El Supremo afea la “impaciencia” de Cerdán y rechaza meter prisa a la UCO para que entregue su informe patrimonial

El magistrado que investiga el caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, se ha negado a meter prisa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que entregue el informe que le encargó el pasado junio sobre la situación patrimonial del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, investigado por presuntos amaños de obra pública, al tiempo que ha criticado la “impaciencia” de la defensa.

En una resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado responde a la petición que le hizo Cerdán de acelerar los trabajos de la Guardia Civil al considerar que las conclusiones de este informe le permitirán combatir “la verdad oficial” que dice que se ha instalado sobre su “supuesta corrupción”.

Los abogados de Cerdán denunciaron que su cliente sufre una “degradación” del derecho a la presunción de inocencia porque hasta ahora todas las resoluciones judiciales e informes de la UCO le sitúan como presunto cabecilla de una trama de cobro de sobornos a cambio de obra pública, por la que también están investigados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Puente contesta descartando “de plano” la idea de que se esté vulnerando la presunción de inocencia de Cerdán “o de cualquiera otro de los investigados”. “No hay ―no podría haberla y no debería haberla― resolución alguna en este procedimiento en la que se afirme, ni expresa ni tácitamente, la culpabilidad de Cerdán", zanja. Y aclara que lo único que ha hecho a lo largo de la investigación es exponer el cúmulo de indicios que han llevado a imputar, e incluso recluir durante meses en prisión provisional, al exdirigente socialista.

El instructor dice entender “la impaciencia de la defensa” para conocer cuanto antes ese informe, pero resuelve que en estos momentos es imposible atender “esas exigencias de premura”. No obstante, asegura que el oficio “será aportado a la causa en un futuro muy próximo y a la mayor brevedad posible”. “Se trabaja intensamente en la instrucción de la causa”, reivindica el magistrado.

La defensa acusó a la UCO de lanzar acusaciones infundadas

Como ejemplo de esas supuestas acusaciones infundadas que busca desmontar con ese informe patrimonial, Cerdán insistió en negar que sea dueño al 45% de Servinabar, una pequeña mercantil navarra que la Guardia Civil señala como una empresa pantalla destinada al cobro de supuestos sobornos procedentes de adjudicaciones irregulares de obra pública. La defensa aseguró que dicha empresa “sí tiene actividad real y que las personas que puedan haber trabajado temporalmente en ella sí han realizado las pertinentes actividades remuneradas”.

La investigación ha revelado hasta ahora que Servinabar se nutría principalmente del 2% que obtenía de todas las obras públicas que conseguía a través de Acciona o directamente en Unión Temporal de Empresas (UTE). Los agentes calculan que el 75,5% de los ingresos de esa pequeña sociedad procedían del gigante de la construcción.

Además, la Guardia Civil identificó a Cerdán y su “entorno familiar” como “beneficiarios de una parte del patrimonio” de Servinabar, “en lo que pudieran constituir presuntas contraprestaciones”. Los investigadores precisaron que su hermana, Belén Cerdán, estuvo contratada por Servinabar; su mujer, Francisca Muñoz, trabajó para Noran, una cooperativa estrechamente vinculada a la empresa navarra; y que el cuñado, Antonio Muñoz, trabajó como peón en una de las obras investigadas.