Almaraz, el pueblo que vive de la energía nuclear: “Aquí no vas a encontrar a nadie que quiera el cierre de la planta”

Son poco más de las 11 de la mañana y, en plena ola de calor, el sol empieza a apretar. Varios vecinos de Almaraz (Cáceres) se toman algo dentro del bar Portugal, el principal punto de reunión del pueblo. La pregunta es si hay alguien en contra de que continúe operando la central nuclear de la localidad, la cual cuenta con dos reactores de 1GW cada uno, que producen en torno al 7% de toda la energía eléctrica que consume España.

—Alguien que esté en contra... —piensa Juan Antonio Peloche, un jubilado del pueblo que está sentado dentro del bar, junto a dos amigos, también pensionistas— quizá mi primo.

—No, te equivocas —le corta Cesario Gutiérrez, que está sentado a su lado—, tu primo está a favor, pero se le malinterpretó.

Ambos dedicaron toda su vida profesional a la central. Cesario, incluso, comenzó a trabajar en ella antes de que empezara a funcionar, durante su construcción en la década de 1970. El reactor I inició su actividad en septiembre de 1981 y el II, en octubre de 1984. En el caso de Juan Antonio, él entró un poco más tarde y trabajó en lo que llama “zona controlada”, es decir, áreas en las que hay radiación y a las que se debe acceder con trajes especiales de protección. “Es totalmente seguro, yo estoy perfecto”, dice con una sonrisa en respuesta a las quejas de grupos ecologistas, como Ecologistas en Acción, que piden su cierre porque “está envejecida” y tiene “crecientes fallos técnicos”.

La planta lleva a día de hoy más de cuatro décadas en funcionamiento. Según lo acordado entre el Gobierno, las empresas propietarias (Endesa, Iberdrola y Naturgy) y Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), la Unidad I se clausurará en noviembre de 2027, y la II, en octubre de 2028. “Aquí no vas a encontrar a nadie que quiera el cierre. El 90% está a favor de la central. Si la cierran, la mitad de la plantilla de este bar sobraría”, comenta Alfonso, que trabaja en el Portugal. “Quien no trabaja en la central, tiene un hijo o un primo que sí. El carnicero le vende al que trabaja ahí, el pescadero también”, añade Juan Antonio.

Un informe de la consultora Metyis afirma que la clausura supondrá una pérdida de 3.800 empleos en Extremadura. Otro estudio, en este caso de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMC), revela no solo la importancia en cuanto al empleo que da a la zona —según su informe, genera de forma directa e inducida unos 2.900 puestos de trabajo—, sino también lo que supone la central en términos de ingresos tributarios como el impuesto de actividades económicas, el impuesto de bienes inmuebles de categoría especial o las asignaciones económicas de Enresa en función de las instalaciones y el residuo almacenado. Así, la actividad en torno a la central supuso en 2020 el 60,21% de los ingresos tributarios de Almaraz, según la AMC. Como ejemplo del apoyo a este tipo de energía en la región, una encuesta de Metroscopia reveló recientemente que en torno al 80% de los extremeños está en contra del cierre de la planta.

A siete minutos en coche de Almaraz se encuentra Belvís de Monroy, un pueblo de unos 800 habitantes que también vive de la central. Su alcalde, Fernando Sánchez, es técnico radiológico en la planta y presidente de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro. Él no pertenece ni al PP ni al PSOE, sino al partido regionalista Levanta Extremadura, pero afirma que el apoyo a la nuclear en la zona es “trasversal” a todas las siglas políticas. Un ejemplo de ello es que el alcalde de Almaraz es del PSOE y ha hecho campaña a favor de la continuidad de la central, cuando su partido a nivel nacional es antinuclear. “Si la cierran van a hundir a Extremadura, seremos completamente discriminados de nuevo. Es imposible sustituir el volumen de empleo que da la central”, indica Sánchez en una entrevista con este periódico en su despacho.

“Hay 50 familias en Belvís que viven de ella. Yo mismo, si no encajo en el perfil que se necesita en el desmantelamiento, tendré que irme”, señala. El desmantelamiento al que se refiere es un proceso que durará varios años, en el cual se seguirá demandando mano de obra, pero a un nivel mucho menor que el actual, según diversas fuentes consultadas. En la zona, añade Sánchez, hay esperanza entre los que piden por su continuidad tras conocerse la relación epistolar que mantienen el Ministerio de Transición Ecológica con Endesa e Iberdrola, de la que informó EL PAÍS.

En esas cartas, el Ejecutivo se abre a la continuidad de Almaraz siempre y cuando no se encarezca el recibo de los usuarios, algo a lo que se niega el socio minoritario del Gobierno de coalición, Sumar, que no quiere alargar la vida de este tipo de energía. “Al menos se ha dado un paso. Si se cierra, va a aumentar la factura y perderemos soberanía energética”, insiste el alcalde de esta pequeña localidad, que pide que se copie el ejemplo estadounidense, donde a una central del mismo tipo que la de Almaraz, se le ha ampliado la vida útil hasta los 80 años. “Esta planta es totalmente segura, tenemos tres inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear todos los días aquí”, añade el acalde de Belvís.

No opina lo mismo José María González Mazón, coordinador del grupo de trabajo de energía de la organización ecologista Adenex, que en septiembre presentará un libro llamado Amanecer sin Almaraz, donde se repasarán “los más de mil incidentes ocurridos” en la central desde el comienzo de su actividad. “En 2024, la central de Almaraz fue la que más incidentes tuvo de todas las centrales de España”, asegura González en una conversación telefónica, en la que denuncia que los informes que resaltan la seguridad de la planta están hechos por lobbies interesados en su continuidad. “A esta central se la ha catalogado como WANO I”, argumenta Sánchez como respuesta a las críticas de los ecologistas, en referencia a una denominación que otorga la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, lo que la sitúa como una referencia mundial.

Uno de los numerosos incidentes a los que hace referencia González es el acaecido el 13 de julio de 1988, provocado por la fisura de un tubo en el generador de vapor de la Unidad I, como informó EL PAÍS en una noticia de entonces. La central negó en ese momento que se hubiesen producido emisiones radiactivas al exterior. “La evaluación del impacto ambiental de las emisiones gaseosas ha sido muy inferior al límite del máximo autorizado, por lo que no han supuesto riesgo alguno a la población ni impacto significativo al medioambiente”, afirmó entonces el Consejo de Seguridad Nuclear.

Máximo García, vecino de un pueblo cercano llamado Jaraíz de la Vera y activista por el cierre de la planta, no se cree que ese incidente no fuese relevante y culpa a la central del sarcoma de Ewing —un raro cáncer en los huesos— que, asegura, le diagnosticaron a su hijo Carlos, años después de que este fuese a la planta en una excursión con el colegio. “Las energéticas saben hablar muy bien, convencen a la gente de que esto es bueno y a nosotros nos dejan como los cazurros que pedimos el cierre”, se lamenta. Ante las preguntas de este medio sobre el incidente de 1988, Iberdrola, dueño mayoritario de la planta, se limita a destacar la distinción WANO I de Almaraz.