Bruselas abre expediente a España por no enviar el informe sobre el estado del lobo y otras especies protegidas

Bruselas ha abierto un expediente a España por el retraso en la remisión del informe sexenal (2019-2024) que evalúa el estado de conservación de las especies en peligro, que el Gobierno debería haber enviado antes del 31 de julio de 2025. Este documento evalúa cómo se encuentran las especies y sirve de base para determinar las actuaciones de gestión que pueden aplicarse sobre ellas. En el caso del lobo, una de las especies más controvertidas, una evaluación desfavorable supondría una importante limitación en cuanto a su gestión. Una evaluación positiva respaldaría su control mediante la caza, un procedimiento que se está aplicando en la actualidad, y es lo que persiguen las comunidades con presencia de esta especie.

Tras la apertura del expediente, la Comisión ha informado este viernes de que enviará una carta de emplazamiento a España, que dispone “ahora de dos meses para responder” y subsanar las deficiencias. “De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado”, algo que en último término podría desembocar en un procedimiento judicial contra España.

Esta mañana, siete comunidades autónomas (País Vasco, Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León) se han reunido en Santander para exigir al Gobierno central que se cumpla este paso y se envíe a Europa el informe. En todas viven lobos, todas están gobernadas por PP (algunas con apoyo de Vox), excepto el País Vasco, donde el ejecutivo está formado por PNV y los socialistas. En el comunicado emitido aseguran que también cuentan con el apoyo de otras tantas que no tienen población del cánido. Asturias, gobernada por el PSOE y una de las comunidades con mayor población de lobo, se ha desmarcado del encuentro que considera electoralista. En esta comunidad también se están capturando lobos después de que saliera del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial —que prohibía su caza en todo el territorio nacional— tras la aprobación en marzo del año pasado de varias enmiendas que presentó el PP camufladas en la ley de desperdicio alimentario.

Todas ellas consideran el control de los lobos como imprescindible para reducir los daños que sufren las explotaciones ganaderas. El último censo del lobo, el que se ha utilizado para emitir el informe sexenal, se publicó el año pasado y contabiliza un total de 333 manadas, con un aumento de 36 con respecto al anterior. El Ministerio para la Transición Ecológica considera que esta cifra no es suficiente para garantizar la viabilidad de la especie, por lo tanto, su situación sería desfavorable. Sin embargo, las comunidades autónomas sostienen lo contrario.

[Noticia de última hora. Habrá actualización]