El costoso derribo del último vestigio franquista en Dueñas

En Dueñas (Palencia, 2.600 habitantes) hay dos grandes monumentos: uno al botijo y otro a los Caídos y a los Mártires del franquismo. Este se encuentra en una zona preferente del pueblo, junto a la gran iglesia, con un cristo sobre una enorme cruz que reza “Dueñas a sus Caídos”, citando al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, las fechas de inicio y final de la Guerra Civil (18 de julio de 1936-1 de abril de 1939), 29 nombres de “caídos” franquistas y el clásico “¡Presentes!”. Por detrás, otros siete “mártires”. El emblema se mantiene en Dueñas pese al empeño memorialista del municipio, con un PSOE que esta vez recela de quitar los nombres de los vecinos franquistas fallecidos, y la irrupción de la plataforma reaccionaria Abogados Cristianos, que ha denunciado la moción municipal que instaba a quitar la cruz.

El símbolo fascista reina en la plaza de la Paz, denominada así en sustitución del Conde de Vallellano, prohombre franquista. El bloque de piedra, cuidado, visible, se acordó en 1942 y recoge el nombre de las 29 víctimas del bando alzado durante la Guerra Civil, uno de ellos de 1943, probablemente de la División Azul. Unos metros más atrás, en la pared de la antigua Casa del Pueblo, una placa recopila desde 2008 a los más de 100 represaliados en Dueñas después del golpe de Estado, con decenas de mujeres, alguna embarazada, y fuente de una ola de huérfanos. Manuel Muñoz, de 63 años y exconcejal de Izquierda Unida (IU), reniega de que hubo muchos que en Dueñas consideraron que ese reconocimiento suponía un “empate” con la cruz y se negaban por ello a apartarla. “Entonces éramos 3,800 habitantes, supuso el 3% de la población, como el porcentaje de asesinados en Gaza”, ilustra el palentino. Tal fue la contundencia contra los republicanos que hasta el gobernador falangista de la zona pidió a los gerifaltes locales que contuvieran la venganza. Muchas de las víctimas se hacinaron en los bajos del hoy ayuntamiento, entonces calabozos cuyas rejillas siguen apreciándose a pie de acera.

Dentro de ese edificio se han acordado los avances memorialistas. El PSOE, al mando todas las legislaturas salvo tres desde 1983, gobierna desde 2007 con el alcalde Miguel Ángel Blanco al frente. Entre él y el apoyo de IU se avanzó en el cumplimiento de la normativa de reequilibrio histórico con la retirada de callejero franquista, supresión de símbolos falangistas en el salón de plenos, cesión de espacio de memoria en el cementerio o exhumaciones, pero las fricciones han surgido respecto a la cruz a los caídos. “Me cabrea que hemos trabajado bien y sin ruido con el PSOE pero con este tema se han puesto al margen”, expone Muñoz, pues solo llegó cierto movimiento cuando el pasado diciembre, tras muchas intentonas, IU llevó a votación municipal una moción para retirar el mamotreto, que no destruir, pues la ley de Memoria Histórica exige conservarlo.

El partido, y los vecinos, pensaron durante décadas que el conjunto se hallaba en suelo eclesiástico y por ello, “para retratar el papel de la Iglesia en la Guerra Civil y que aquí el cura denunció a los rojos que fueron a pedirle ayuda”, no se intentó eliminar. Los estudios históricos y catastrales, parte recogidos en el libro Represión en una villa castellana de la retaguardia franquista, de Pablo García Colmenares, aclararon las dudas: era suelo municipal. La moción prosperó con un simple voto positivo, el del edil impulsor ante la ausencia de su compañero, y las abstenciones de PSOE y PP.

El alcalde achaca ese posicionamiento a que sí aboga por suprimir la cruz y las fechas de la Guerra Civil o de Primo de Rivera pero no tanto “eliminar los nombres de los vecinos del pueblo”. “Si Francisco Franco fuera del pueblo, estaba fuera porque tenía una significación, pero estamos hablando de personas del pueblo a quien llevaron al frente en camioneta. ¿Son víctimas o no son víctimas? Esa es la reflexión que hacíamos, no eran mandos militares o políticos. Habría que ver si eran voluntarios. Fueron carnaza de los militares franquistas”, explica Blanco, ante quien Muñoz responde: “En la Guerra Civil hubo dos calidades de muertos, los que van a la guerra a matar y a quienes fueron a su casa a matarlos; en las guerras hay ejércitos, aquí solo hubo represión”. El regidor reivindica su labor y su colaboración en exhumaciones con pico, cubo y pala, y reclama “marcos de convivencia” y que su compromiso “no puede ponerse en duda, los que se frotan las manos son otros”.

Esos otros, a quienes ni menciona directamente, son el colectivo Abogados Cristianos, que a los pocos días de firmarse la medida, pidió una suspensión cautelar en un juzgado contencioso-administrativo que, raudo, aceptó su petición. Ana María Palenzuela, de 62 años y descendiente de represaliados, musita ante la irrupción reaccionaria: “Son como Dios, están en todas partes”.

El recurso aceptado de Abogados Cristianos se argumenta así: “La colocación de la placa y el acto de homenaje a las víctimas del bando republicano deberían ser suficiente para entender que la cruz objeto de litigio se halla prácticamente resignificada, pues en Dueñas ya existen placas que recuerdan a las víctimas de los dos bandos y no sólo a uno de ellos, careciendo de exaltación de la guerra civil y del franquismo”. Empate. Merino reprocha que la justicia acepte estas protestas: “No son la Conferencia Episcopal ni representan al catolicismo”. La pugna judicial, con testificales este jueves, prosigue mientras la cuestión enciende a los herederos de los represaliados. Lucía Merino, de 33 años e hija del matrimonio anterior, afea que solo sabe de la guerra y su crueldad por lo escuchado en casa: “A mi generación no nos han contado nada académicamente”. La bisnieta de represaliado reclama debates públicos sobre lo sucedido y lamenta la ola neofalangista entre muchos jóvenes: “La ultraderecha se gasta la pasta en contaminar a los chavales y van ganando”.