Begoña Gómez acude a declarar por el quinto delito que le imputa el juez Peinado

Begoña Gómez acudirá de nuevo a los tribunales este miércoles. La esposa de Pedro Sánchez ha sido citada otra vez por el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa desde abril de 2024 tras una querella de Vox. Gómez está siendo investigada por cinco delitos: malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional. Todos, con penas que suman desde los seis meses hasta los ocho años de prisión.

Peinado investiga a Gómez por su trabajo como codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su polémica instrucción —ha recibido varios varapalos tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por extralimitarse— ha ido añadiendo hechos y delitos que atribuye a la esposa del presidente del Gobierno. Gómez declara de nuevo este jueves porque el pasado 18 agosto Peinado añadió un quinto delito a la esposa del presidente del Gobierno: malversación de caudales públicos. Gómez tiene intención de declarar este miércoles, según fuentes jurídicas.

Este quinto delito está relacionado con el nombramiento y las funciones de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, con quien ha trabajado siete años. Álvarez también está investigada en la causa, que suma también tres testigos, incluido el presidente del Gobierno. “Es muy difícil en este procedimiento vaticinar qué va a pasar”, dijo Antonio Camacho, el abogado de Gómez, el pasado julio ante los medios.

Peinado citó a la asesora Álvarez para declarar como testigo el pasado diciembre, después de que diversas informaciones periodísticas asegurasen que esta dedicaba parte de su tiempo laboral para ayudar a Gómez en su trabajo en la Complutense, como enviar correos electrónicos a empresas que colaboraban con la esposa del presidente.

La asesora declaró que solo le hizo favores en sus proyectos académicos por su relación de amistad con la esposa del presidente Sánchez. El magistrado notificó en enero —19 días después de publicar una providencia tras no encontrar indicios delictivos contra Álvarez— que cambiaba su estado procesal de testigo a investigada.

Tanto Álvarez como la defensa de Gómez y la Fiscalía interpusieron un recurso contra la imputación por el delito de malversación, el cambio de testigo a imputada de la asesora y el requerimiento del tráfico de llamadas desde el teléfono móvil que le fue asignado. La Audiencia solo admitió el pasado junio la anulación de la primera declaración de Álvarez como testigo, pero mantuvo el resto y los magistrados amparaban la línea de investigación de Peinado sobre el presunto delito de malversación.

La defensa de Begoña Gómez también recurrió este lunes ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez Peinado de reclamar una copia de todos los correos electrónicos que Gómez envió y recibió desde su cuenta oficial de la Moncloa desde julio de 2018 hasta la actualidad.

Peinado tomó esta decisión a principios de septiembre. Según el escrito presentado por el abogado de Gómez, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la petición del juez no concreta los indicios que le llevan a exigir siete años de correos de Gómez, en contra de los requisitos que exige la ley para adoptar una medida que afecta de una forma “tan intensa” a un derecho fundamental como es el secreto de las comunicaciones.