La rebaja de la tasa de alcoholemia, varada en el Congreso

La rebaja de la tasa de alcoholemia en España de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 gramos está estancada en el Congreso, a pesar de que genera un gran consenso. La Cámara baja comenzó a tramitar la proposición de ley el pasado marzo con el único voto en contra de Vox y la abstención del PP, pero el texto sigue en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, pendiente de negociaciones entre los partidos.

Ese bloqueo se debe, según varias fuentes parlamentarias, a que Esquerra Republicana está reclamando la cesión de las competencias para gestionar los exámenes de conducir para Cataluña. Hace apenas un mes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, demandó públicamente que se aprobara “cuanto antes”. “No hay una sola excusa que justifique retrasar un solo día más esta reforma, es inaplazable”, dijo.

La propuesta del PSOE unifica las tasas para todos los conductores, eliminando las diferencias actuales entre noveles y profesionales y también quiere prohibir la difusión de información sobre controles policiales de alcohol y drogas, así como de cualquier otro establecido por razones de seguridad vial.

Para impulsar esta medida, Interior se fijó en otros países de referencia en políticas de seguridad vial, como Suecia y Noruega, que tienen la tasa de alcohol de 0,2 gramos por litro en sangre, una tasa que también está vigente en Polonia y Estonia. En Rumanía, República Checa, Hungría o Eslovaquia, la tasa se encuentra en 0,0 para todos los conductores. El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (organismo independiente y sin ánimo de lucro dedicado a reducir el número de muertos y heridos en el ámbito del transporte en Europa) recomienda una tasa de 0,1 miligramos por litro de aire espirado o 0,2 gramos por litro en sangre, entendiendo que ese límite equivale a la tolerancia cero.

“Reducir la tasa de alcohol al volante es un compromiso moral con quienes perdieron la vida en la carretera”, zanjó el director general de Tráfico, Pere Navarro en abril, al presentar un estudio de la Universidad de Valencia que respaldaba la medida con evidencias científicas. El informe, que analizaba los datos de distintas fuentes oficiales españolas, entre ellas la DGT, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y la Fiscalía de Seguridad Vial, concluía que el alcohol sigue siendo uno de los factores de riesgo más graves y persistentes de la seguridad vial. Entre 2018 y 2022, se registró un aumento del 20% de siniestros con víctimas relacionados con el consumo de alcohol en España. Además, la presencia de alcohol no solo incrementa el número de víctimas en un 16% y de fallecidos en cinco puntos porcentuales más, sino también la gravedad de los siniestros.

En 2024, el 48% de los conductores a los que se le practicó la autopsia dieron positivo en alcohol, drogas o estupefacientes.

Si la modificación prospera, con un solo vaso de bebida alcohólica, se sobrepasaría el máximo legal para conducir en muchos casos. Los 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre (o, midiéndolo de otra manera, 0,1 miligramos de alcohol por litro de aire espirado) se pueden alcanzar, tanto para hombres como para mujeres de entre 70 y 90 kilos de peso, con un tercio de cerveza (5º), 100 ml de vino o cava (12º) o una copa de 70 ml de vermú (17º), según un cálculo del Real Automóvil Club de España (RACE).

Los exámenes de conducir

Los socialistas siguen hablando con los grupos parlamentarios en la Cámara baja. “El tema está parado”, reconocen fuentes parlamentarias. Entre los escollos que citan se encuentra “la cesión de competencia de los examinadores de tráfico”, algo que han reclamado las formaciones independentistas.

ERC está utilizando sus armas, en este caso sus votos determinantes en el Congreso, para frenar la rebaja en la tasa de alcoholemia hasta que no se desbloquee la negociación por la cesión, al menos de la gestión de la competencia sobre los exámenes para sacar el carné de conducir. Culpan al PSOE de Madrid de bloquear el asunto de los examinadores de conducir porque piensan que tanto el PSC como el Ministerio del Interior y hasta los Mossos sí estarían por la labor de facilitar esa solución al problema. Para Esquerra, el escollo es que el PSOE no quiere solventar “el enorme problema de colapso en los exámenes de los carnés de conducir” y no ofrecen nada a cambio, según fuentes al corriente de esos contactos.

Esquerra querría lograr la competencia total sobre los exámenes, porque entienden que así se agilizaría un problema de atasco en esas pruebas que es general de toda España, pero mientras tanto han reclamado que al menos se les deje gestionar esa función y aseguran que ahí los Mossos podrían colaborar en la realización de esos exámenes. Otras fuentes de esta formación aseguran que están pendientes “de una solución efectiva para recortar las listas de espera en exámenes de conducción”.

Navarro ha reconocido en los últimos meses que la plantilla de examinadores de la DGT no da para atender a todas las solicitudes, pese a que se encuentra cubierta casi al completo. El cupo de 900 profesionales se aprobó cuando España tenía 40 millones de habitantes, y actualmente se acerca a los 50. El director de la DGT ha avanzado que se está negociando con el Ministerio de Función Pública una aplicación de la plantilla para adaptarla a las necesidades actuales.

En Cataluña, el colapso de los examinadores está retrasando meses la obtención de este permiso. La lista de espera llega a más de 70.000 personas y obliga a muchos jóvenes a desplazarse a otras comunidades para obtener la licencia. El Parlament aprobó en 2019, en 2023 y en 2025 resoluciones a favor de la transferencia de la competencia en manos de la Dirección General de Tráfico. De momento, el Ejecutivo ha pactado la llegada de más examinadores (25) y plantea posibles encargos de gestión ahora en estudio para aliviar el problema.