La nueva Autoridad Independiente para investigar accidentes sigue sin formarse tras año y medio aprobada

Pilar Vera no ha parado de llorar desde que hace 18 años el accidente del JK5022 de Spanair en el Aeropuerto de Barajas se llevó la vida de su sobrina y otras 153 personas. Ahora llora por las 42 víctimas mortales de Adamuz. Pero tampoco ha parado nunca de reclamar y exigir mejoras en la seguridad de los transportes en España y en particular la creación de una Autoridad Independiente para la Investigación de ese tipo de accidentes, con personal y recursos suficientes y cualificados. Aún no lo ha conseguido, pese a que ese órgano se aprobó por ley hace casi dos años, tras varios parones, y entró en vigor hace año y medio con el voto en contra del PP y la abstención de Vox. Transportes aún está pendiente de recibir informes para crear el estatuto que la ponga en marcha. La investigación de Adamuz se efectuará con la antigua comisión.

En julio de 2011, tres años después del accidente aéreo de Spanair en Barajas, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de la Aviación Civil hizo público su Informe Técnico Final sobre el accidente del vuelo JK5022 y ese día Pilar Vera tomó conciencia de que el sistema vigente no funcionaba bien. Desde entonces se empeñó en exigir a los sucesivos ministros de Fomento o Transportes, desde los populares Ana Pastor o Íñigo de la Serna hasta el actual, el socialista Óscar Puente, cambios en la legislación y los protocolos de seguridad y la creación de un órgano multimodal de investigación para estos accidentes.

Se siente “engañada” por todos ellos. Vera está muy enfadada y ha renovado su tristeza con lo sucedido en Adamuz: “No se ha hecho nada y la nueva Autoridad Independiente que pretende la ley es muy necesaria, porque agrupa las tres comisiones actuales y prevé personal especializado y recursos cualificados, que ahora no hay, pero la verdad, tengo el alma rota, llevo 15 años peleando para que esto no volviera a ocurrir y al final no sirve de nada”.

La nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil se debatió en el pleno del Congreso, para sustituir y mejorar las competencias de la comisión actual vigente, el 23 de julio de 2024. El hemiciclo estaba semivacío y los grupos, especialmente los portavoces del BNG y de Coalición Canaria, muy sensibilizados por los accidentes que afectaron a sus conciudadanos, convinieron en que sería una buena idea para aumentar la seguridad de los transportes y evitar incidentes futuros dotar a esa autoridad de más medios para prevenir nuevos dramas. El consenso parecía amplio, pero no evitó los habituales argumentos de la lucha partidista, porque el debate se celebró justo un año después de las elecciones de julio de 2023.

La portavoz del PSOE, Cristina López Zamora, consideró “bochornoso” y una “hipócrita falta de respeto” la actuación del PP, que votó en contra pese a cuestionar la falta de inversiones para mantenimiento de las infraestructuras. La representante del PP, Cristina Teniente, justificó esa oposición en que el PSOE había metido en “una enmienda intrusa e ilegal” una disposición para aumentar la capacidad de deuda de Renfe y Adif en 817 millones, pactándolo con ERC y al margen de los Presupuestos, que ni se presentaron.

La ley y la autoridad se aprobaron ese día, con el rechazo del PP y la abstención de Vox, cuya diputada, Patricia Rueda, consideró “de justicia” la propuesta, pero se negó a respaldarla porque la “norma disfrazada de buenismo oportunista” llegaba “manoseada por un Gobierno compuesto moralmente por herederos de ETA y golpistas”, por un “ministro tuitero” y un PP “irresponsable” entregado al Ejecutivo.

La ley pasó por el Senado, donde se enmendó, y se publicó en el BOE en agosto de 2024, cuando entró en vigor. En una de sus disposiciones se fijaba la inclusión en el artículo 1.6 de la obligación de aprobar en el plazo de un año un estatuto orgánico para señalar las competencias y la regulación de los créditos presupuestarios para su funcionamiento. No ha ocurrido.

Este pasado 2 de diciembre, el PP, que en su día había votado en contra, registró varias preguntas al ministro de Transportes en el Congreso para saber las razones de ese incumplimiento y el posible nuevo plazo para montar esa oficina. El PP no permitió a sus diputados este martes explicar a EL PAÍS su posición.

Desde el ministerio se precisó que la constitución de esa autoridad se encuentra pendiente de la aprobación de su Estatuto Orgánico mediante un Real Decreto y se especificó que ese decreto está actualmente en tramitación (y puede consultarse el proyecto en la web del Ministerio), en proceso de recabar informes y que se espera que pueda ver pronto la luz.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes tras el Consejo de Ministros que la actual Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente de Fomento, hará su trabajo “sin ninguna duda de su independencia funcional, de su profesionalidad y su carácter técnico” como lo ha hecho desde 2007 en 270 siniestros. La independencia de la CIAF fue muy criticada y cuestionada en el caso del accidente del Alvia en la curva de Angrois, en julio de 2013, en Santiago de Compostela, que causó 80 muertes. Así lo hicieron las asociaciones de afectados y un informe de la Agencia Ferroviaria Europea, encargado por la Comisión Europea.