”, ha dirigido Perelló a los 121 nuevos jueces.

La decisión del Gobierno está influida por la puesta en marcha del nuevo modelo de tribunales, en el que los antiguos juzgados con un único magistrado se reconvierten en tribunales de instancia, que varios jueces comparten pero con un único equipo de apoyo, lo que implica una inversión de recursos menor.

Perelló ha cuestionado el anuncio del Gobierno, que persigue fortalecer el servicio judicial con una cifra que iguala la creación de plazas en una década, porque “no incrementa el número real de jueces disponibles; se crean plazas disponibles, pero sin aumentar el número real de jueces disponibles”. En su opinión, ese parón provocará un aumento paulatino de las vacantes necesarias y, en consecuencia, un incremento de las “dilaciones”. Ha concluido que se trata de un problema “estructural” y ha llamado a organizar una “convocatoria urgente” de pruebas selectivas.

Durante su discurso, en un acto presidido por el rey Felipe VI, ha llamado a que la cobertura de plazas “no puede depender de avatares futuros e inciertos”: “No se puede aplazar”. Ha reclamado, por ello, una planificación “realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional”.

Perelló ha dado otro aldabonazo al Gobierno cuando ha señalado la necesidad de que las reformas se hagan “de forma ordenada, organizada y con el tiempo necesario, contando con los profesionales de la Justicia”. Era una referencia a la entrada en vigor de la ley que reestructura el modelo judicial en España.

Felipe VI y Perelló han estado acompañados del ministro Bolaños, y del conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, que ha asumido el despacho del president de la Generalitat tras la enfermedad de Salvador Illa, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

Perelló pide respeto a los jueces frente a las “presiones externas”

En otro plano de reivindicación, la presidenta del CGPJ y presidenta del Tribunal Supremo también ha pedido respeto al estatus de los jueces desde la Unión Europea “frente a intervenciones o presiones externas directas, sino también frente a formas de influencia indirectas”.

En su discurso de clausura del acto, Felipe VI ha felicitado a los nuevos jueces, a los que ha ensalzado la “responsabilidad enorme” de “preservar el Estado social y democrático de Derecho”. Le ha pedido que ejerzan su cargo bajo “los más estrictos parámetros éticos”, al ser uno de los ejes del sistema político y constitucional español.

En un momento en el que el Derecho Internacional están en juego por las actuaciones de distintas administraciones internacionales, el rey ha encomendado a los nuevos jueces que sean garantes. Se ha referido, sobre todo, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Carta de las Naciones Unidas. Les ha llamado a “ayudar a levantar, con vuestra palabra y vuestra labor, el gran edificio, siempre inacabado, de nuestra convivencia”.

La nueva hornada de jueces tiene mayoría femenina, con 85 mujeres y 36 hombres con una media de edad de 29 años y que han tardado cinco años y cuatro meses de promedio para aprobar las oposiciones. Tres de de cada cuatro no tienen a ningún jurista en su círculo más próximo y solo el 6% cuenta con un familiar que es juez o un magistrado. Más de un tercio de los nuevos jueces son hijos de personas sin estudios superiores. El amor por el derecho es el principal motivo (74%) que alegan para haber cursado la oposición, mientras que un 72% apelan al rol de garantizar los derechos fundamentales.