Servinabar contrató al cuñado de Cerdán cuando cumplía en semilibertad una condena por violencia de género

Antonio Muñoz Cano, cuñado del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fue contratado en septiembre de 2019, cuando cumplía una condena por violencia de género en tercer grado penitenciario o semilibertad, por Servinabar, la empresa navarra en la que el exdirigente socialista supuestamente tenía el 45% de las participaciones y que es considerada epicentro de la supuesta trama de corrupción, según ha adelantado Diario de Sevilla y ha confirmado EL PAÍS en varias fuentes conocedoras de las pesquisas. Detalles de esta contratación ―pero no la condición de recluso de Muñoz Cano― fueron incluidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el último informe entregado al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en el que se detallaban los vínculos entre la mercantil navarra y Acciona Construcciones, empresa que recibió al menos cinco adjudicaciones del Ministerio de Transportes que están ahora bajo sospecha.

El informe de la UCO incluía mensajes de WhatsApp intercambiados entre Joseba Antxon Alonso, presunto socio del exdirigente socialista en Servinabar, y un directivo de Acciona recientemente imputado, Manuel José García Alconchel, en el que se habla de la contratación de Muñoz Cano como un supuesto favor de la gran constructora. “Gracias Manuel, no lo olvido!!”, le remitió Alonso el 23 de septiembre de aquel año junto al número de teléfono del cuñado de Cerdán a García Alconchel, entonces director de Construcción de Zonar Sur y África de la multinacional. Días antes, Muñoz Cano había ingresado en el Centro de Inserción Social (CIS) de Sevilla para seguir cumpliendo la pena en semilibertad. Tener un trabajo o estar en su búsqueda es uno de los factores que Instituciones Penitenciarias valora para conceder este beneficio penitenciario. EL PAÍS ha intentado este lunes sin éxito contactar por teléfono con Muñoz Cano para conocer su versión sobre estos hechos.

El cuñado de Cerdán ingresó en la prisión de Mallorca el 2 de diciembre de 2016 para cumplir una condena de tres años por un delito de malos tratos relacionados con violencia de género que se instruyó en un juzgado de Inca (Baleares, 35.600 habitantes). En este centro penitenciario permaneció hasta septiembre de 2019, cuando fue trasladado al CIS de Sevilla para terminar de cumplir la pena en régimen abierto o semilibertad. Finalmente, dio por extinguida la misma el 30 de noviembre de ese mismo año.

El traslado de un recluso desde Baleares a un centro penitenciario en Sevilla para que continúe cumpliendo una condena en régimen abierto es calificado por varias fuentes penitenciarias como “poco habitual” por la distancia entre ambas zonas, sobre todo si en la localidad de destino el recluso carece de apoyo familiar. Un portavoz de Instituciones Penitenciarias ha declinado detallar los motivos de ese movimiento, ya que “por la ley de protección de datos no se facilitan datos de los internos”.

El informe de la UCO recoge la contratación de Muñoz Cano como un indicio más de las “relaciones económicas” de Acciona y Servinabar, bajo sospecha de que sirvieron para el supuesto amaño de la adjudicación de obras públicas por parte del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. En concreto, los agentes lo incluyen en el apartado “contratación de personas del entorno de Santos [Cerdán]” junto a, por ejemplo, el uso que este y su mujer, Francisca Muñoz Cano, hermana de Antonio, hicieron para gastos particulares de una tarjeta a nombre de Servinabar. El documento policial recoge que, según la documentación aportada por la Tesorería General de la Seguridad Social, la mercantil navarra contrató al cuñado del exdirigente socialista entre el 23 de septiembre de 2019 y el 5 de diciembre de 2022, periodo por el que recibió 53.130 euros repartidos en 69 pagas.

Según apunta los agentes, esta contratación se produjo tras el cruce de varios mensajes entre Alonso, socio de Cerdán, y el directivo de Acciona García Alconchel, algunos intercambiados cuando Muñoz Cano ya había cumplido la condena. “Hola Anchon [sic])! El jefe de personal está a la espera de Antonio. Va a llegar hoy? Un abrazo”, le preguntó este último al empresario vasco el 13 de enero de 2020. “Pasa el reconocimiento médico el miércoles a las 10, luego le llamara [al jefe de personal]. Me puedes dar su contacto ya que Antonio no lo tiene? Gracias”, fue la respuesta de Alonso. Dos semanas más tarde, este volvía a contactar con el directivo de la constructora en el que le indicaba que el familiar del entonces secretario de Organización del PSOE “realizará una jornada de 8 horas. El viernes lo comentamos”.

El documento policial añade que el 19 de marzo de 2020 Acciona y Servinabar firmaron un documento denominado “entrega de colaboración e instrucciones a empresa colaboradora” en el que se vinculaba esta contratación con una obra de emergencia para el Puente del V Centenario de Sevilla, una de las adjudicaciones investigadas por el juez Puente. Muñoz Cano fue el único empleado de Servinabar destinado de manera presencial a estos trabajos. En su caso, como peón especialista. En este sentido, los agentes destacan que 11 días después, el 30 de marzo de 2020, cuando estaban en vigor severas restricciones de movilidad por la declaración de emergencia por la pandemia, el Ministerio de Transporte expidió un certificado que permitía al cuñado de Cerdán incorporarse a los trabajos.

Los trabajos de remodelación del Puente del Centenario en la capital andaluza tenían un coste inicial de 71 millones de euros, pero terminaron elevándose dos años después por encima de los 102 millones. Según un informe de junio, Ábalos y su exasesor, Koldo García, también imputado, debían haber recibido por la supuesta adjudicación irregular de esa obra y otras dos 450.000 euros de mordida, que García reclamó a Cerdán sin éxito, siempre según el contenido de las grabaciones incorporadas a la causa. Cuando declaró en el Supremo el 30 de junio, Cerdán negó cualquier actuación irregular por su parte y justificó su interés en acelerar la obra del puente de Sevilla por su deseo de favorecer la campaña del candidato socialista en las elecciones municipales que se iban a celebrar en mayo de aquel año, Juan Espadas, para que repitiera como alcalde de Sevilla.