Claves del cuarto día del juicio al fiscal general | Testifican los periodistas que informaron sobre el ‘email’ filtrado
Miguel Ángel Campos, periodista de la SER y José Manuel Romero, ex subdirector de EL PAÍS, declaran al final de la mañana


El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos entra en su ecuador este martes con la cuarta sesión. Lo más destacado de la jornada será el paso ante el tribunal de seis periodistas que informaron sobre el contenido del correo electrónico por cuya filtración se enjuicia a García Ortiz. En ese email, el abogado del empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso― reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía un acuerdo.
Entre esos periodistas se encuentra Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, el periodista de la Cadena SER que dio la primera información sobre el correo del 2 de febrero, que es la filtración que investiga el Supremo. En esos momentos, el fiscal general recababa información sobre el caso para desmontar un bulo difundido por el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, que acusaba a la Fiscalía de ofrecer un pacto a la pareja de Ayuso —y no al revés, como es habitual— y de frenarlo por “órdenes de arriba”. Los periodistas José Manuel Romero, entonces subdirector de EL PAÍS; y Fernando Peinado, Berta Ferrero y Juan José Mateo, también de EL PAÍS, también declararán ante el tribunal.
Durante la fase de instrucción, todos coincidieron en que manejaban detalles de esa información antes que García Ortiz comenzara a pedir información del caso de la pareja de Ayuso en la noche del 13 de marzo de 2024. El instructor no les creyó, alegando que no ofrecieron “datos objetivos”, mientras que los dos magistrados de la Sala de Apelación que avalaron el procesamiento del fiscal general restaron importancia a sus testimonios.
Antes de ellos, al inicio de la sesión de la mañana, declarará Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que denunció a la Fiscalía por difundir una nota de prensa para desmontar el bulo del PP de Ayuso. El ICAM ha mantenido su acusación a pesar de que el Supremo desechó que la emisión de esa nota fuese delito (porque ya se había difundido en los medios los datos que contenía). Tras Ribón, comparecerá como testigo María Antonia Sanz, fiscal jefa de la Inspección de la Fiscalía General del Estado; y Agustín Hidalgo, fiscal delegado de Protección de Datos. Sus declaraciones abordarán presumiblemente cómo se gestionó internamente la investigación al fiscal general y el borrado del móvil de García Ortiz, una circunstancia que el tribunal ha considerado un indicio adicional para sentarlo en el banquillo.
Los dos últimos testigos de la sesión de la mañana serán Miguel Ángel Campos y José Manuel Romero. En la sesión de tarde, que comienza a las 15.00, está previsto que continúen los periodistas de EL PAÍS Fernando Peinado, Berta Ferrero Franch y Juan José Mateo Ruiz-Gálvez. El último testimonio previsto para el día es de Cynthia Coiduras Iglesias, periodista de El Plural.
Hasta este martes, la primera parte de la vista contra el fiscal general ha transcurrido sin nuevos indicios sobre quién filtró el correo de la pareja de Ayuso y con testimonios que confirman que su contenido ya se conocía cuando lo recibió García Ortiz, a las 21.59 del 13 de marzo de 2024. En las primeras tres sesiones han declarado 20 de los 40 testigos citados.
Hasta ahora, la pareja de Ayuso, Alberto González Amador se ha presentado ante el tribunal como una víctima del fiscal general, a quien acusa de filtrar el correo en el que su abogado admitía que había cometido dos delitos contra Hacienda. La difusión de ese mail, asegura, le ha “matado públicamente” porque ha llevado a que se hable de él públicamente como el “defraudador confeso”. A pesar de ello, el empresario admitió que autorizó a su abogado a negociar un pacto con la Fiscalía para cerrar su problema con la justicia “rápido y sin ruido” y que su letrado le explicó que eso implicaba “el reconocimiento del delito”.
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