Por qué el Gobierno y las eléctricas no se ponen de acuerdo aún para acordar una prórroga nuclear

A medida que se acerca el momento de empezar a desmantelar el parque nuclear español, aumenta la tensión entre las partes afectadas por esta clausura pactada entre empresas y Gobierno en 2019. A dos años vista de que se ejecute el primer cierre, uno de los grupos de la planta atómica de Almaraz (Cáceres), las empresas mueven ficha para tratar de replantear el calendario que actualmente está acordado para el periodo entre 2027 y 2035.

El Gobierno se ha mostrado receptivo, al menos, a analizar la propuesta que le llega en lo que entiende que es un ejercicio de responsabilidad. Sin embargo, el Ejecutivo ha marcado una línea roja, y es que esa prolongación no acabe teniendo un coste añadido para los consumidores. Así lo expresó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sede parlamentaria el pasado mes de mayo, y así lo ha trasladado por carta la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen, a las eléctricas por carta en las últimas semanas.

El Gobierno se abre a revisar el calendario nuclear en una carta enviada a Iberdrola y Endesa

Iberdrola y Endesa, que están liderando esta propuesta ante el Ejecutivo, quieren que la prórroga nuclear pase por una rebaja de los impuestos que actualmente paga esta tecnología. Según aseguran, la operativa a futuro es inviable para las compañías si se mantienen gravámenes como el del combustible gastado, las ecotasas autonómicas o la tasa Enresa, una prestación destinada a cubrir los costes de desmantelamiento.

Las compañías quieren un gesto por parte del Ejecutivo central antes de hacer una propuesta más específica de ampliación, que pasa por solicitar en primer lugar la prórroga de vida de Almaraz de 2027 a 2030. Por el contrario, en el Gobierno consideran que deben ser las compañías quienes deben dar el primer paso y hacer una propuesta formal que posteriormente se analice si es de conveniencia para el ciudadano.

Hasta ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica cree que la propuesta hecha por las empresas no cumple con las líneas rojas establecidas. Pero lo cierto es que la ministra ya ha entrado en el marco de debatir detalles y por eso plantea condiciones al sector.

Por el contrario, las eléctricas enviaron una respuesta formal firmada por los primeros ejecutivos de Iberdrola y Endesa, Ignacio Sánchez Galán y José Bogas, asegurando que su propuesta sí cumplía con la condición más conflictiva: que el replanteamiento no tenga un coste para los consumidores.

Tampoco las eléctricas están encontrando una respuesta que les satisfaga por parte de varios líderes autonómicos. Hasta ahora, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (Partido Popular), no se pliega a eliminar la ecotasa. De nuevo, desde el PP también quieren que sea el Gobierno quien dé el primer paso en este sentido. Solo Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, cuya situación política está muy marcada por la gestión de la dana, ha aceptado con Vox acabar con el gravamen regional que afectaba a la central de Cofrentes.

Mientras todos los implicados esperan un gesto de la otra parte para mover ficha, la tensión política, económica y social crece. La cuestión es si cabe más enrevesada porque Naturgy y EDP, que también son parte afectada al ser propietarios minoritarios de varias centrales, están al margen de esta propuesta. Las centrales nucleares son fuente de empleo y riqueza en lugares como Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha. Así lo demuestran las reivindicaciones sociales. Para los gobiernos es siempre una cesión difícil reducir la carga impositiva a las compañías energéticas, por la pérdida de recursos que supone y la impopularidad de la medida para muchos ciudadanos. Pero también deben medir las consecuencias del cierre. Por eso, las compañías presionan con dicha clausura si no hay algún gesto, alegando la inviabilidad de las plantas. La partida negociadora seguirá durante meses.