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El Gobierno intenta convencer a Podemos para que no tumbe dos votaciones clave: el embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible

El Ejecutivo sufre para garantizar la convalidación del decreto ley y una norma de la que dependen 10.000 millones de fondos europeos

Semana decisiva para entender hasta dónde llega la estrategia de Podemos, socio imprescindible de la mayoría, para poner en aprietos al Gobierno casi en cada tema. El Ejecutivo aún confía en convencer al grupo de Ione Belarra de que al menos se abstenga en las dos votaciones decisivas de este martes y miércoles, el decreto del embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible, de la que dependen la llegada de otros 10.000 millones de euros de fondos europeos.

En el Ejecutivo no acaban de creerse que Podemos sea capaz de tumbar alguna de las dos normas, porque su repercusión política sería muy fuerte: decaería el embargo en el primer caso y se pondrían en riesgo los 10.000 millones en el segundo, aunque se buscarían alternativas como pasó con el decreto antiapagones, que cayó antes del verano. El Gobierno ha logrado el apoyo de Junts, y eso mete mucha más presión a Podemos, porque se las cargarían ellos solos y además basta con una mera abstención para que salgan adelante. Pero Podemos no aclara qué hará y la inquietud es máxima en el Gobierno ante la posibilidad de un nuevo golpe duro.

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Todos están presionados. El Ejecutivo, por su necesidad de sacar adelante estas iniciativas. Podemos, porque tiene que medir el coste de tumbar medidas positivas aunque las considere insuficientes. En el trasfondo está la discusión dentro de la izquierda sobre cuál es la estrategia real de Podemos y si realmente preferiría debilitar al Gobierno para forzar un adelanto electoral y dar un golpe definitivo a Sumar, aunque las últimas encuestas no son muy favorables para el grupo de Belarra.

Podemos no ha dicho en ningún momento que vaya a votar en contra de la norma, pero sí ha sido muy crítico con la medida salida del Consejo de Ministros hace quince días, que califica de “decreto fake” y “engaño”. A la formación izquierdista no le gustan las excepciones que plantea y cree que está “llena de agujeros” porque ni impide el comercio de armamento con las filiales de empresas israelíes ni establece controles al cargamento de los buques ni prohíbe el uso de las bases de EE UU en Rota y Morón, aunque algunas de estas iniciativas ya están previstas en otras normas.

La lectura pública que hacen en el partido es que las manifestaciones multitudinarias de este fin de semana obligan al Ejecutivo a reflexionar. “Lo que exigimos al Gobierno es que escuche a la ciudadanía. Ha habido un clamor demandando un embargo real de armas”, justificó este lunes en rueda de prensa el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, que insistió: “Mañana [por este martes] verán el voto, pero me gustaría que quedase claro que pedimos que el embargo sea efectivo”.

Tanto fuentes del PSOE como de Sumar deslizan que la formación izquierdista no se puede permitir posicionarse en contra tratándose de un tema como este, del que han hecho bandera, por mucho que el decreto sea mejorable. Y más aún cuando se decide también si tramitarlo como proyecto de ley, lo que abre la posibilidad de introducir cambios en el Congreso. Podemos desconfía de esta opción, que reclamó Sumar, porque el procedimiento puede alargarse y terminar por quedarse en nada, pero admiten dudas sobre el impacto que tendría ir de la mano de PP y Vox en este asunto.

Aunque el partido de Alberto Núñez Feijóo no ha desvelado tampoco qué hará, en mayo se opuso a la tramitación de una ley para el embargo de armas en el Congreso y ha mostrado diferencias internas en torno a la masacre en Gaza. La semana pasada, sin ir más lejos, rechazó una iniciativa en el Senado para condenar el “genocidio” del pueblo palestino.

“Votar a favor del embargo es votar a favor de la humanidad y votar en contra es apoyar a los genocidas. En esta situación, no hay espacio posible para ponerse de perfil”, advirtió ayer la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, en una alusión a Podemos. Tras haber confirmado Junts el sí al decreto, y siempre que el resto de grupos de la investidura lo apoyen, una abstención del partido sería suficiente para que saliera adelante.

El tema se ha vuelto central en la política española. La formación de Yolanda Díaz, a través de la propia vicepresidenta del Gobierno, propuso este lunes que el Ejecutivo impulse la celebración en Madrid de una conferencia de paz “en defensa de los derechos del pueblo palestino, contando con ellos y ellas para que decidan libremente su futuro” y también reclamó la ruptura total de relaciones con Israel.

Ley de movilidad

Podemos también lleva semanas tensando la cuerda con otro asunto, la ley de movilidad, que se vota el miércoles después de una larga tramitación parlamentaria (llegó al Congreso en febrero de 2024). Se trata de una norma comprometida dentro del Plan de Recuperación y su visto bueno es necesario para el desembolso de 10.000 millones de euros de los fondos europeos vinculados a un paquete de reformas en el que está incluido la ley.

La formación de Belarra la ve poco ambiciosa, y por eso han condicionado su voto positivo a que el Gobierno paralice la ampliación del puerto de Valencia y el aeródromo del Prat. El Ejecutivo insiste en que no puede aceptar ese tipo de condiciones en una ley que no tiene relación directa con esos asuntos que además son estratégicos y están ya muy avanzados.

Con todo, este lunes la formación matizó su postura, abriendo la puerta a una posible abstención, después de que hace una semana su secretaria general asegurase que “no iba a salir adelante” si no se tenían en cuenta sus demandas. “Reafirmamos nuestras posiciones para poder votar a favor de esa ley”, se limitó a defender Fernández este lunes.

Tanto Junts como el resto de socios habituales del Gobierno han confirmado ya su respaldo a la norma tras los intensos trabajos en la Comisión de Transportes de la Cámara baja, que han modificado el texto inicial. Todos salvo la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, que en los últimos días no ha querido aclarar su voto no tanto por la ley como por “la política medioambiental del Gobierno”, según trasladan fuentes de su gabinete. Igual que con el decreto, una abstención de Podemos sería suficiente para que la norma lograra el visto bueno de la Cámara.

Por eso son tan relevantes estas dos votaciones. Porque indicarán cuál es la estrategia real de Podemos y si quiere jugar a presionar y lograr contrapartidas políticas mejorando las normas del Gobierno o su intención es debilitarlo. Estas leyes son importantes, pero detrás de estas decisiones viene la más trascendente, la de los Presupuestos, y ahí sí Podemos parece muy lejos de un acuerdo.

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