Dos asociaciones denuncian la “politización” del Colegio de abogados de Madrid tras su acusación contra el ex fiscal general

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y la Asociación Defiéndete en Derecho han denunciado este lunes la “falta de neutralidad” y la “politización” de la actual junta directa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), encabezada por el decano Eugenio Ribón, que impulsó el proceso judicial contra Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado. Además, ambos colectivos han enviado un escrito a la institución para exigir la celebración de una junta general extraordinaria para que el decano dé “explicaciones” sobre la acusación que activó contra el antiguo representante del ministerio público, condenado a inhabilitación por el Tribunal Supremo.

“El ICAM ha sido puesto al servicio de una estrategia de defensa y una estrategia política”, arremeten ambas asociaciones en su escrito, en referencia a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional. El documento insiste en que la denuncia que presentó la institución contra García Ortiz “omitía hechos determinantes”, como la “campaña de difamación” contra la Fiscalía que emprendió el entorno del novio de la dirigente popular y su propio jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. “Fue una denuncia tendenciosa”, ha dicho el abogado José Mariano Benítez de Lugo, expresidente de Adade.

Durante un acto celebrado este lunes, Adade y Defiéndete en Derecho han expresado su “extrema preocupación” ante la deriva de la junta de gobierno del ICAM desde finales de 2023, cuando se conoció el pacto entre PSOE y Junts para aprobar la ley de amnistía e investir de nuevo a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. “Nunca se había producido el sectarismo y la politización del ICAM como se está produciendo en estos momentos”, ha censurado el letrado Javier Ledesma, que presidió Adade entre 2008 y 2023.

Roberto Granizo, actual presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, próxima a los socialistas, ha incidido en que el Colegio emitió entonces un comunicado con “falsedades” sobre aquel pacto político, al que siguió después una serie de “coloquios” sobre la amnistía con “todos los ponentes con un claro sesgo político cercano al PP” y un viaje a Europa para “alarmar” a las autoridades comunitarias. A esto, según Granizo, se añadió la denuncia contra el fiscal general del Estado.

En marzo de 2024, Eugenio Ribón dio una rueda de prensa para avanzar que el ICAM iba a presentar una denuncia en los tribunales por la nota de prensa difundida por la Fiscalía para desmentir una información tergiversada de El Mundo (que decía que el ministerio público había ofrecido un acuerdo a González Amador en su causa por fraude fiscal, cuando había sido realmente al revés) y un bulo propagado por Miguel Ángel Rodríguez (que mantenía que esa supuesta oferta se había retirado como una especie de chantaje político). “La acusación del Colegio rompió una larga trayectoria de neutralidad e independencia que tienen que tener este tipo de operadores”, ha añadido este lunes Amador González, presidente de la asociación Defiéndete en Derecho, que recogió firmas contra el procesamiento de García Ortiz.

En esa línea, Javier Ledesma ha criticado “la falta de neutralidad de una institución que siempre ha sido integradora”: “Demandamos un cambio en la situación del Colegio. Pedimos una junta extraordinaria para que se explique por qué esa personación y acusación [contra García Ortiz], sin tener en cuenta la campaña contra el fiscal general, haciéndose cargo de esa campaña y acompañándola”. “Hubo intencionadas omisiones en la denuncia”, ha apostillado Benítez de Lugo.

En el escrito remitido al ICAM, Adade y Defiéndete en Derecho reclaman a Ribón que convoque una asamblea extraordinaria, “dada la existencia de numerosos abogados preocupados por su actuación”, para que “se debata sobre ello” y se adopten las “decisiones oportunas”: “Ya sea la censura de la actuación del decano y de la junta de gobierno, ya sea su ratificación”.

Tras un juicio celebrado en el Supremo, donde el ICAM ejerció como acusación popular y pidió cuatro años de cárcel para García Ortiz, el alto tribunal condenó al entonces fiscal general a dos años de inhabilitación, a una multa de 7.200 euros y al pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario González Amador por un delito de revelación de secretos por la filtración de un correo de la defensa del novio de Ayuso, donde proponía admitir dos delitos fiscales para evitar su entrada en prisión. La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, tiene previsto solicitar la suspensión de esa sentencia antes de acudir al Tribunal Constitucional.

Este movimiento tras la sentencia contra el ex fiscal general se suma a otras iniciativas anteriores. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) envió el pasado diciembre una “comunicación formal” a la relatora especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, para informarle de una “sucesión de irregularidades institucionales” en el proceso contra García Ortiz; y pedirle que “valore” si ha quedado “comprometida la independencia judicial”.