El Gobierno exige a Madrid, Baleares, Aragón y Asturias que creen el registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a los presidentes de Aragón, Principado de Asturias, Baleares y la Comunidad de Madrid donde les insta a crear el registro de personas objetoras de conciencia para la práctica del aborto. Se trata de un requisito de la ley de 2023, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024.

“La falta de este registro limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental”, advierten fuentes del Ejecutivo, que indican que el respeto a la objeción de conciencia “nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres”.

“Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. Así comienza la carta enviada por Sánchez a los presidentes de estas cuatro comunidades ―Aragón, Madrid y Baleares, con Gobiernos del PP; y Asturias, cuyo Ejecutivo lidera el PSOE― a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En su misiva, el jefe del Ejecutivo hace hincapié en el retraso de un año que llevan estas autonomías en la creación del registro de objetores de conciencia que es “de obligado cumplimiento”.

“El respeto al derecho a la objeción de conciencia no debe ser, en ningún caso, un impedimento para el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud, sea cual sea su territorio”, continúa Sánchez, que advierte de que si “transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubiera hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento”. Con esta medida, el Gobierno busca garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo independientemente de su lugar de residencia y asegurar que puedan “ejercer ese derecho en la sanidad pública y con todas las garantías”, apuntan fuentes del Ejecutivo.

“El Gobierno de España seguirá empleando todos los medios a su alcance para asegurar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo puedan hacerlo en la sanidad pública y con todas las garantías”, concluye la carta de Sánchez.

La misiva a los Gobiernos de Asturias, Aragón, Baleares y Madrid llega después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara una iniciativa de Vox en la que se planteaba la obligación de informar a las mujeres de un supuesto síndrome post aborto, un diagnóstico sin base científica. El PP del consistorio de la capital votó a favor de la moción aunque fue matizada un día después por el alcalde José Luis Martínez Almeida, que indicó que la información que se dará a las mujeres que pretendan abortar no será obligatoria, sino voluntaria y que “no la va a determinar Vox” sino “los profesionales del Ayuntamiento de Madrid”. Esta polémica en el consistorio madrileño supuso que el presidente del Gobierno anunciara que llevará una propuesta al Congreso de los Diputados para blindar el derecho al aborto en la Constitución ante el riesgo de que el PP y Vox pongan en cuestión el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.