‘El Patilla’, el cazador extremeño que mató a 32 perros de hambre y sed durante dos meses

En Azuaga, a Antonio Sánchez le conocen como el Patilla y al taller de reparación de coches en el que trabaja como mecánico, el Chupa Aceite. El pueblo está al sur de Badajoz, en el límite con la provincia de Córdoba, y no llega a los 8.000 habitantes. Todo el mundo allí sabe quién es. Todo el mundo tiene miedo de hablar dando pistas que revelen su identidad sobre el cazador que presuntamente dejó morir a 32 perros de hambre en junio en su finca. No serían los primeros que han sufrido consecuencias violentas por hablar más de la cuenta, señalan varios vecinos, sin querer detallar cuáles. Tampoco nadie se siente cómodo contando que desde entonces hasta que el Seprona inspeccionó el lugar la semana pasada, los cadáveres han estado descomponiéndose, algunos atados con cadenas, algunos con signos de haber servido de alimento para aquellos que lograron sobrevivir unos días más.

Antonio Sánchez tiene cerca de cuarenta años, es hijo de un guarda rural y tiene una gran afición por la caza. La propietaria de un negocio en el centro lo define como “un pieza” y “una persona con muchos problemas”. La mujer señala que acababa de divorciarse, que últimamente “está un poco perdido”, y que eso puede haber influido en el presunto delito de abandono animal, por el que le está investigando la Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz y el Juzgado de Instrucción de Llenera, un municipio cercano a Azuaga. Según confirma la Guardia Civil, en este momento está en libertad. EL PAÍS ha tratado de contactar con él para conocer los motivos, pero no ha descolgado el teléfono ni contestado a los mensajes. En su foto de perfil de WhatsApp aparece un pitbull blanco.

Azuaga, 7.927 habitantes, 15 talleres de coches, cuatro mataderos y un campo de fútbol. La caza es el deporte popular por la proximidad a la sierra. Uno de esos episodios que marcó la identidad del pueblo fue la visita inesperada del Rey Emérito hace ya más de 30 años para practicar su puntería con animales en los bosques cercanos. Aquellos vecinos que no encuentran esa anécdota divertida, ni ninguna relacionada con matar animales, creen que los cazadores operan allí con total impunidad, saltándose todos los controles y restricciones que impone la ley.

En el municipio se cuenta la misma historia sobre qué pasó después de que se conociera el suceso de los 32 perros abandonados: El Patilla estaba poniendo a punto un coche para que pasara la ITV cuando le dijeron que su finca estaba saliendo en Canal Extremadura. Según esa historia, lo primero que hizo fue trasladarse a Llenera, un municipio cercano para entrar en un centro de desintoxicación y blindarse así ante posibles consecuencias judiciales. Sin embargo, desde el centro lo niegan.

Los perros muertos eran podencos, una raza que se usa para la caza mayor. La finca donde aparecieron está a diez minutos en coche al sur de Azuaga, en un punto de la carretera que va en dirección a otro pueblo llamado Malcocinado. Es una superficie de 1.490 metros cuadrados con una nave en el centro. Es allí donde se grabaron las imágenes difundidas por la Guardia Civil de los perros muertos.

Antonio Sánchez ha sido denunciado por abandono animal, un delito que normalmente no incluye pena de prisión. Sin embargo, será el Juzgado el que decida que delito se le debe imputar. El Código Penal contempla el delito de maltrato animal de acción por omisión, es decir, por no darle la atención necesaria a cada especie. La pena máxima es de dos años de cárcel, pero en España es necesario acumular al menos dos años y un día para llegar a entrar.

Desde la reforma legal de 2015, la muerte de cada animal se considera un delito independiente, por lo que Antonio Sánchez podría afrontar 32 acusaciones por maltrato animal. Una abogada el equipo legal de Pacma apunta que, aun así, es muy probable que no cumpla condena en un centro penitenciario porque, aunque la suma de todas las penas podría alcanzar el umbral para su ingreso, lo habitual es que los jueces ajusten el castigo al máximo legal para que no llegue a ingresar en prisión. “Yo no conozco ningún caso en el que el maltratador haya entrado en la cárcel”, explica la abogada, que añade que la mayoría de estos casos se saldan con “sanciones irrisorias”.

María Menglano es la vicepresidenta de ADANA, la protectora animal de Badajoz. Se ha personado en múltiples juicios por asuntos similares y se personará también en este. “En mi experiencia, la entrada en prisión por delito de maltrato animal es muy difícil, hayas matado a 32 perros o solo a uno”, añade. Como activista en una zona rural donde casos similares ocurren cada cierto tiempo, explica que no hay más denuncias porque es muy común que los acusados o sus amigos amenacen o agredan a las personas que señalan sus excesos. “La gente que es capaz de pegar a un perro hasta matarlo es capaz también de pegar a un niño, a su mujer y hasta a su madre”, remata.

De vez en cuando, hay sucesos de ese estilo que se dan a conocer. En agosto de 2020, la Guardia Civil abrió diligencias contra otro cazador de Badajoz que había dejado morir abandonados a una veintena de animales en otra finca. La condena llegó en enero de este año: 20 meses de prisión y la prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con animales durante seis años.

La Ley 7/2023 de Bienestar de los Animales excluye expresamente a los “perros de caza, las rehalas y auxiliares cinegéticos” de su ámbito de aplicación. El PSOE se comprometió en febrero de 2023 a redactar posteriormente una normativa específica para este tipo de animales. Sin embargo, dos meses más tarde dijeron que quedaría aparcada hasta la siguiente legislatura ―la actual― porque no había margen de tiempo para aprobarla antes de las elecciones generales de junio de ese año y la disolución de las cortes. Dos años después de aquello, todavía no se sabe nada. Fuentes del Ministerio de Agricultura señalan que se están tramitando “algunos” reales decretos en esa dirección, como por ejemplo, la identificación universal obligatoria. “Los han dejado muy desprotegidos, siendo los perros más maltratados”, señala la vicepresidenta de ADANA. “Que la administración haga controles, porque estos casos son de una frecuencia altísima”.

En Pacma, el partido animalista, están indignados con el suceso y convocaron el domingo una manifestación en Madrid para pedir penas más duras ante este tipo de crímenes. También reclaman que se hagan más inspecciones sobre el sector de la caza para acabar con la “explotación y violencia” que sufren los perros utilizados para esta actividad, especialmente “galgos y podencos”. “Estos animales son tratados como herramientas y cuando dejan de ser útiles son condenados al olvido, al encierro o a una muerte lenta como esta”, denuncia Pacma.