Andalucía lleva 15 años pagando a plazos una deuda con el Estado que aún es de más de 1.000 millones

Andalucía recibió más dinero del que le correspondía y debe devolverlo. Así lo refleja un informe de la Cámara de Cuentas regional consultado por EL PAÍS que subraya que la Junta mantenía a cierre de 2024 una deuda de 1.562,83 millones de euros con el Estado por la “liquidación negativa del sistema de financiación autonómica” de 2008 y 2009. Eran tiempos en los que gobernaba Manuel Chaves, el presidente socialista que estuvo 19 años en el cargo. El agujero generado a favor de la Administración central fue de 6.113 millones, según un portavoz de la Junta. Un problema prácticamente general entre todas las comunidades que encontró en Andalucía su caso más sangrante. Casi 20 años después, justo en medio del choque político por la negociación de un nuevo modelo de financiación, esta región sigue pagando ese dinero poco a poco, a razón de cientos de millones anuales. Un portavoz del Ministerio de Hacienda explica que “esta medida se adoptó hace años y no genera intereses” y enfatiza en que “en cualquier caso, Andalucía sí está devolviendo el dinero”. La Cámara, por su parte, afea que la deuda no esté reflejada adecuadamente.

Corre la primera década del siglo. Para entonces, el PSOE gobierna Andalucía con una cómoda mayoría absoluta que parece inamovible. Y entonces llega el dinero que hay que devolver ahora, y que formaba parte de la cantidad que el Estado adelanta cada año a las comunidades para financiar la sanidad, educación, servicios sociales, dependencia o transporte. Así, el Estado calcula cuánto considera que va a recaudar por impuestos cedidos (IRPF, IVA, especiales) y avanza ese dinero a las comunidades dentro de este sistema de financiación. En este caso, se adelantó mucho más de lo que realmente se recaudó y por eso Andalucía tiene que devolverlo. Aunque sea poco a poco y a lo largo de varias décadas y distintos cambios de presidente y de gobierno: desde el PSOE de Chaves hasta el Ejecutivo del PP de Juan Manuel Moreno.

Este problema, que afectó a todas las comunidades salvo a Madrid, la única en la que se recaudó más de lo previsto, se originó por los errores de cálculo del Gobierno central. En 2008, presupuestó que los ingresos tributarios ascenderían 203.535 millones de euros. Sin embargo, la recaudación fue de 173.453 millones de euros. Es decir, 30.082 millones menos. En 2009 el desvío fue peor: el Estado recaudó 45.561 millones menos de lo previsto. Un agujero económico que afectó especialmente a Andalucía.

Aunque la Junta paga cada año parte de lo adeudado —en 2024 devolvió 223,26 millones, según la Cámara de Cuentas—, la obligación contraída con el Estado por la región no aparece en la lista oficial de deudas que una administración reconoce que debe. Un extremo que afea el ente fiscalizador al Gobierno autonómico (PP). “Se debe poner de manifiesto que la Junta de Andalucía no recoge en el pasivo exigible del balance de los estados financieros la deuda con el Estado por 1.562,83 millones correspondiente al importe pendiente de devolución a 31 de diciembre de 2024 —308,79 millones a la liquidación de 2008 y 1.254,05 millones a la de 2009—”, se lee en el documento.

La Junta atribuye la advertencia de la Cámara a un “cambio de criterio” del órgano fiscalizador y “no a un cambio en la gestión de esta deuda” que, insisten, “no afecta al volumen de la deuda”. Añaden: “Sabemos que comunidades como Valencia, Cantabria, Murcia o Galicia lo han venido haciendo como Andalucía y que sus respectivas Cámaras de Cuentas o el Tribunal de Cuentas les han hecho recomendaciones como la que nos hace por primera vez la Cámara de Cuentas”.

Fuentes de la Consejería de Hacienda explican que en estos momentos quedan por pagar 1.339 millones, una cifra que “en ningún caso afecta a la deuda por PIB, a la calificación crediticia o a la regla de gasto”, y recuerdan que lo ya abonado “está reflejado en contabilidad nacional”.

La devolución se reguló en dos fases: la primera bajo la ley 22/2009 en la que se estableció la devolución en 60 mensualidades (cinco años) y con un año de carencia; y la segunda con la ley de 12/2014 con la que se ampliaba el plazo a 240 mensualidades (20 años) “mediante un mecanismo de anticipos extrapresupuestarios”.

3.000 millones para proyectos público-privados

En el informe también se revisan los grandes proyectos de colaboración público‑privada que hay en la comunidad. Por ejemplo, la Ciudad de la Justicia de Córdoba o el edificio administrativo de Los Bermejales en Sevilla. Según la Cámara de Cuentas, los compromisos asociados a estos proyectos superan los 364 millones de euros, pero en el caso de la Ciudad de la Justicia existe un problema: la Junta está declarando menos obligaciones de las que realmente tiene.

“Los compromisos futuros derivados de los convenios de colaboración público-privada reflejados en el mayor de gastos estarían infravalorados en un importe de 35,05 millones de euros, con origen en el proyecto correspondiente a la Ciudad de la Justicia de Córdoba (34,86 millones) y en el equipamiento clínico y general del Hospital Campus de la Salud de Granada (0,19)”, se lee en el informe del ente fiscalizador. Es decir, que las cuentas autonómicas no muestran el coste completo que la Junta deberá asumir en los próximos años por esta infraestructura.

Según la información facilitada a la Cámara por la Secretaría General, en el ámbito de la Junta de Andalucía, “el importe acumulado de los compromisos futuros de la Ciudad de la Justicia de Córdoba gestionado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública asciende a 243,18 millones, los del Edificio Administrativo de Los Bermejales de Sevilla gestionado por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a 121,20 millones y los del equipamiento clínico y general del Hospital Campus de la Salud de Granada gestionado por el SAS a 4,25 millones”.

En relación con los proyectos de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, “los compromisos futuros del proyecto Línea 1 Interurbana-Metro de Sevilla se cifran en 1.210,27 millones y los de las Líneas 1 y 2 del Metro de Málaga en 1.968,21 millones“. Y añaden que el proyecto de Concesión de Obras de Reordenación del Puerto de Carboneras, Almería, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, no tendría reflejados compromisos de gastos en ejercicios futuros”.

Es la radiografía de una apuesta: gastar más de 3.000 millones en proyectos de colaboración público-privada en los próximos años.