El responsable de protección de datos de la Fiscalía General afirma que el borrado de mensajes y correos previene brechas de seguridad

El fiscal delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado, Agustín Hidalgo, ha dado un espaldarazo este martes a los argumentos que ha esgrimido desde hace meses Álvaro García Ortiz para explicar por qué borró todos los mensajes y cuentas de correo electrónico, un hecho que el Tribunal Supremo y las acusaciones consideran un indicio adicional de que fue él quien filtró el correo electrónico por el que se le está juzgando por revelación de secretos. Hidalgo ha asegurado que cada fiscal “es responsable” de adoptar las cautelas necesarias para prevenir brechas de seguridad y que la eliminación de datos almacenados en los teléfonos y ordenadores contribuye a disminuir esos riesgos. “Es muy superior el valor inmaterial de los datos que el de un dispositivo en desuso”, ha añadido Hidalgo a la pregunta de si un fiscal puede deshacerse de un terminal cuando lo cambia por otro o si debe devolverlo.

La declaración del jefe de protección de datos había sido reclamada por varias de las acusaciones, pero su testimonio ha resultado más favorable para las defensas. Ha sido así desde su primera respuesta, cuando Gabriel Rodríguez Ramos, el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal, le ha preguntado a Hidalgo si podía ratificar que ocupa ese puesto desde 2020 (es decir, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa y Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General), y el fiscal ha contestado que está en el cargo desde 2018 a propuesta de Julián Sánchez Melgar, el último fiscal general del Gobierno de Mariano Rajoy.

Hidalgo ha explicado que llevan años intentando que cale entre los fiscales la cultura de la protección de datos, que incluye no almacenar más información de la imprescindible para evitar el riesgo de que, en caso de hackeo o de pérdida del dispositivo, se expongan los datos sensibles con los que trabajan los fiscales. El responsable de protección de datos ha detallado que supervisar el cumplimiento de una vulneración de seguridad requiere que el interesado se dirija a la Fiscalía, porque la institución no puede hacerlo de oficio; pero, en el caso que ha llevado a García Ortiz al banquillo, ni el abogado Carlos Neira ni el empresario González Amador han reclamado que se investigue la filtración del correo que centra la causa del Supremo, en el que el letrado admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía al ministerio público un pacto que le librara de entrar en la cárcel.

Las acusaciones han centrado parte de su interrogatorio en la nota emitida por la Fiscalía General la mañana del 14 de marzo de 2024 para desmentir la información falsa que estaba difundiendo el jefe de gabinete de Ayuso desde la tarde anterior, según la cual, era el ministerio público quien había propuesto un acuerdo de conformidad a la defensa de González Amador. Ese comunicado recogía una cronología de las conversaciones que habían mantenido el abogado y el ministerio público, y las acusaciones la consideran delictiva porque, aseguran, vulneran la confidencialidad entre la defensa y el ministerio fiscal. Hidalgo, sin embargo, ha asegurado que, en su opinión, ese comunicado “no constituye una violación de seguridad”.

También ha sido tajante Hidalgo cuando las acusaciones le han preguntado por qué no se planteó nunca la posibilidad de investigar si la Fiscalía General del Estado había filtrado un correo de la defensa de González Amador. “El delegado de protección de datos no tiene esa facultad. No puede usted reclamar una actuación a alguien que, para hacerlo, tiene que extralimitarse”, ha afirmado Hidalgo. No obstante, el delegado de protección de datos ha asegurado que, en su opinión, no es una brecha de seguridad el envío al fiscal general de la cadena completa de los correos intercambiados entre el abogado del empresario y la Fiscalía.