El juez del ‘caso Ábalos’ rechaza “en este momento” pedir al PSOE sus movimientos de caja

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa en la que están imputados los ex secretarios de Organización socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán por presunta corrupción, ha rechazado la petición del PP, que encabeza las acusaciones populares, de requerir al PSOE “con carácter urgente” todos los movimientos de caja de los últimos ocho años para que estén disponibles antes del próximo 29 de octubre, día en el que están citados a declarar como testigos el exgerente del partido y una trabajadora de la Secretaría de Organización de la formación. El juez considera que “en este momento” no es necesaria esta diligencia “sin perjuicio, lógicamente, del resultado de las referidas declaraciones testificales”.

La decisión del juez se produce después de que el PP solicitara el pasado martes al Supremo que se incorporaran a la causa los movimientos de caja del PSOE desde 2017, incluidos los ingresos desde cuentas bancarias, y “no solo el resumen anual sino el detalle de cada uno de los movimientos”, especificando las salidas, los conceptos y los receptores “de todo el dinero que llegó a la caja” desde ese año. La petición de la acusación popular se producía después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregara al magistrado un informe en el que se aludía a “una falta de concordancia” entre la documentación remitida por el partido socialista al Supremo sobre las liquidaciones hechas a Ábalos y a conversaciones entre el antiguo asiste de este, Koldo García, y su exmujer sobre supuestos ingresos en efectivo “mediante sobres en la sede del PSOE” de la calle Ferraz.

Ese documento policial provocó, precisamente, la citación como testigos del exgerente del partido Mariano Moreno Pavón y la trabajadora Celia Rodríguez Alonso. Según explicó en la resolución por la que llamaba a ambos a declarar, el juez pretende interrogar a ambos por “posibles pagos en metálico” por parte del PSOE en favor del exministro y su antiguo asistente “que no constarían, sin embargo, por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada” por los socialistas al Supremo, “más allá de algún posible ‘descuadre’, respecto de los que sí aparecen contenidos en dicha información, de mínima importancia económica”.

A raíz de esta citación, los populares presentaron su escrito, en el que además de solicitar los movimientos de caja, pedían la “normativa en vigor para el reembolso de gastos desde 2017″ y las posibles modificaciones posteriores, así como la “política de conservación de documentación contable y financiera en vigor en el PSOE”. Según el PP, esta información es “de indudable interés para las presentes actuaciones”, ya que permitirá conocer “determinados particulares acerca de los procedimientos de reembolso de gastos seguidos por el PSOE, en general, y respecto de Ábalos y Koldo, en particular”.

Desde que se conoció el informe de la UCO, el PSOE ha defendido que los pagos en efectivo no los ha descubierto la Guardia Civil, sino que fue el propio partido el que reconoció, en un informe remitido al juez, que “los gastos se abonaban en efectivo o mediante transferencia”. Los socialistas aseguran que todos los movimientos están justificados, dado que en sus cuentas constan declarados estos abonos entregados a Ábalos o a Koldo García “en concepto de gastos justificados” mediante facturas y derivados de sus funciones en el partido.

El informe de la UCO constató que, en la documentación enviada al Supremo por orden del juez, el PSOE señaló que entre 2017 y 2021 pagó gastos a Ábalos por un importe total de 19.638,97 euros, de los que una parte se entregaron en efectivo. La misma fórmula se usó para liquidar gastos de Koldo García, por un valor de 12.744,73 euros.

Koldo carga contra la auditoría de Puente

El que fuera asesor de Ábalos ha enviado un nuevo escrito al Supremo en el que carga contra la auditoría sobre la compra de mascarillas que el ministro de Transportes actual, Óscar Puente, encargó a su equipo y presentó en la investigación el 19 de agosto de 2024. En ese documento se decía, por ejemplo, que el exministro había duplicado la compra de este material sanitario durante la pandemia en 38 minutos a la empresa de Víctor de Aldama (empresario considerado “nexo corruptor”) y que esta gestión había contado con la participación de Koldo García.

El exasesor asegura ahora que ese informe estuvo sesgado y tenía la clara intención por parte de Puente de desvincularse del procedimiento del exministro José Luis Ábalos. “El informe fue difundido inmediatamente a través de la página web del Ministerio y de los medios de comunicación, generando una presión mediática sin precedentes”, indica el escrito que acaba de presentar la defensa de Koldo García en el alto tribunal.

Por ello, reclama la declaración de cinco nuevos testigos, entre ellos de la exdirectora de ADIF Isabel Pardo de Vera (imputada en la parte de este mismo caso que se sigue en la Audiencia Nacional). Ella declaró en sede judicial el pasado 16 de septiembre de 2024 que esa auditoría no presentaba el formato de las que ella había visto en sus 20 años de trabajo: “Efectivamente, yo le llamaría un informe bastante incompleto”, reconoció.

Koldo pide citar también a la entonces directora general de Organización e Inspección del Ministerio Belén Villar que tuteló este estudio ejecutado, según dice, “al margen de las garantías procedimentales esenciales”, es decir, sin respaldo normativo y sin que ni siquiera el juez lo hubiera pedido. Señala que el informe no tiene “rigor técnico” y que estuvo “orientado a desligar la actual dirección ministerial de las decisiones adoptadas durante la gestión de la pandemia por sus antecesores”.

En dicho informe se comparaba, por ejemplo, que las mascarillas se pagaron a 3,38 euros en marzo de 2020 y 3,65 en abril de ese mismo año, cuando el precio medio en el mercado estaba en 2,50. La defensa de Koldo agrega que “incurre en la omisión deliberada de un dato técnico clave” que es el “cuadro de previsión de necesidades de mascarillas”. A su juicio, Villar no podía desconocer la existencia de ese cuadro por la posición que ocupaba e incluyó a Koldo García en la toma de decisiones sin que, en realidad, dice el escrito, el asesor participara de la compra de mascarillas.

El exasesor también reclaman la citación de Michaux Miranda, director general de Gestión de Personas en Adif, a quien entrevistaron para el informe de Transportes encargado por Puente y, posteriormente, declaró en la Audiencia Nacional, el 19 de septiembre, que su entrevista para la auditoría no fue grabada y “no se eleboró ningún extracto, ni me dieron a firmar o verificar mis declaraciones en ese momento ni posteriormente”.