Feijóo: “Si el PSOE no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz, le acompañará hasta el banquillo”

La escalada de tensión política por el procesamiento del fiscal general del Estado ha dado un paso más este martes con el auto dictado por el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado en el que coloca a Álvaro García Ortiz ya en el banquillo con la apertura de juicio oral. Menos de una hora después de conocerse su decisión, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ido con todo contra el presidente del Gobierno y ha acusado a Pedro Sánchez de llevar a España a una situación de “degradación institucional insoportable” por, entre otras cosas, no pedir el cese del fiscal general procesado por la supuesta filtración de un correo electrónico vinculado a la pareja de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador —procesado por los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental—. El Ejecutivo de coalición, sin embargo, sigue manteniendo su confianza al fiscal general del Estado.

“Si el PSOE no exige la dimisión de Ortiz le acompañará hasta el banquillo”, ha sentenciado Feijóo en un mensaje en la red social X. “Procesado su fiscal y su hermano, teniendo en prisión a su número dos en el partido, e imputados su mujer y su ex mano derecha, es evidente que la limpieza de este país pasa por cambiar al presidente del Gobierno. Y lo haremos”, ha agregado el jefe de los populares. El auto de Hurtado y la posterior reacción del líder de la oposición se produce justo cuatro días después de la convulsa apertura del año judicial, en la que Feijóo dio plantón al Rey y en su lugar decidió dar una imagen de unidad junto a Ayuso en otro mitin paralelo.

Este martes, la noticia sobre la apertura del juicio oral a García Ortiz se ha conocido justo cuando la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ofrecía la rueda de prensa de los martes en el Congreso. “Una cosa es la presunción de inocencia, pero está también la cuestión ética y la cuestión moral”, ha expresado Muñoz al respecto. “El fiscal general del Estado que tiene que perseguir delitos no puede estar siendo jugado por haber cometido uno. El fiscal general del Estado está tardando en dimitir y el presidente del Gobierno está tardando en pedirle su dimisión si no lo hace. Eso es lo que ocurriría en un país democrático”, ha sentenciado.

Respaldo del Gobierno

Muy distinta es la visión del Gobierno, tanto desde la parte socialista de la coalición como desde Sumar. Pues, a pesar de la decisión del Supremo, el Ejecutivo ha vuelto a reiterar su respaldo al fiscal general. “Álvaro García Ortiz ha defendido la verdad y ha perseguido el delito”, ha esgrimido la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Poco después, a su llegada al Senado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha mostrado su “total confianza” en el fiscal general y la “total confianza en los magistrados del Supremo que le van a juzgar”. “Dejémosles trabajar porque el Estado de derecho funcionará seguro”, ha afirmado Bolaños.

El ministro socialista —que en una entrevista en este diario el domingo declaró que “hay una minoría de jueces que hacen mucho daño a la justicia”— está acometiendo por su parte reformas profundas de la justicia que han suscitado el rechazo de parte de los jueces. También la censura de palabras similares a las suyas —las del presidente Sánchez en TVE sobre que “hay jueces haciendo política que no cumplen la ley”— y la inédita imagen de un fiscal general del Estado interviniendo en la apertura del año judicial han contagiado a la justicia de la guerra política entre PSOE y PP.

Del lado de Sumar, y también en declaraciones a los medios en la Cámara alta, se ha pronunciado esta tarde Pablo Bustinduy. El ministro de Derechos Sociales ha recordado “desde el principio” ha calificado este procedimiento de “sorprendente”. Y ha rememorado que la causa contra García Ortiz sale de un caso “que tiene que ver con quién paga los áticos donde vive no sé quién, los entramados societarios, el fraude fiscal, y también tienen derecho a la presunción de inocencia”, ha dicho en alusión a Alberto González Amador, pareja de Ayuso. “El fiscal general del Estado tiene derecho a la presunción de inocencia. Hay un procedimiento en curso. Cuando acabe, se extraerán todas las consecuencias y las conclusiones”, ha dicho Bustinduy.