Koldo García niega la versión de Aldama y rechaza los delitos en el caso de las mascarillas

Koldo García, exasesor del exdirigente socialista José Luis Ábalos, ha negado que estuviese implicado y cometiese algún delito en una supuesta trama de cobro de mordidas en el seno del Ministerio de Transportes a cambio de adjudicaciones de contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de covid. La abogada de Koldo García, Letizia de la Hoz, ha presentado este viernes en el Tribunal Supremo el escrito de defensa de su cliente, que está previsto que sea juzgado en los próximos meses por esta parte de las pesquisas. La versión del estrecho colaborador de Ábalos contradice la del comisionista Víctor de Aldama, que este jueves admitió los delitos en busca de una rebaja de penas.

Koldo García se encuentra actualmente en prisión provisional, junto al exresponsable de Transportes. La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado que se condene al exasesor ministerial a 19 años y medio de prisión por conchabarse con Ábalos y Aldama para urdir una red de influencias que otorgara al empresario un “acceso preferente” a la Administración y por favorecer sus intereses y los de las compañías que representaba. Para el exdiputado del PSOE, el ministerio público pide 24 años de cárcel; y para el comisionista, solo siete años al aplicarle el atenuante de confesión (aunque Víctor de Aldama planteó este jueves que se reduzca aún más esa solicitud de reclusión).

En el documento remitido ahora por la defensa de Koldo García, de 132 páginas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, la letrada pide que se citen como testigos al juicio a, entre otros, Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior; Francina Armengol, expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso; a Salvador Illa, exministro de Sanidad y actual president de Cataluña; y a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif.

A lo largo del extenso escrito, la abogada de Koldo García carga con enorme dureza contra la tesis de Anticorrupción y, especialmente, contra las continuas declaraciones del comisionista confeso: “Esta parte niega de forma rotunda y en profundidad el relato de hechos que contiene el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el de la acusación popular unificada y el del ornitorrinco procesal (en palabras del catedrático Manuel Cobo del Rosal, dado que no se sabe si es acusación o defensa), Aldama”.

“Las acusaciones se articulan sobre una construcción meramente especulativa, una fabulación de los acontecimientos que carece del más mínimo sustento indiciario o probatorio, vulnerando con ello el principio de presunción de inocencia de mi representado”, añade el documento enviado al Supremo por la letrada del exasesor de Ábalos.

La defensa de Koldo García denuncia igualmente una batería de supuestas irregularidades que deberían implicar, según su opinión, la “nulidad” del procedimiento: entre otras cuestiones, la letrada Leticia De la Hoz asegura que se ha producido “una selección estratégica de imputaciones, que hace que queden fuera actores fundamentales de los hechos, la mayoría de ellos precisamente los presuntos beneficiados por las supuestas actividades ilícitas, ya que han participado como testigos y no como investigados”. En esta línea apunta a Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, que no fue imputada pese a su presunta contratación irregular por dos empresas públicas y a que la presunta trama le pagó un piso en la madrileña Plaza de España.

Como tesis de defensa, Koldo García mantiene que no cobró comisiones ilegales y que sus ingresos tienen un “origen trazable y lícito”. Frente a las sospechas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que detalló cómo el exasesor ministerial cuadruplicó los ingresos en efectivo tras las adjudicaciones bajo sospecha y cómo adquirió junto a su entorno varias viviendas, el excolaborador de Ábalos insiste en que nunca recibió “dádivas”, ni “participó en un entramado de blanqueo”.

“Mi representado actuó como un mero facilitador logístico o enlace institucional, funciones que no solo son lícitas, sino necesarias en una situación de catástrofe sanitaria”, apunta la abogada de Koldo García, que incide en que este no tenía “capacidad de alterar la voluntad de los órganos de contratación”: “No tenía conocimiento técnico ni intervención administrativa en dichos expedientes”.