El Supremo abre una causa a Alvise Pérez por revelación de secretos y acoso a dos eurodiputados de su grupo

El Tribunal Supremo ha abierto una nueva causa contra el eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise. La cuarta investigación que pone en marcha el alto tribunal contra el líder ultra le atribuye supuestos delitos de revelación de secretos y acoso a Diego Adrián Solier y Nora Junco, dos eurodiputados que se presentaron con él a las elecciones europeas de 2024 con la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF) y que han acabado querellándose contra Alvise por una supuesta campaña de hostigamiento en redes sociales y se han declarado independientes. El instructor será el expresidente de la Sala Penal Manuel Marchena.

Alvise Pérez también está investigado en el Supremo por recibir, supuestamente, 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas para su campaña para las últimas elecciones europeas, por difundir una prueba falsa de covid del actual presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad Salvador Illa y por amenazar en redes sociales a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

Tras ser elegidos, los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco se integraron en el grupo parlamentario Conservadores y Reformistas Europeos y poco después se querellaron contra Alvise al denunciar no solo una campaña de hostigamiento en redes como consecuencia de los mensajes que Alvise había publicado sobre ellos. Alvise los acusó de “traición”, insinuó que se habían vendido a la industria de las armas y animó a sus “ardillas” a perseguir y presionar a Solier para que dimitiera, según un portavoz de los eurodiputados.

En el caso de los 100.000 euros, la policía remitió al magistrado a principios de septiembre un informe que constataba que el ánimo de Alvise fue el de “la obtención de fondos para financiar la campaña electoral”, que esos fondos no fueron declarados y que se pretendió ocultarlos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Los investigadores no descartan, además, que la cantidad finalmente entregada pudiera haber sido superior ya que el propio Alvise alude en un mensaje intervenido a que necesitaría entre 300.000 y 360.000 euros.

Sobre la causa de la publicación del test falso de Illa, Alvise declaró en junio que la imagen de la PCR positiva, que él difundió en sus redes, llevaba ya mucho tiempo circulando, pero la Fiscalía sostiene que fue obra suya. La causa sobre este bulo se abrió originalmente en el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona a partir de una querella de la Fiscalía, que atribuyó al agitador de ultraderecha los delitos de falsedad documental e injurias por difundir en redes sociales durante las elecciones catalanas de 2021 una PCR positiva de Illa que era falsa . El ministerio público sostiene que la foto del falso positivo, fechada el 6 de febrero de aquel año y tomada, supuestamente, en la clínica QuirónSalud, fue “íntegramente” confeccionada por el propio Alvise.

Por último, el alto tribunal considera que hay indicios de que el líder de SALF cometió un delito de acoso en redes sociales contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, tras difundir Alvise varios mensajes a través de Telegram en los que se incluían datos personales de Gisbert, a la que el agitador ultra señalaba por perseguir delitos de odio, su cometido. “Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN. Están organizados por ciudades. Busquemos sus identidades”, escribió Alvise, que publicó una imagen de la fiscal, a la que definía como “la responsable en Valencia de haber exigido tres años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra ‘inmigración’ e ‘invasión’ juntas”.