El Supremo cita a Alvise como investigado por revelación de secretos y acoso a dos eurodiputados de su grupo

El Tribunal Supremo ha citado a declarar el próximo lunes 26 de enero al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, como investigado por supuesta revelación de secretos y acoso contra Diego Solier y Nora Junco, dos europarlamentarios que se presentaron con él a las elecciones europeas de 2024 con la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF) y que abandonaron la formación y se querellaron contra Alvise por una supuesta campaña de hostigamiento en redes sociales. Solier y Junco han declarado este lunes en calidad de testigos ante el expresidente de la Sala Penal Manuel Marchena, instructor de este caso, el cuarto abierto contra el agitador ultra y líder de SALF en el alto tribunal. Fuentes jurídicas señalan que ambos han ratificado sus acusaciones contra el agitador ultra.

En el origen de esta causa está en el enfrentamiento de Alvise con ambos euodiputados que, tras obtener un escaño en el Parlamento Europeo por Se Acabó la Fiesta, se integraron en el grupo parlamentario Conservadores y Reformistas Europeos, la familia europea de Giorgia Meloni, del que Alvise se quedó fuera por sus cuentas pendientes con la Justicia. A partir de ahí, la relación entre ellos se fue deteriorando y, en mayo pasado, Solier y Junco rompieron definitivamente con el agitador ultra. En el comunicado difundido para anunciar esa decisión, ambos europarlamentarios reprocharon a Alvise que hablara de regeneración mientras aceptaba “el matonismo, el chantaje o el dinero negro”. Para entonces, el líder de SALF llevaba semanas atacando a sus excompañeros de agrupación, a los que acusó de haber sido “comprados” por los lobbies proarmas tras votar en la Eurocámara a favor del programa de rearme europeo.

Solier y Junco se querellaron por esas acusaciones y por la supuesta campaña de hostigamiento contra ellos puesta en marcha por Alvise, que los acusó de “traición” y animó a sus seguidores —a los que llama ardillas— a perseguirles y presionarles para que dimitieran. Según la querella presentada por Solier y Junco, después de que se filtraran sus direcciones de correo, su número de teléfono y sus redes sociales, recibieron una ingente cantidad de mensajes ofensivos y amenazantes que les generó “una continua sensación de inseguridad” y les obligó a modificar sus rutinas, cerrar algunas de sus redes sociales y, en las que conservan, limitar a terceros la posibilidad de comentarios. Además, también tuvieron que dejar de atender llamadas telefónicas procedentes de números desconocidos, lo que, aseguran, “obstruye significativamente” su labor parlamentaria y su vida familiar. La eurodiputada Junco alega que incluso ha tenido que cambiar de número de teléfono.

Las “explícitas llamadas” de Alvise

En el auto dictado para investigar a Alvise por este caso, el Supremo consideró que los hechos denunciados, que vienen acompañados de documentación (como copias de los mensajes publicados por Alvise o los recibidos por sus dos excompañeros de agrupación), son suficientes para considerar que la actuación del líder ultra pudo incurrir en delitos de revelación de secreto y acoso. La Sala subraya “las explícitas llamadas” de Alvise —personalmente en su pódcast o a través de su canal de Telegram, que supuestamente gestiona él mismo— a que un grupo muy numeroso de seguidores expresara y desarrollara “una actitud repetidamente hostil hacia los querellados”.

Para los magistrados, también hay indicios de que el líder ultra “pudo haber facilitado y hecho público aspectos personales e identificativos” de los dos eurodiputados y no dio marcha atrás después de que muchos de sus seguidores “hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida” de Solier y Junco, sino que reiteró sus llamamientos “a que resultaran hostigados como reacción a su posición política, cualquiera que esta fuere”. El Supremo considera que "pudo existir una intención voluntaria y consciente" por parte de Alvise de “comprometer, de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana de sus víctimas, a partir de la persecución que pudieran desplegar las numerosas personas que llegaran a sentirse concernidas por su llamamiento público”.

Alvise Pérez también está investigado en el Supremo por recibir, supuestamente, 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas para su campaña para las últimas elecciones europeas, por difundir una prueba falsa de covid del actual presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad Salvador Illa y por amenazar en redes sociales a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.