Los dos eurodiputados de Se Acabó la Fiesta rompen con Alvise y se declaran independientes

Alvise Pérez se queda solo en Europa. Los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco, que concurrieron a las elecciones a la Eurocámara de hace menos de un año bajo la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF) fundada por Pérez, han confirmado este martes la ruptura total con su líder y denunciado el “matonismo” del político ultra, a quien el Tribunal Supremo acaba de abrir una tercera causa judicial.

En un comunicado emitido a través del grupo político europeo de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, en el que fueron admitidos a finales del año pasado —no así Alvise—, Solier y Junco aseguran que, pese a haber concurrido a las elecciones del 9 de junio bajo la bandera SALF, desde el comienzo de la legislatura han trabajado de forma “plenamente independiente, sin ningún vínculo político ni operativo con quienes hoy representan”, dicen, “formas ajenas” a sus valores.

“No puede hablarse de regeneración mientras se acepta el matonismo, el chantaje o el dinero negro”, subrayan en el escrito, distribuido también en una cuenta en X recién creada.

Los dos eurodiputados denuncian los intentos de “difamación, coacción o chantaje” que dicen venir sufriendo de Pérez, quien recientemente los acusó de haber sido “comprados” por los lobbies pro armas tras votar en la Eurocámara a favor del programa de rearme europeo. “Sus ataques personales, las amenazas públicas y privadas y las campañas de desinformación contra nosotros —incluyendo acusaciones absurdas y fabricadas— no solo carecen de verdad, sino que revelan un estilo profundamente antidemocrático e incompatible con una labor institucional seria”, agregan en el escrito, en el que aseguran marcar distancias completas con un político con varias causas judiciales abiertas por presunta corrupción, estafa, blanqueo de capitales o falsedad documental: “Ni compartimos sus métodos ni participamos de su entorno. Su entrada en el Parlamento Europeo no puede normalizar prácticas ajenas a la legalidad y al juego limpio”, subrayan.

“Soy el mismo antes de que tuvieran acta. La diferencia ahora es que el dinerito es mucho y por eso no dimiten”, ha respondido Pérez en declaraciones a este diario. Para el eurodiputado de SALF, quien se encuentra en Estrasburgo, participando en el pleno de esta semana, su marcha es una “traición” a los electores que les apoyaron el año pasado. “Secuestrar dos actas que no son suyas, porque nadie les votó, es inmoral”, afirma.

Por su parte, Solier y Junco aseguran que seguirán trabajando —eso sí, de forma “independiente”, como figuran ya en sus páginas web oficiales del Parlamento Europeo, al contrario que Alvise Pérez, que sigue como eurodiputado de SALF— a favor de esos “800.000 españoles que confiaron en una política diferente, honesta y al servicio de la gente corriente”, escriben. “A todos ellos les reiteramos que no vamos a ceder ante la intimidación ni el ruido. Seguiremos trabajando con rigor (…) y con las manos limpias”, insisten.

La ruptura de los dos eurodiputados españoles con el líder de SALF se conoce apenas un día después de que el Tribunal Supremo abriera, el lunes, una nueva causa, la tercera en un mes, a Alvise Pérez, por varios mensajes que dirigió a través de Telegram contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert. El eurodiputado de SALF también tiene abiertas otras dos investigaciones en el Supremo, una por la financiación de SALF y otra por difundir una prueba falsa de covid del president catalán, Salvador Illa. A finales de marzo, el Parlamento Europeo además sancionó a Alvise por no declarar sus ingresos previos a asumir su escaño en Bruselas, tal como estipulan las normas de conducta que obligan a todo eurodiputado al comienzo de su mandato.

La decisión de ir por caminos separados quedó clara, al menos, desde que, a mediados de diciembre, ECR anunció la admisión en sus filas de Solier y Junco como “miembros individuales”, dejando en el limbo el ingreso de Alvise. En su momento, fuentes de la formación ultra, la cuarta fuerza en la Eurocámara con 78 eurodiputados, indicaron que esperarían a que se resolvieran las investigaciones en España sobre el líder de SALF, aunque este restó importancia a las mismas y se dijo confiado en su pronto ingreso en el grupo parlamentario europeo.

No fue así —en su despacho en la sede de la Eurocámara de Bruselas sigue figurando el logo de la ardilla de SALF, mientras que Solier y Junco lucen el símbolo de ECR— y tampoco ha habido desde entonces visos de un acercamiento, sobre todo con la complicación de las investigaciones judiciales de Pérez en España. El eurodiputado también está en la mira de la institución parlamentaria europea. Al comienzo del último pleno de marzo en Estrasburgo, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, anunció una sanción monetaria por un total de 700 euros contra el líder de SALF por no declarar, como están obligados todos los eurodiputados al asumir su escaño, sus ingresos previos antes de llegar a Bruselas. Más allá de la multa mínima, es un aviso político. No declarar estos ingresos, como sigue sin hacer Pérez, conlleva, según el código de conducta del legislativo europeo, la imposibilidad de ser elegido “para ejercer cargos en el Parlamento o en los órganos del mismo, ni ser nombrados ponentes, ni formar parte de delegaciones oficiales”, que son parte de las tareas de un representante de los intereses de los ciudadanos en la institución legislativa europea. Para poder ser investigado en España, la justicia debería enviar un suplicatorio al Parlamento Europeo solicitando el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, paso que por el momento no se ha dado.