Fiscales del ‘procés’ y altos cargos del equipo de García Ortiz competirán por plazas de calado en la Fiscalía del Supremo

Ana García León y Diego Villafañe, destacados miembros del antiguo equipo del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, han presentado su candidatura para la sección de lo penal de la Fiscalía del Supremo, el tribunal que le condenó e inhabilitó para el cargo durante dos años al declararlo culpable de un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En el caso de García León, entrará en competencia directa con los fiscales del procés Consuelo Madrigal y Jaime Moreno por las jefaturas de esa misma sección, según fuentes fiscales consultadas por EL PAÍS.

García León y Villafañe encabezaban la Secretaría Técnica, la sala de máquinas de la Fiscalía General del Estado, durante la etapa de García Ortiz. Ella era la jefa de este organismo, cargo del que acaba de ser relevada por Julio Cano, que ejercía como fiscal superior de Baleares. Ahora, García León se propone para cubrir una de las tres plazas de jefe de la sección penal que se ofertan en la Fiscalía del Supremo. En el discurso que la nueva fiscal general, Teresa Peramato, pronunció para despedir a García León y dar la bienvenida a Cano, destacó el “rigor técnico”, la “responsabilidad y entrega” y el “liderazgo sereno” de ella, “en un contexto de alta exigencia profesional y enorme desazón”, lo que provocó una ovación espontánea entre los asistentes. En la misma línea, alabó la “solvencia jurídica” y la “actitud dialogante” de Cano. Este cambio “simboliza la continuidad de los valores esenciales del Ministerio Fiscal: el servicio público, el compromiso con la justicia y la ciudadanía, y la defensa del interés general”, dijo Peramato.

Villafañe, por su parte, continúa siendo el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, lo que equivale a su número dos, pero aspira a dejarlo para cubrir una de las otras tres plazas que se convocan en la sección penal de la Fiscalía del Supremo sin rango de jefatura. Villafañe era el hombre de confianza de García Ortiz en la sede de Fortuny. Estuvo imputado en la investigación judicial que desembocó en la condena al entonces fiscal general del Estado pero el propio instructor, el magistrado Ángel Hurtado, le exoneró tras tomarle declaración. Villafañe negó haber participado en filtración alguna. “Yo no he filtrado absolutamente nada”, defendió, aunque lamentó lo que describió como una “quiebra de seguridad” en la Fiscalía.

Madrigal y Moreno, que junto a Javier Zaragoza y Fidel Cadena, fueron los fiscales del procés, también se presentan para las plazas de jefe de lo penal, según ha avanzado El Español y han confirmado fuentes fiscales a EL PAÍS. Todos forman parte de la sección penal de la Fiscalía del Supremo pero el único que ostenta una de las jefaturas es Cadena, por lo que Madrigal ―que fue designada fiscal general del Estado por el Gobierno de Mariano Rajoy― y Moreno buscan promocionar en esta convocatoria. También se postulan para ese ascenso los fiscales Rafael Escobar y María Ángeles Garrido,

Esas tres plazas de jefe han quedado libres por la vacante generada por Peramato para ocupar sus nuevas responsabilidades, por la próxima jubilación de Cadena y por la finalización del mandato de Javier Huete, que opta a renovar el cargo. Estos puestos forman parte de una convocatoria más amplia que se hizo el pasado 13 de enero, donde constan esas otras tres plazas para la sección penal de la Fiscalía de Supremo, pero de fiscal raso, y otras 13 más, fuera ya del alto tribunal. Así, se lanzan un puesto de fiscal de sala contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales, para el que llegó a sonar García Ortiz (fiscal del caso Prestige) pero al que no se presenta; otro de fiscal de sala para la protección de personas con discapacidad y mayores, donde la también ex fiscal general María José Segarra pide renovar; dos plazas en la Fiscalía del Constitucional; una en la Audiencia Nacional; una en Anticorrupción; y una en Antidroga. También se convoca una plaza en la Fiscalía de Castilla y León y en las provinciales de Córdoba, Cuenca, Palencia, Lugo y Gipuzkoa.

Esta ristra de nombramientos discrecionales será el primer reto de Peramato al frente del ministerio fiscal, a donde llegó con la promesa de “sanar heridas” y contar con todos los fiscales. “Mi compromiso es dialogar. La Fiscalía no es una persona, es un colectivo”, dijo en su toma de posesión. El mayor desafío será repartir las tres plazas de jefe de penal del Supremo entre García León y Huete ―enmarcados en la órbita de afines a García Ortiz―, por un lado, y Madrigal y Moreno ―críticos con el anterior equipo de la Fiscalía General del Estado―, por otro. Tanto García Ortiz como su antecesora inmediata, Dolores Delgado, recibieron constantes críticas internas por promover a miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) o a los candidatos apoyados por esta asociación, en detrimento de los catapultados por la Asociación de Fiscales (AF) ―la mayoritaria en la carrera― y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Estas dos últimas asociaciones, de sesgo crítico con García Ortiz y Delgado, ostentan la mayoría del Consejo Fiscal, con seis vocales y uno, respectivamente, frente a los dos de la asociación progresista. A estos nueve, que eligen mediante votación los propios fiscales, se suman las dos vocales natas ―la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite― y la propia Peramato. Sin embargo, la aritmética no es determinante en el Consejo Fiscal a la hora de hacer nombramientos discrecionales en la cúpula fiscal. Aquí, el órgano ejerce de mero consultor, lo que significa que Peramato debe escucharlo pero no debe acatar la opinión mayoritaria. La nueva fiscal general puede proponer los candidatos que ella decida para que el Gobierno los nombre. Estaba previsto que estos 19 nombramientos se debatieran en el Pleno que se celebra este 30 de enero pero los plazos lo impidieron. La intención, de acuerdo con las fuentes consultadas, es que se efectúen en el Pleno de febrero.