La Abogacía del Estado pedirá al Supremo la suspensión cautelar de la condena al ex fiscal general antes de acudir al Constitucional

La Abogacía del Estado, en defensa del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, va a solicitar en las próximas horas al Tribunal Supremo que suspenda de forma cautelar la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación, a una multa de 7.200 euros y al pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un delito de revelación de secretos tras la filtración de un correo del procedimiento relacionado con dos delitos fiscales en el que el empresario estaba inmerso. La presentación del incidente de nulidad es el último paso antes de acudir al Tribunal Constitucional, puesto que García Ortiz, quien se incorpora como fiscal a la sección Social del Supremo, alegará que la condena ha vulnerado sus derechos más elementales.

La Abogacía del Estado registrará este incidente de nulidad antes de este martes 13 de enero, cuando se cumple la fecha límite para la impugnación y la intención es presentar también otro escrito en el que reclame la suspensión de la ejecución de la sentencia, según ha informado eldiario.es y ha confirmado EL PAÍS.

La Sala de lo Penal acordó por cinco votos a favor —Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela— y dos en contra —Susana Polo y Ana Ferrer— condenar a García Ortiz al considerar que un “fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”. Para ellos, García Ortiz “con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación” permitió que el programa Hora 25 de la Cadena SER difundiera el contenido de un email que el abogado del novio de Ayuso había remitido a la Fiscalía para llegar a un pacto de conformidad en el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales.

La sentencia incluía la difusión de una nota de prensa como hecho delictivo y la Fiscalía, que ya presentó a finales de año el mismo incidente de nulidad ha acusado al Tribunal Supremo de “desdoblar” la acusación contra García Ortiz. La teniente fiscal del alto tribunal, María Ángeles Sánchez Conde, explica que el procedimiento se inició con la posibilidad de que el fiscal general hubiera filtrado el correo del 2 de febrero, pero a medida que avanzaba el juicio se incluyó también la capacidad delictiva de la nota de prensa que se distribuyó unos días más tarde a los periodistas para explicar la cronología de lo sucedido. “Ello constituye un hecho novedoso que trastoca de modo radical el objeto del proceso, el hecho imputado, sin que de ello se haya dado oportunidad de alegación de contradicción al acusado”, refleja la Fiscalía.

La sentencia entiende que el deber de reserva de la autoridad o funcionario público permanecía por ser García Ortiz garante de la obligación de sigilo. “No podemos compartir tal planteamiento”, esgrime la teniente fiscal, porque “extiende la aplicación del tipo delictivo” más allá de lo que se había contemplado hasta ahora en la ley. “El legislador no lo considera constitutivo del delito de revelación de secretos” porque cuando algo ha sido ya divulgado “es claro que ha dejado de ser secreto”.

El incidente de nulidad es la única vía para poder modificar la sentencia del Supremo que ya es firme y sobre la que no cabe recurso. Los magistrados tendrían que deshacer la condena, una posibilidad muy remota, y anular el fallo si consideraran que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, a la legalidad penal y a la tutela judicial efectiva. Una vez ellos rechacen estos argumentos tanto de la Abogacía del Estado como de la Fiscalía, García Ortiz tendría vía libre para acudir al Tribunal Constitucional en amparo.

García Ortiz regresa a la Fiscalía

El que fuera jefe del Ministerio Público se reincorpora a la carrera fiscal en el Tribunal Supremo, que es tenía asignado su puesto por ser fiscal de Sala, la más alta categoría dentro de la Fiscalía. Concretamente, García Ortiz ha pedido quedar adscrito a la Sección Social del alto tribunal, según ha publicado El Mundo y ha confirmado este medio.

Desde su renuncia el pasado 24 de noviembre, tras lo que el Gobierno nombró como sucesora a la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, García Ortiz se había alejado de los focos de forma intencionada y distintas fuentes apuntan a que la sección Social es, precisamente, un lugar tranquilo y poco mediático en el que trabajar. El Tribunal Supremo extendió su condena al cargo de máximo representante de ministerio público, si bien, no amplió la inhabilitación a cualquier puesto de la Fiscalía o cargo público.

Algunas fuentes jurídicas que formaron parte de la acusación contra él tenían dudas sobre el alcance del fallo, puesto que el Reglamento de la carrera fiscal (artículo 32) sostiene que una de las razones para perder la condición profesional es haber sido condenado por un delito doloso y en este caso la revelación de secretos lo es. Pero a renglón seguido se da la facultad al fiscal general del Estado, es decir, a Teresa Peramato en este caso, de “sustituir la pérdida de condición de fiscal por la sanción de suspensión en los casos en que la pena no fuera superior a seis meses”.