El Gobierno impugna el veto de PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla

El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo sobre el uso de las instalaciones municipales deportivas, que impide su uso para actos de la comunidad musulmana de la localidad, porque entiende que atenta contra la libertad religiosa, según confirman a EL PAÍS fuentes del Ejecutivo.

El 28 de julio, una semana antes de que comenzara el debate de los presupuestos municipales en Jumilla, el Pleno aprobó una enmienda del PP a una moción de Vox que impide en la práctica la celebración de las dos grandes fiestas musulmanas en este municipio de 27.200 vecinos, de los que se estima que 1.500 profesan esa religión. Una medida inédita, pues el motivo que la justificaba apela a “manifestaciones religiosas tradicionales [en España]” y se enfrenta de manera directa al derecho fundamental de libertad religiosa y de culto, reconocida en la Constitución.

Se trata del rezo colectivo del fin del Ramadán —el Aid el-Fitr— y el que se hace dos meses después, en la Fiesta del Cordero. Los dos se habían llevado a cabo al menos en los últimos cuatro años en el polideportivo municipal y es ahí donde el partido ultra encontró una llave para alentar un debate que poco tenía que ver con las funciones del recinto, sino que buscaba prohibir “actos ajenos a la identidad del pueblo”.

“La normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, de manera que las razones objetivas esgrimidas no se sustentan”, se lee en el texto redactado por el Gobierno central. La medida aprobada en el Ayuntamiento y que se encuentra en tramitación, contempla prohibir cualquier acto no deportivo en las instalaciones municipales deportivas o aquellos que no organice el propio consistorio.

Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la enmienda aprobada en Jumilla esconde una “verdadera intención discriminatoria”, pues según argumentan, “se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas”. Y concluye que “estamos ante una nueva vulneración de derechos y libertades fundamentales por parte de gobiernos locales y autonómicos de la derecha y la ultraderecha donde tiene que intervenir el Gobierno de España en favor de la Constitución”.

El requerimiento lanza una advertencia que va más allá del municipio y apunta directo al partido ultra y sus acuerdos con el PP: “Combatiremos política y jurídicamente cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria, en línea con otros países donde la ultraderecha ha ocupado posiciones de gobierno”.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha insistido en sus cuentas de redes sociales: “Frente a la deriva extremista de PPVox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia”.