La UCO pide al Supremo rastrear las cuentas de la cooperativa que contrató a la hermana de Cerdán

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga el presunto amaño de obra pública cuando Santos Cerdán era ex secretario de Organización del PSOE, que autorice el rastreo de las cuentas bancarias de la cooperativa Erkolan, que contrató a Belén Cerdán, hermana del exdiputado. Además, los agentes han solicitado al magistrado que les permita indagar en un total de 23 productos bancarios, incluidos los de los tres ejecutivos vinculados a Acciona que están imputados por el presunto pago de mordidas para lograr las adjudicaciones del Ministerio de Transportes.

En concreto, han pedido el balance detallado de los movimientos realizados “desde el 1 de enero de 2014 o su contratación” hasta ahora, según consta en un nuevo escrito que la UCO ha presentado esta semana ante el Supremo y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Los agentes explican que quieren seguir ahondando en los números de la corrupción después del informe que emitieron el pasado mes de noviembre, en el que desgranaban la situación de Servinabar, empresa vinculada a Joseba Antxon Alonso, amigo de Cerdán.

Según consta en la investigación, esta mercantil contrató a Belén Cerdán durante varios meses de 2020, cuando se le hicieron cinco transferencias por valor de 22.324 euros. Ya entonces los agentes sospechaban que esa cifra podría ser mayor, porque entendían que desde 2020 y hasta mediados de 2025 la hermana de Cerdán también estuvo como “administrativa” en la cooperativa Erkolan, vinculada a la presunta trama. La UCO encontró una nómina donde se reflejaba un sueldo neto de 1.800 euros mensuales y pide ahora información bancaria sobre la cuenta de esta mercantil desde el año 2012.

En este nuevo escrito, la Guardia Civil recuerda que “al menos el 75,33% de los ingresos” percibidos por Servinabar tienen su origen en transferencias emitidas directamente desde Acciona Construcción, desde una Unión Temporal de Empresas (UTEs) de las que la constructora multinacional formaba parte o desde mercantiles vinculadas a proyectos relacionados con Acciona.

En este sentido, los agentes apuntan que, “atendiendo a estas relaciones económicas y en pos de continuar con la trazabilidad de los fondos manejados por Servinabar con origen en Acciona”, es “imprescindible ampliar la información bancaria a nuevos intervinientes”. Se refieren, en concreto, a Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel García Alconchel, los tres ejecutivos de Acciona Construcción investigados en esta causa que ya han comparecido ante el Supremo y de quienes también solicitan ampliar la información bancaria.

367.290 euros bajo sospecha

De igual forma, la UCO explica al instructor del caso Koldo en el Supremo que sería pertinente “hacer extensiva dicha ampliación a la información bancaria” de Erkolan. En este punto, los investigadores recalcan que Servinabar “transfirió un total de 367.290,43 euros entre junio de 2020 y mayo de 2025” a la cooperativa. Y, además, inciden en que dicho periodo coincide con el momento en el que estuvo contratada la hermana de Cerdán.

En el Supremo ya han recibido las peticiones de la Guardia Civil y se las han trasladado al magistrado para que decida si autoriza o no a los agentes a practicar las diligencias reclamadas.

Cabe recordar que Servinabar contrató también al cuñado de Cerdán, a Antonio Muñoz Cano, en septiembre de 2019 cuando cumplía una condena de tres años de cárcel por amenazas en el ámbito familiar y daños en tercer grado penitenciario o semilibertad. El informe de la UCO contenía mensajes de WhatsApp intercambiados entre Antxon Alonso y el directivo de Acciona García Alconchel en el que se hablaba de la supuesta contratación de Muñoz Cano. “Gracias Manuel, no lo olvido!!”, le remitió Alonso el 23 de septiembre de aquel año junto al número de teléfono del cuñado de Cerdán. En total, la Tesorería General de la Seguridad Social constató pagos por valor de 53.130 euros. Asimismo, la mujer del exdirigente socialista, Francisca Muñoz, percibió 9.500 euros de la cooperativa vasca Noran, vinculada a Servinabar.

Precisamente por ello, Servinabar y todas sus cooperativas están en el centro de la investigación a cargo del Tribunal Supremo que llevó al ex secretario de Organización socialista a la prisión de Soto del Real desde julio hasta noviembre del pasado año. El sumario indica que Acciona se aliaba para determinadas obras con la pequeña mercantil navarra como una suerte de pago encubierto para lograr determinadas adjudicaciones de obras del Ministerio de Transportes. Además a de Cerdán, el juez mantiene imputados al que fuera ministro de esa cartera José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.